Piden 7 años de inhabilitación y prisión al alcalde de Zurgena

El alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA) y el ex edil de Urbanismo, Manuel Tijeras, ambos detenidos por la Guardia Civil en abril de 2007 en el marco de la operación 'Costurero', se enfrentan a una petición fiscal de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación como autores de un presunto delito de prevaricación por autorizar una promoción de viviendas en suelo no urbanizable en el paraje de 'El Cucador'.

El escrito de calificación del Ministerio Público en el procedimiento para el que el juzgado instructor ordenó el día 22 apertura de juicio oral acusa a parte de los miembros de la anterior corporación local zurgenera -dos del PSOE, uno del PP y tres del PA-, para quienes solicita la misma pena que Trabalón y Tijeras ya que votaron favorablemente a la concesión de la licencia en una sesión plenaria celebrada el 18 de febrero de 2006.

Para el promotor de la obra, José Torrecillas Cortés y el director técnico, José María Urrea Mira, el fiscal pide dos años de prisión e inhabilitación por un presunto delito contra la ordenación del territorio e interesa la demolición, con costes a cargo del primero, de las cinco viviendas unifamiliares en situación irregular, así como que indemnice a las terceras personas que suscribieron un contrato de compra para los inmuebles «aun sin terminar». También se sentará en el banquillo acusado de prevaricación, el técnico municipal Francisco Salvador Granados, uno de los detenidos en la operación 'Costurero' y quien, según señala el fiscal, emitió el informe favorable «a sabiendas de su injusticia».

El Ministerio Público sostiene que el empresario José Torrecillas, en calidad de administrador de 'Construcciones Torres y Gil CB', promovió la obra de cinco viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'El Cucador' bajo la dirección técnica de José María Urrea, quien realizó la totalidad de los proyectos pese a «tener conocimiento de que el suelo era no urbanizable» y de que, por tanto, «no eran autorizables».

Apunta que la actuación urbanística se hizo con licencia concedida en sesión plenaria tanto por el alcalde y el concejal de Urbanismo, como por otros tres ediles del PA, Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos -quien en 2007 concurrió a los comicios en la lista del PP- y por los entonces concejales del PSOE, Juan Morales y José Antonio Ramos, y del PP, José Juan Sánchez.

Votos a favor

Los miembros de la corporación local entre 2003 y 2007 que el 18 de febrero de 2006 constituyeron el citado pleno «votaron favorablemente» a las licencias previo informe técnico de Francisco Salvador. Según subraya el fiscal, la autorización y el informe se emitieron «a sabiendas de su injusticia, pues todos ellos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectada estaban situadas en suelo no urbanizable». Recoge el escrito, asimismo, el promotor, a quien acusa junto a Urrea de un delito continuado celebró un contrato privado de permuta con el anterior propietario del terreno respecto de uno de los inmuebles sin que conste, señala, que haya transmitido la propiedad de la misma no de otros contratos de compraventa con el fin de enajenar a terceras personas lo edificado.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el abogado de los ediles del PSOE y del PP acusados, Juan Manuel Llerena Hualde, subrayó que sus patrocinados se encontraban en la oposición y trasladó estar «absolutamente convenido de su inocencia» ya que votaron a favor de la concesión de las licencias de obras «de acuerdo con los informes favorables del técnico municipal y de la secretaria del Ayuntamiento, licenciada en Derecho y funcionaria de habilitación nacional».