Las pensiones bajarán 75 euros al año a partir de 2019

El 1 de enero de 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que es otro mecanismo de ajuste –al igual que el nuevo índice de revalorización– que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en la reforma de 2013. Con él la cuantía de las nuevas pensiones se vincula automáticamente a la esperanza de vida en ese momento, según unas estimaciones que se harán considerando el periodo de los cinco años precedentes, y dejando un margen de otro para contar con datos cerrados.

Como todo hace prever que la esperanza de vida –que se sitúa en 83 años, una edad que solo supera Japón– siga creciendo, las prestaciones de las próximas generaciones disminuirán. Los futuros jubilados vivirán más años y, por tanto, también tendrán que repartir los derechos cotizados durante su etapa laboral durante un mayor número de años. En consecuencia, y aunque de manera global recibirán el equivalente a los jubilados actuales, la cuantía mensual será más reducida.

No hay de momento datos oficiales de cuánto supondrá este recorte en su primer año de vigencia (tendrá en cuenta la esperanza de vida del periodo 2013-2017 y se actualizará cada cinco años), pero sí hay estimaciones. Así, el Instituto BBVA de Pensiones considera que se trataría de una reducción del 0,47%, mientras que CC OO lo sitúa en una horquilla entre el 0,5% y el 0,7%, más cercano al primero. Eso sí, este recorte será acumulativo, por lo que los que se retiren en 2020 tendrán un recorte ya del 1%. Esto significa que, cuando hayan pasado diez años, la disminución de las nuevas pensiones será de un 7%, e incluso más del 15% para los que se jubilen dentro de 20 años, según estima el sindicato. «Si a esto le sumas el escaso 0,25% de subida la combinación es letal y puede suponer una pérdida del 25% en diez años», advierte su secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo.

Pero ¿cuánto dinero supondrá entonces este nuevo recorte? Para una pensión media de jubilación, que en febrero se situó en 1.077 euros mensuales, supondrá 5,3 euros menos al mes, lo que significa 75,3 euros al año. Este recorte asciende a 180 euros al año para aquellos jubilados que ingresan la pensión máxima (2.580 euros al mes). Los autónomos, con unas prestaciones bastante inferiores (una media de 718 euros al mes), verán reducida su prestación en 50 euros al año.

«En los próximos años va a haber un recorte de la pensión para los que entran, eso seguro, pero en el camino se pueden hacer algunos cambios que favorezcan mejores prestaciones en el futuro», sostiene Sergi Jiménez-Martín, investigador de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea). Eso sí, defiende que resulta «incuestionable» que las pensiones se tengan que ajustar a lo que uno ha cotizado.

Por eso hay expertos que auguran que durante 2018 puede darse una avalancha de jubilaciones anticipadas ante la amenaza de ver cómo su pensión futura puede reducirse por la entrada en vigor de este nuevo mecanismo, lo que viene a llamarse ‘efecto pánico’. Y en este inicio de año así ha sido: de las más de 28.000 personas que se acogieron al retiro laboral en el régimen general en enero más de la mitad lo hicieron de forma anticipada (un 51,4%), por lo que la edad media real descendió hasta los 63,9 años, casi dos años antes de la edad legal. Y es que la reforma de 2013 –al igual que sucede en otros países del entorno– va encaminada a posponer la edad de jubilación, de forma que pasará a estar en 67 años a partir de 2027 salvo para los que tengan carreras largas de cotización (superiores a 38 años y seis meses).

Pese a esto, cada vez son más los que se retiran del mercado laboral antes de llegar a la edad legal, fijada en 2018 en 65 años y 6 meses. El año pasado se jubilaron anticipadamente más de 133.000 personas, un 43% del total. Y eso que en 2017 se registró un pequeño descenso respecto al máximo alcanzado en 2016 (136.400), pero aun así desde 2007 se han incrementado un 37,7%.

Sin embargo, este fuerte incremento tiene mucho más que ver con la crisis –que expulsó del mercado laboral a personas en edad avanzada que luego no pudieron encontrar otro empleo y o bien optaron por la jubilación anticipada, o se vieron obligados al quedarse en el paro– que con el ‘efecto llamada’, por ese miedo a tener una pensión menor si se retiran más tarde, tal y como explica Carlos Bravo. Y es que jubilarse antes de la edad legal tiene a su vez recortes, que son mayores incluso que lo que podría suponer el factor de sostenibilidad.

Eso opera para todos los casos salvo en la jubilación parcial (el 20% del total) o profesiones como bomberos, mineros, ertzainas... que pueden dejar de trabajar como pronto a los 59 años, pues cotizan más para ello (aunque apenas suman un 5,6% del total). Así, aquellos que se retiren antes de 65,6 años (o 65 si han cotizado al menos 36 años y seis meses), se les aplica un coeficiente reductor (penalización) de entre el 1,5% y el 2% por cada trimestre que adelanten su retiro. Así fue para siete de cada diez jubilaciones anticipadas en 2016. Por eso, para quien se jubile a los 63 años (serían ocho trimestres), su base reguladora (la cuantía que se usa para determinar las prestaciones contributivas) se verá reducida entre un mínimo de un 12% y un máximo del 16%. En realidad, la jubilación anticipada no supone más gasto para el sistema de pensiones, más bien al contrario, pues con el coeficiente reductor su pensión será menor. Pero sí comienzan a cobrarla antes, lo cual sí mete presión a una caja de la Seguridad Social que el año pasado tuvo un agujero superior a 18.000 millones, similar al de 2016.

Para favorecer la continuidad de la vida laboral de los mayores, el Gobierno permitió con la reforma de 2013 combinar trabajo y pensión, pero cobrando el 50% de la prestación. Además, desde el pasado 1 de enero los autónomos que se jubilen ya cobran el 100% de la prestación, una medida que el Ejecutivo quiere ampliar a todos los trabajadores. Y es que en la actualidad apenas 40.000 personas practican la denominada ‘jubilación activa’, la inmensa mayoría trabajadores por cuenta propia, una figura que la OCDE también insta a promover.