El número de bajas laborales fraudulentas aumenta un 25% en los últimos dos años

Las bajas laborales fraudulentas se mantienen como un cáncer que corroe cada año parte de los resultados de las empresas donde se producen y que supone un importante desembolso para las arcas de la Seguridad Social. Y ello pese al extraordinario esfuerzo de control, a todas luces aún insuficiente, que realiza el Ministerio de Trabajo e Inmigración en colaboración estrecha con la Consejería de Salud, en el caso particular de Andalucía. La actuación de ambas administraciones logra aflorar la punta del iceberg, pues es seguro que el volumen total de incapacidad falsa es muy superior.

Los datos recabados por este periódico y referidos al ejercicio completo de 2007, revelan que en el ámbito de la provincia granadina esta situación ha evolucionado a peor si se compara con la de hace tan sólo dos años. Por la información de que disponen el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI) de la Delegación de Salud, resulta que durante el pasado año fueron detectadas y automáticamente levantadas, un total de 5.730 situaciones irregulares de incapacidad temporal (IT). O lo que es lo mismo, otras tantas bajas laborales fraudulentas que 'disfrutaban' el mismo número de trabajadores y que en opinión de los médicos que revisaron cada caso, no les correspondían.

Si se compara esta situación con la existente en 2005, en la que 4.560 trabajadores simularon estar enfermos y fueron detectados, resulta que la evolución es claramente al alza, con un incremento del 25,66%. Un porcentaje que habla por sí sólo de la arraigada costumbre que existe en esta provincia de intentar 'colar' a la Seguridad Social y a las respectivas empresas, enfermedades ficticias u otras que no tienen la gravedad como para que quienes las padecen estén en su casa sin trabajar.

Vías de actuación

El control de las bajas laborales fraudulentas lo llevan a cabo los citados organismos oficiales. Los equipos de inspección médica del INSS han redoblado esfuerzos para sacar a la luz el importante engaño que suponen las situaciones de incapacidad temporal transitoria, por parte de quienes fingen una enfermedad. Fruto de esta labor, fue la detección a lo largo del pasado año, de 2.382 bajas laborales fraudulentas y otras tantas propuestas de alta a la Consejería de Salud, que se ejecutaron en la práctica totalidad (más de un 90% de ellas).

La Consejería de Salud, a través del mencionado servicio de inspección, tramitó por su parte un total de 3.348 altas correspondientes al mismo número de trabajadores que igualmente fingían una dolencia o el agravamiento de una situación que supuestamente les incapacitaba para prestar su trabajo en activo.

La suma de unas actuaciones y otras da como resultado el mencionado volumen de incapacidades laborales que fueron anuladas con el crecimiento también indicado. No obstante lo anterior, lo que sí ha descendido de forma drástica desde 2003 es la duración media de las bajas, al pasar de 250 días a tan 'sólo' 84 en en 2007.

Tipologías

De lo que no cabe duda alguna es de la extensa relación de enfermedades fingidas por parte de quienes se encuentran de baja laboral. Los responsables del INSS y de la Delegación de Salud coinciden en que a enfermedades comunes como la bronquitis o la gripe, se unen muchas otras del tipo de las lumbalgias, cervicalgias y una amplia gama de lesiones musculares u óseas. Pero lo que mayor incremento presenta conforme pasan los años, son las afecciones psíquicas. El estrés o la depresión son las más utilizadas para conseguir una baja laboral. Es este caso, es difícil, que no imposible, conocer que el sujeto en cuestión no padece estos males.

Coste económico

El hecho de que tan importante número de trabajadores finja en Granada enfermedades que verdaderamente no les afectan, tiene un importe coste económico. La mayor parte del mismo la soporta el Estado. La otra tienen que asumirla sus empresas.

Al no existir datos referidos a ese agujero negro que supone este fraude a la Seguridad Social, tan sólo podemos relacionarlo con la factura que ha de pagar el Ministerio de Trabajo e Inmigración cada año por las bajas que sí son legales, en las que no hay trampa ni cartón. Los datos referidos a 2007 reflejan que la actividad inspectora ha influido positivamente en una elevada disminución del coste: si en 2003 el monto económico, a nivel nacional, que suponían las bajas sumaba 5.124 millones, cuatro años después ha caído los 3.406. La disminución, por tanto, es del 50,44%.

En el caso de la provincia de Granada, el gasto resulta igualmente importante. Los datos que maneja el INSS reflejan que la evolución ha sido la contraria a la que muestra la curva nacional, puesto que el dispendio ha pasado de los casi 69 millones de euros con que terminó el ejercicio de 2005 a los 73,5 de finales del pasado año. El aumento supone un 6,52%.

Prevalencia

Y una última cuestión, la prevalencia. O lo que es lo mismo, el número de bajas por cada 1.000 afiliados a la Seguridad Social. En este apartado, Granada alcanzó el pasado año las 38,56, cifra que supone una disminución con respecto a 2005 del 6,33% y coloca a la provincia en en el puesto 30 de toda la geografía nacional.

miguelallende@ideal.es