Los daños a la naturaleza acaban con 103 detenidos en un año

La conciencia medioambiental va creciendo día a día y con ella la necesidad de poner coto a las prácticas irregulares que algunas personas siguen practicando contra la naturaleza.

A lo largo de un año, el pasado 2006, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) almeriense detuvo a 103 personas que estuvieron implicadas en infracciones penales relacionadas con el medio ambiente en las más de 3.000 actuaciones que se llevaron a cabo en esta materia. Quizás el área que más se ha dado a conocer en los últimos meses de entre las que supervisan estos agentes es la referente al cumplimiento legislativo de ordenación del territorio en un momento en el que las casas 'ilegales' o en situación irregular aparecen por doquier en la provincia.

Pero existen otros campos, menos dados a conocer a la luz pública, en el que las investigaciones de los especialistas de la Guardia Civil han terminado con delincuentes -estos no de guante blanco pero igualmente dañinos- dando explicaciones ante los jueces. En total, 18 personas fueron detenidas acusados por un delito contra medio ambiente dentro de las 206 diligencias por delitos y dos por faltas y, por otro lado, se dictaron 2.920 denuncias por infracciones administrativas.

Las infracciones con mayor número de denuncias, según dieron a conocer ayer desde la Comandancia de Almería, se concentraron en el tema de la costa -507- y en segundo lugar se situaron aquellas relacionadas con la fauna silvestre -481-. Daños a plantas protegidas y especialmente sensibles fueron objeto de especial interés, según se desprende de los últimos datos facilitados, seguido de otro asunto preocupante en muchos entornos como los residuos urbanos, peligrosos, radiactivos y sanitarios con 467 denuncias.

El fuego

Pero bien es cierto que uno de los más destacados temores cuando se habla de daño a la naturaleza se centra en los incendios que asolan los parajes y montes de la provincia cuando se sufren, especialmente beligerantes en los meses de verano. Año tras año, el dispositivo Infoca -coordinado desde la Delegación de Medio Ambiente- intenta prevenir esta clase de incidentes pero no siempre logra su objetivo y detrás de las llamas los intereses presentes son variados. En el esclarecimiento de estos hechos es donde entran en juego los agentes del Seprona que el pasado año lograron aclarar 233 casos y se detuvo a 31 personas relacionadas con los mismos.

No siempre detrás de la devastación forestal o de determinadas áreas se encuentran intereses urbanísticos o especulativos como buena parte de la ciudadanía tiene presente en la mente ya que de los resultados almerienses se desprende que 55 y 52 incendios se produjeron por causas accidentales o naturales, respectivamente. Eso sí, una cifra mayor, la de 98 casos, tuvieron que ver con orígenes intencionados de los que los culpables tuvieron que rendir cuentas ante la justicia.

Un papel importante tiene el Seprona - y puede verse puntualmente en las noticias aparecidas en la prensa- en lo que se refiere a la incautación de pescado inmaduro que, en los últimos meses después de diferentes cambios normativos a nivel europeo, ha estado vigilado de forma persistente y tenaz.

En colaboración con la Junta de Andalucía -en este caso la Delegación de Agricultura y Pesca en Almería- se intervinieron a lo largo del año pasado un total de 170.810 kilogramos de los conocidos como 'pezqueñines'. Las especies más comunes incautadas en la provincia fueron la chirla, el jurel y el pulpo.

Las intervenciones de los agentes se llevan a cabo no sólo en las lonjas sino en los camiones que se encargan de transportar el pescado y en determinados centros de recepción. La Guardia Civil trabaja en esta materia en colaboración con la Secretaría General de Pesca Marítima y algunas comunidades autónomas, entre ellas, la andaluza que es el caso que corresponde a Almería. Lejos de la incautación de pescado inmaduro -que después de una prueba veterinaria se sabe si es apto o no para consumo y decide enviarse a diferentes ONG o albergues- se encuentra otras de las labores de los agentes de la Guardia Civil adscritos al Seprona. Se trata de la recuperación de especies protegidas. Fundamentalmente en esta tierra se hicieron cargo de aves y de reptiles. Entre las últimas actuaciones dentro del área destaca el hallazgo de un cadáver de un búho real en Atochares, en Níjar, después de que un vecino llamara a los agentes para avisar del hallazgo. Pero el más sorprendente de los últimos descubrimientos, en agosto del pasado año, se produjo en la planta de clasificación y compostaje de Almería donde estaba una pitón de grandes dimensiones en una cinta transportadora de residuos. Este reptil, que se encuentra protegido por diversas normativas, tenía una herida abierta de unos cinco centímetros y los agentes, que se hicieron cargo de animal, la identificaron como una pitón albina. Desde el Seprona no se cansan de repetir que especie exóticas, como era este caso, amenaza con destruir la biodiversidad de la Península. De hecho, hay tres especies autóctonas como son el cangrejo de río, la malvasía cabeciblanca y el visón europeo que se encuentran en grave amenaza por la llegada masiva de los animales que se han venido en denominar como 'invasores'. La procedencia de estos animales 'invasores' es variada aunque en la mayoría de los casos está provocada por la suelta voluntaria de particulares que los compran y se cansan de ellos.

Los animales que se abandonan más frecuentemente son aves como la cotorra Kramer y los periquitos; las más que conocidas tortugas de Florida y ciertos tipos de serpiente como la pitón y la boa. Los dueños de estos animales pueden ser sancionados por su abandono y si se fugan deben de dar aviso a la Consejería de Medio Ambiente en 48 horas. Si los agentes descubren a propietarios de animales exóticos que lo abandonan les pueden acusar de cometer infracciones en el ámbito penal y administrativo. En la primera vía se incurre en un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos si la introducción o liberación de la especie perjudica el equilibrio biológico de la zona.

A nivel estatal se detuvo a 13 personas por tráfico de especies protegidas mientras que los arrestos por incendios forestales ascendieron a 258 y los delitos relacionados con la ordenación del territorio hubo 359 detenidos. Se da la circunstancia de que durante el pasado año se llevaron a cabo más de 153.000 intervenciones y se impusieron cerca de 150.000 denuncias en el territorio nacional por infracciones administrativas.