Embargan los bienes de la Fundación Lorca por deudas con extrabajadoras

Este proceso judicial arranca en junio de 2016 tras la demanda de las extrabajadoras Rosa María Illán de Haro, Margarita Rodera Santillana y Sonia González García para reclamar el pago de diez nóminas atrasadas por importes que suman los 240.000 euros. En noviembre de ese año el juzgado requirió a la Fundación para que designara bienes suficientes para cubrir la deuda con las trabajadoras. La Fundación ignoró el requerimiento judicial, y aclaró que los bienes del legado se encontraban afectados «por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural» promovido por la Comunidad de Madrid, al estar ubicados en la actualidad en la Residencia de Estudiantes de la capital española.

El siguiente paso judicial fue pedir un informe a la Comunidad de Madrid para que confirmase que el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural se ha había formalizado, y se acordó no seguir con el procedimiento porque los bienes sujetos a declaración de interés cultural tendrían la consideración de «innembargables». Esto ocurría un 8 de junio y días después las demandantes recurrieron la decisión con un diligencia amparada en varios fundamentos de derecho que permitieron aclarar que, aunque sí se había producido la incoación del expediente para la declaraciones de los bienes del legado como de interés cultural, el mismo había caducado porque el plazo legal para su declaración había pasado sin que la Comunidad de Madrid llegase a aprobarlo.

A partir de ahí el Juzgado de lo Social estimó el recurso de las trabajadoras, y acordó el embargo de los bienes propiedad de la Fundación García Lorca en «cuantía suficiente» hasta cubrir el importe total por el que se formuló la demanda, y ordena además a los responsables de la Fundación a que aclaren qué bienes pueden cubrir los derechos de estas trabajadoras. En la disposición se amenaza a los responsables de la Fundación García Lorca con incurrir en un caso grave de desobediencia si no informan de estos bienes en un plazo máximo de diez días, no presentan la relación de los mismos, se incluya o excluya en la lista algunos que no sean suyos susceptibles de embargo o no se desvele las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos.

Contra este decreto judicial cabe recurso directo de revisión.

Las tres trabajadoras, que prestaron servicio a la Fundación durante más de veinte años, a las que se les adeudan las diez últimas nóminas de trabajo, aseguran que los responsables de la Fundación «han negociado a sus espaldas» a pesar de conocer la existencia del embargo de bienes, según adelantó El Mundo. Y añaden que resulta «desolador» que después de tantos años de trabajo y dos de espera para percibir sus salarios atrasados, los herederos del poeta y las instituciones hayan resuelto todas las deudas que había salvo «las de su trabajo», y eso después que el abril de 2016 la presidenta de la Fundación, Laura García Lorca, se hubiese comprometido a abonar sus salarios en el plazo de un mes. «La presidenta de la Fundación no ha demostrado tener buena fe», agregaban las trabajadoras en la información que recogió el diario nacional.

Por ahora ni las instituciones ni la Fundación se han pronunciado sobre esta decisión judicial ni han aclarado si el embargo afectará o no al traslado del legado desde Madrid a Granada, que debe producirse antes del 30 de junio de este año.

El pasado lunes el alcalde de Granada, Francisco Cuenca respaldó los acuerdos que permitirán, tras años de negociación, el traslado del legado. Cuenca fue preguntado por las críticas de los cuatro partidos que conforman la oposición municipal y que la semana pasada le exigieron que trate la gestión del Centro Lorca y el traslado del legado con transparencia y que una cláusula «confidencial» no sirva para pagar deudas privadas de la Fundación.

Según el regidor, existen una serie de acuerdos entre las fundaciones García Lorca y CaixaBank que han sido incorporadas a otro acuerdo mayor, que permitirá la llegada del legado y que dará además «estabilidad» al funcionamiento del centro construido en la plaza de La Romanilla para albergarlo. Además, aseguró que se mantiene por tanto el compromiso para la llegada del legado y que las instituciones siguen su trabajo «de forma seria y rigurosa».