Trampas de la inmigración

Muchos viven entre miserias que nos imaginamos a miles de kilómetros de nuestras casas, pero están ahí, muy cerca. Piden una oportunidad con manos callosas y un español aprendido a fuerza de necesidad. Vagan como sombras mendigando un trabajo que les prometieron en sus países, donde están los hogares que ahora se les antojan a años luz de distancia. Cuando decidieron emprender el camino de la emigración, nadie les advirtió de las trampas que encontrarían por el camino.

Este reportaje nace de una conversación con una decena de hombres llegados de Guinea Bissau, de Senegal, Marruecos o Ghana. No dan sus nombres porque la mayoría, pese a llevar varios años en tierras españolas, aún no han conseguido un papel que les permita caminar por la calle sin miedo a que les pidan la documentación. Lo que sí cuentan son los muchos problemas e injusticias a las que se enfrentan en cada ámbito de su vida. Ellos viven en El Ejido pero sus planteamientos son muy similares a los de cualquier otro inmigrante del Poniente almeriense.

Tener la documentación que legalice su situación aquí es la principal necesidad que expresan pero señalan que el proceso es tediosamente largo. Una vez que llevan tres años en España tienen que presentar una documentación en el área de Servicios Sociales de su ayuntamiento. Sin embargo, desde que solicitan esta cita hasta que les reciben pasan entre nueve y once meses hasta obtener el informe correspondiente. Posteriormente deben acudir a Extranjería donde, según indican, de atenderles en un par de meses han pasado a hacerlo en más de medio año. Así, pueden pasar un lustro en tierras españolas sin poder hacerlo de forma legal. Entre las contrariedades que produce este largo proceso es que deben solicitar a sus países certificados de penales que caducan a los tres meses y que, por tanto, cuando tienen que hacer uso de él deben volver a solicitarlo, lo que indica un doble desembolso (por la solicitud y la traducción) que además se hace sin haber salido de España. También hay quien hace caja de esto y se encarga de pedir cita para las traducciones que se realizan en Madrid y que, por tanto, luego cobra al resto de inmigrantes por hacerles el trámite.

En este proceso de legalización se encuentran trabas como que no pueden recibir la documentación porque la empresa para la que trabajan debe dinero a la Seguridad Social; una cuestión al margen del trabajador.

Vivienda

En cuanto al empadronamiento, indican que van a bajar el número de personas de veinte a quince personas por casa, lo cual les dificulta más aún el acceso a la vivienda. Además, algunos dicen que también se hace negocio con esto y los dueños, en ocasiones, no dan el empadronamiento hasta que no se les paga una cantidad de alrededor de 200 euros. Alguno de los entrevistados reconoció vivir en una casa con otras 45 personas. Cada uno paga 40 euros al mes y, sin embargo, criticó que el dueño del cortijo ni siquiera les facilite agua corriente porque sólo hay un grifo en el exterior.

En el acceso al mundo laboral las trampas abundan más que en ningún sitio y aunque los inmigrantes son conocedores de muchas de estas ilegalidades, afirman que cuando están tan lejos de sus familias y en busca de una oportunidad, tienen que aceptar condiciones que no les parecen justas. Como ocurre con el resto de la población, son víctimas de impagos por parte de sus empresas pero más irritante les parece el hecho de que en ocasiones se les de alta sólo cuatro o cinco días al mes cuando han trabajado más de veinte. Dicen que con este timo luego es muy difícil acceder a una prestación por desempleo porque casi no tienen días cotizados.

Ellos recalcan que «hay gente muy buena ofreciendo trabajo, pero hay otros que no lo son tanto» y que buscan todas las triquiñuelas posibles para sacar rédito del trabajo que ellos realizan. Otra cuestión es que en nómina suelen aparecer pagos superiores a los que realmente reciben y que, pese a que saben que es ilegal, dicen que no pueden quejarse «porque mejor es eso que nada» y «si nos quejamos hay otros muchos detrás que toman el trabajo». La mayoría trabaja en invernaderos pero, para las mujeres, la situación en las cooperativas agrícolas tampoco es mejor, aseguran.

Además, en esta línea señalan que tener papeles tampoco supone más oportunidades de trabajo ya que «hay algunos que prefieren a personas sin papeles porque no tiene que pagar a la Seguridad Social». Para los que han conseguido un contrato, en ocasiones, ha sido necesario pagar hasta 400 euros pese a estar realmente empleados. En definitiva, se trata de una larga lista de ilegalidades que no se atreven a denunciar para no perder la única tabla de salvación que tienen en España, país en el que afirman estar de paso y donde sueñan con volver a sus pueblos o ciudades de origen.

La gestión de su dinero en las entidades bancarias tampoco es una cuestión sencilla ya que en la gran mayoría les niegan la apertura de una cuenta si no disponen de papeles.

Integración

Otro de los obstáculos más difíciles de salvar es sentirse ciudadano. Dicen que «entre los morenos y los marroquíes no han problemas de racismo ni de religión». Les unen los lazos de hermanos emigrantes pero con la población autóctona creen que es más difícil. No culpan a los almerienses y dicen que «es complicado» porque «las culturas son muy diferentes».

La situación económica de precariedad por la que pasan tampoco ayuda y eso, ya de por sí y sin mirar el color de la piel, les abre un abismo con los autóctonos. En cualquier caso, piden que no «se les mire extraño» porque les hace sentir inferiores y recalcan que «aunque la piel sea diferente, por dentro somos exactamente iguales».

Para este 2011 ellos piden dejar de ser unas manos trabajadoras para ser también un rostro con nombre y apellido. Quieren que no se les trate como distintos y buscan, sobre todo, una oportunidad que en tiempos de crisis parece cada vez más difusa.