La UDEF ve «acreditado» que Cara tenía intereses en la permuta de terrenos públicos de La Mojonera

En un extenso informe remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, que indaga entre otros hechos la relación del conocido como grupo empresarial Hispano Almería -del que forma parte Gesponiente- con el entonces máximo responsable del Consistorio mojonero, la Udyco de la Policía Nacional ha solicitado al magistrado encargado de la investigación nuevas diligencias que amplíen los 27 tomos ya instruidos hasta el momento en dicha causa.

El informe, de 33 folios, pone de relieve cómo las fincas que Gesponiente adquiere por valor de poco más de 300.000 euros en junio de 2004, cuando aún estaban calificadas como suelo no urbanizable en las normas subsidiarias, pasaron a ser permutadas por otros terrenos municipales tasados en algo más de 840.000 euros en mayo de 2005. Esto situaría la plusvalía de los terrenos en cerca de 540.000 euros.

Ahora bien, el informe de los agentes advierte de dos condicionantes determinantes. El primero de todos es que Cara, alcalde de la localidad, adquiere parte de Gesponiente, la titular de los suelos a permutar, en septiembre de 2004, meses antes de la operación con el Consistorio que él mismo presidía. Y por otro lado, que apenas dos meses después de adquirir las acciones, en noviembre de 2004, el Consistorio del que era alcalde cambia de forma provisional el planeamiento de la localidad y la finca pasa de no urbanizable a urbanizable sectorizado de uso residencial.

En todo esto la Policía insiste en que José Cara, «como accionista de la mercantil, es partícipe en el reparto de las ganancias y patrimonio de la sociedad». No hay constancia de que Cara haya registrado la venta de participaciones, cuanto menos en documento público, de la sociedad Gesponiente. Pero tampoco había constancia, según dicho informe, durante todo su mandato -dejó la Alcaldía en 2015 tras perder la mayoría absoluta el PP- de la posesión de las acciones de la empresa Gesponiente en sus declaraciones de bienes patrimoniales, tal y como obliga la Ley de Bases del Régimen Local.

El equipo de gobierno basó el interés municipal en la permuta en la futura construcción de la Ciudad del Deporte y con el objetivo de la construcción de un parque público y recinto ferial. Estos proyectos no se llegaron a materializar, punto en el que los investigadores creen que «pudiera haber ido en detrimento de los intereses económicos del Ayuntamiento y del interés social de los habitantes de La Mojonera» pese a que «ha resultado muy rentable para la mercantil Gesponiente», en la que el alcalde tenía intereses económicos. Las fincas fueron de nuevo permutadas más tarde por el Ayuntamiento a unos privados. Ese expediente, aún con Cara en la Alcaldía, las valoró en 425.090,78 euros, casi la mitad de lo que se consideró en la operación con Gesponiente.

Las conclusiones de los expertos investigadores de la Policía Nacional pasan por que «con anterioridad a la solicitud formal de la permuta debieron existir negociaciones previas para su materialización». Y se basan en la cronología de los hechos. Concretamente en que el Consistorio consulta el registro de la propiedad sobre la parcela municipal antes incluso de tener conocimiento oficial de la operación de permuta; que se incoa el expediente con «celeridad» ya que «el mismo día» de la solicitud de Gesponiente se realiza la propuesta de Alcaldía e incluso el secretario emite su informe, o que se inician «de forma aparente» todos los trámites y estudios necesarios por el Consistorio dos meses antes de la entrada en registro de la solicitud de la permuta. «Cabe pensar que ya existían negociaciones, incluso antes de presentar formalmente la solicitud de permuta», insisten los investigadores.

Otro de los propietarios de acciones de Gesponiente, señala el informe, fue Nicolás Manzano, entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Manzano reconoció en una comparecencia pública en 2014 haber comprado participaciones y que no las incluyó en la declaración de bienes porque la hizo antes de la compra y consideró erróneamente que no era necesario al venderlas pocos meses después. Por su parte, Cara aseguró en abril de 2015, cuando esta investigación daba sus primeros pasos, que esperaba que sirviera «para despejar cualquier sombra de duda sobre la gestión realizada en actuaciones que han servido para la creación de importantes espacios públicos».

El informe hace sólo referencia a uno de los expedientes investigados al Ayuntamiento de La Mojonera en una causa mucho más amplia. Cabe recordar que en 2016 se remitió la investigación de los juzgados de El Ejido a los de Almería para su unificación con el caso Hispano Almería, que persigue determinar si el mismo grupo de empresas mantuvo entregas de sumas de dinero a responsables políticos y técnicos de la administración pública a cambio de la concesión de obras.

La investigación a Cara nace de una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (entonces el exregidor era aforado por su condición de parlamentario autonómico) presentada en 2014 por los cuatro concejales con los que contaba en el momento el Grupo Socialista en el Consistorio mojonero. En la querella los socialistas estimaban que los hechos denunciados podían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, malversación y falsedad en documento público.

Uno de los denunciantes, Francisco Navarro, fue expulsado del PSOE tras pactar con Cara una moción de censura al actual regidor, José Miguel Hernández (de la agrupación de electores Tod@s La Mojonera), que pudo mantener la vara de mando gracias a la normativa antitrasfuguismo. José Cara continúa siendo concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Mojonera.