Vecinos británicos de Almanzora (Almería) ponen una demanda a Cruz por «injurias»

Una decena de ciudadanos británicos afectados por las viviendas irregulares de la comarca almeriense del Almanzora presentaron ayer una querella contra la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, por injurias discriminatorias. Asimismo, la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN), a través de un comunicado mostró su apoyo a los vecinos y miembros del colectivo, y además definieron de «inaceptables en un estado democrático y moderno», las alusiones que al colectivo de residentes británicos realizó la consejera andaluza de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, durante su intervención parlamentaria de 9 de marzo.

En el comunicado, la presidenta de la AUAN, Maura Hillen, se ha referido al discurso de Cruz como «gravemente hiriente para mucha gente de otro país, según sus propias palabras» ya que, según subraya, los propietarios de viviendas ilegales en el Almanzora «invirtieron todos sus ahorros al asegurarles que las edificaciones contaban con todos los permisos y ahora se ven amenazados con ser desposeídos de su hogar».

Asimismo, Hillen criticó que Cruz se ratificase en su intervención en citas posteriores con los medios de comunicación al tiempo que ha advertido, como «víctimas», que el «caótico sistema urbanístico e inmobiliario de Andalucía ha fallado y evidentemente sigue fallando». «Los afectados no pueden dejar pasar de largo unos comentarios totalmente desacertados, que dan al resto de los ciudadanos una impresión totalmente errónea de la realidad».

«Yo dimitiría»

Además, la presidenta del colectivo, señaló el escenario en que se vertieron las citadas expresiones. «No fueron emitidos por cualquiera en la plaza de un pueblo, sino por un miembro del consejo de gobierno y, precisamente, la persona encargada de resolver el desaguisado urbanística de esta comunidad autónoma». «Se está jugado con la vida de mucha gente y, tarde o temprano, hay que marcar una línea. Yo si fuese consejera dimitiría». Del mismo modo, Hillen hizo alusión a que, en los procedimientos penales incoados por delitos contra la ordenación del territorio, la Junta impugna la licencia municipal, se investiga la actuación del ayuntamiento, en otros la del promotor pero «en ninguno se culpa al comprador».