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TRIBUNA

¿Está obsoleto nuestro sistema democrático?

AFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ Y JOSÉ EDUARDO MUÑOZ NEGRO

Domingo, 6 de abril 2008, 04:34

EN economía cuando se comprueba que un proceso productivo es superado por las condiciones de la tecnología o la demanda se dice que está 'obsoleto'. En ese sentido, cabe preguntarse si no le ocurre lo mismo a nuestra joven democracia. Tras la explosión democrática de la transición, el activismo y compromiso político de esos primeros años, ha sido sustituido por una cierta inercia burocrática y 'demoscópica'. Las fronteras ideológicas se han difuminado porque en una democracia lo que une a los demócratas es más que lo que les separa, o al menos así debiera ser. La caída de 'los grandes relatos' y la inercia que supone la acomodación a la cultura de la satisfacción, han sido letales para los dogmas políticos, en especial para los de la izquierda. La gente no cree ni en la política ni en los políticos; ya no hay explicaciones fáciles con las que se pueda echar la culpa a algo o alguien, que funcionen como chivo expiatorio. La sociedad y el mundo se han hecho más complejos. Ante este escenario, muchos se refugian en lo emocional renunciando a integrar lo sencillo y lo complejo. Es el momento del pensamiento light y del chauvinismo religioso y cultural. El esfuerzo de compromiso social, político e intelectual del militante está desvalorizado. Pero ante un mercado que invade los mundos de la vida, colonizando los deseos personales y comunitarios, la razón política se hace más necesaria que nunca. Sin embargo, esta razón política con frecuencia se distancia de una mínima estructura ideológica y se convierte en mercadotecnia electoral al servicio de los intereses de partido. Resulta difícil sustraerse a la mercantilización de la política, en la cual las encuestas son los nuevos oráculos, y el pensamiento político es con frecuencia sustituido por consignas adaptables a los medios de comunicación, o por estadísticas manipuladas y puestas al servicio de la propaganda.

Por tanto, necesitamos cambios institucionales, culturales, económicos y educativos que permitan acercar el sistema político a las necesidades de los ciudadanos. Al abordar los cambios institucionales, dos son los principales aspectos sobre los que reflexionar; la reforma de la ley electoral y del Senado, y la introducción de cambios en los reglamentos internos de los partidos políticos para que sean permeables y accesibles a la ciudadanía, limitando su 'captura' por sectores profesionales.

1. Una democracia de calidad necesita pluralismo político, la ley electoral, diseñada para estabilizar el sistema e integrar a los nacionalistas en el Parlamento se ha convertido en un instrumento que favorece a los partidos más votados o que concentran su electorado en un territorio concreto. Realmente no es un sistema proporcional, sino mayoritario atenuado, los grandes perdedores son los partidos minoritarios que no son nacionalistas, sino que tienen su electorado repartido por todo el Estado. Es el caso del PNV, con 303.000 votos tiene 6 diputados, IU con casi un millón, tiene 2 escaños, UPYD con los mismos votos que el PNV, tiene un diputado. Si la circunscripción fuera estatal, aplicando la ley D'Hont, los dos grandes partidos, perderían algunos diputados, los partidos nacionalistas quedarían en conjunto con casi los mismos diputados -excepción del PNV y Na-Bai-, y las opciones minoritarias implantadas en todo el Estado podrían adquirir una mínima capacidad de influencia. El sistema electoral español beneficia tanto más a los partidos conforme se les vota más en cada circunscripción provincial. Esto supone que en provincias donde hay 2 ó 3 diputados, el voto que no apoye una opción mayoritaria es testimonial. Solamente los ciudadanos que vivan en Madrid o Barcelona, tienen la opción de que su voto a un partido no mayoritario (nacionalista o no) tenga algunas posibilidades de convertirse en un escaño en el parlamento. Cuando protegemos todo tipo de diversidad (biológica, lingüística ) resulta que la diversidad política está en peligro. En un parlamento donde reina la disciplina de partido, la circunscripción provincial es puro romanticismo. Con excepciones, los diputados no defienden a sus respectivas provincias, sino la estrategia global del partido. En un marco de ciudadanía estatal y europea, el voto de una persona no puede tener distinto valor en función de la provincia en la que vote, o del partido al que vote. No es admisible que partidos con 300.000 votantes consigan un número de diputados 3 veces mayor que otros que triplicaron el número de votos de los primeros. Es un sistema injusto e inestable pues el partido bisagra afincado en un territorio acaba actuando como una entidad con vocación centrípeta, creándose a veces la paradoja de que partidos, que creen poco o nada en el Estado español, sean claves en su gobernabilidad. Esta situación no ocurre en ningún gran país de la UE. Siendo Italia el extremo contrario al modelo español, con una diversidad política prácticamente ingobernable. El actual gobierno promovió la despolitización de la TV estatal pública, haciéndole un favor a la democracia española. Le haría otro favor a la democracia si apostara por una ley electoral más incluyente que reconozca y permita más la diversidad política, reconociendo el principio proporcional de igualdad de voto de los ciudadanos. Al final, lo que se recuerda de un partido político no son sus servidumbres, sino lo que hizo por profundizar y ensanchar la democracia, por incluir y universalizar la dignidad y la diversidad de todos, ampliando derechos reales para toda la ciudadanía. Esta reforma de la ley electoral debería completarse con la conversión del Senado en una cámara territorial donde queden representados todos los territorios. Esto permitiría articular un espacio para el debate territorial, liberando espacios, tiempos y energías en el Congreso, para otros debates absolutamente necesarios. Una circunscripción estatal para el Congreso de los Diputados y un Senado convertido en cámara federal, permitiría una mayor diversidad política, al tiempo que garantizaría la gobernabilidad, integrando en igualdad de condiciones tanto a los ciudadanos como a los territorios.

