El Parlamento tumba el decreto del Gobierno andaluz que reconoce la antigüedad de los funcionarios interinos

La tensión en el Parlamento andaluz sigue dando titulares. Esta tarde el Parlamento ha tumbado el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 26 de agosto que reconoce la antigüedad de los funcionarios contabilizando sus años de interinos, con la pretensión de desbloquear los concursos de méritos. Es la primera vez esta legislatura que la oposición, que suma mayoría absoluta en la Cámara, voltea una iniciativa gubernamental de carácter legislativo. El PSOE se quedó solo y además uno de sus 47 diputados se equivocó en la segunda votación. Ha habido dos votaciones. Una primera con empate: 47 votos socialistas y 47 del PP y Podemos, mientras que Ciudadanos e Izquierda Unida sumaron 12 abstenciones. El presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, ha ordenado una segunda votación que también se preveía en empate, pero un diputado socialista ha errado en la votación y el resultado ha sido 48 votos en contra y 46 a favor, además de las 12 abstenciones. Durán ha dado por rechazado el decreto, por lo que este decae. De haberse producido una tercera votación y esta haber resultado otro empate, el decreto también hubiera sido devuelto al Gobierno de la Junta, según establece el artículo 91 del Reglamento de la Cámara. La oposición pide que la Junta lo apruebe como proyecto de ley y así poder introducir enmiendas al texto gubernamental.

El decreto ley del Gobierno negociado con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF venía a equiparar la antigüedad del empleado público como funcionario y como interino. Reconocía al funcionario de carrera su tiempo en puestos en los que no lo era pero desempeñaba labores en la Administración central de la Junta de Andalucía. Es decir, en el mérito del trabajo se otorgaría la misma puntuación a la experiencia desempeñada en puestos provisionales que a la adquirida en los definitivos. La norma, que modifica artículos de la de 1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta, iba a permitir convocar las pruebas bloqueadas desde hace cuatro años para promoción interna y traslados

La medida beneficia a aquellos funcionarios que por esta situación no han podido solicitar un destino cercano a su ciudad o a mayores responsabilidades. Afecta a al menos 23.000 funcionarios de los 260.000 empleados de la Junta. Quedan fuera los de la enseñanza, salud y de las empresas públicas.Según dijo en su día el Gobierno de la Junta, el decreto sigue la recomendación del Consejo Consultivo de Andalucía para tratar de zanjar la controversia entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Junta ha optado por la recomendación de este último, que advierte de sanciones para que los procesos de selección en el sector público garanticen la igualdad de trato y la no discriminación.

Los cambios permitiría la resolución de concursos de méritos que deben convocarse cada seis meses, pero que por los conflictos judiciales llevan bloqueados cuatro años. En los últimos concursos de méritos convocados en 2011 se ofrecieron 8.312 vacantes y se adjudicaron 6.250 plazas, de las que 3.450 fueron ocupadas por funcionarios en puestos base.