2. Los partidos políticos se están convirtiendo cada vez más en maquinarias de conquista del poder, son poco o nada democráticos internamente, sin embargo urge recuperarlos como instrumentos de participación de la ciudadanía. Sin caer en un asamblearismo populista, hay que recuperar procesos que como las elecciones primarias, permitan vertebrar el poder de abajo a arriba. Es necesario que la democracia comience y termine en el militante, no en el aparato del partido. La inclusión de listas abiertas en los procesos electorales permite que los ciudadanos contrarresten el poder de las cúpulas de los partidos, serían una oportunidad para sortear los mecanismos clientelares que tienden a seleccionar a los más sumisos y agradecidos, frente a la excelencia personal, profesional o ética. Este procedimiento, es más acorde con la complejidad de una ciudadanía, que recela cada vez más de la clase política, y que quiere controlar a sus representantes antes que aceptar las imposiciones de los aparatos de partido. Es fundamental la existencia de corrientes ideológicas, articuladas y reconocidas oficialmente, que garanticen el pluralismo interno y el debate ideológico permanente en el seno de los partidos. No podemos caer en el cinismo, de que los partidos políticos se reduzcan a estructuras de reparto del poder, mientras que el pensamiento se encarga a un buen servicio de 'catering ideológico', externo al propio partido. La limitación de mandatos y la renovación permanente, son un buen contrapeso a la perpetuación en el cargo. Resulta un auténtico contrasentido que se eduque a la sociedad en la paridad de los cargos representativos y por el contrario se castigue la disparidad interna. También es necesario limitar la 'apropiación' de los partidos y del parlamento por sectores profesionales sobre representados. En muchas circunscripciones se comprueba que el perfil profesional del político responde a un mismo cliché, funcionario o personal laboral de la administración pública de la rama educativa.

La construcción de un estado federal, donde las competencias de cada estado estén fijadas en la Constitución es una buena alternativa a la actual situación en la que el debate territorial ocupa gran parte de la agenda, y sobre el cual la ciudadanía muestra su hartazgo. Finalmente es fundamental destacar que la riqueza de una democracia se basa en el encuentro y contraste de las realidades de los individuos que la componen. No hay democracia sin demócratas, sin personas educadas y que hayan alcanzado la soberanía económica necesaria que les permita ser algo más que consumidores, ciudadanos, que se reconocen recíprocamente, en el ejercicio de la ciudadanía democrática, desde la cual, la verdad democrática no suele ser una verdad 'a priori' sino algo que se encuentra en el proceso de búsqueda de soluciones, cuando se produce un verdadero diálogo. En democracia y en la vida, las razones del otro, iluminan el área de sombra que la luz de nuestra razón produce, aunque ésta pueda ser muy potente.

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