Berlín, una ciudad sin mendigos

'BERLIN, eine Stadt ohne Bettler' (Berlín, una ciudad sin mendigos). Así saludaba la prensa alemana del Berlín de 1933 la 'Ley contra los delincuentes habituales peligrosos y de medidas para su detención y mejora'. Ya en septiembre de ese año la Gestapo había recluido, sin base legal, a 10.000 mendigos en centros de custodia preventiva, el introito de los campos de concentración.

Casi toda la sociedad alemana había recibido con complacencia y esperanza el nombramiento de Hitler. La burguesía estaba preocupada, como siempre, de manera prioritaria por la seguridad, más aun cuando estaba inmersa en una gravísima crisis económica. La crisis económica, el desempleo, la delincuencia, el aumento de vagabundos y mendigos habían colocado a la sociedad alemana en una situación sin duda difícil. Se demandaba poner fin a lo que se consideraba un grave desorden social. Ya alguien había dicho que «prefiero la injusticia al desorden». A todo ello se unía un miedo de determinados sectores sociales a un incremento del poder de judíos y comunistas. Aunque la ley de noviembre de 1933 iba inicialmente contra los criminales habituales peligrosos, las cosas se llevaron mucho más lejos. Era una ley que permitía a las autoridades hitlerianas actuar contra grupos que tenían perfectamente identificados, como era los llamados «excluidos sociales» ('Gemeinschaftsfremde') y los asociales» ('Asozialen') y los que consideraban como «dañinos para el pueblo» ('volksschädlich'). El antisemitismo, permanente en la sociedad alemana, extendió esta 'depuración' hacia la comunidad judía. Los gitanos y los comunistas también fueron víctimas de esta ley canalla que autorizaba la prisión preventiva sin juicio. Las autoridades hitlerianas justificaban las medidas por la defensa de un supuesto interés público que en aquellos tiempos tenía tintes raciales y que se identificaba con la llamada 'Deutschheit', la 'alemanidad'.

El gobierno italiano de Berlusconi ha aprobado un 'pacchetto di sicurezza', un paquete de seguridad para hacer frente a determinados problemas sociales, entre los que está la inmigración, aunque también a otros como la explotación de niños, la violación de normas de circulación, la falsificación de marcas registradas. Una de las reformas promovidas, según el proyecto de ley aprobado, es considerar como delito la inmigración clandestina con penas de 6 meses a 4 años. También se aprueba la expulsión del extranjero que haya sido condenado a penas superiores a 2 años (antes eran 10 años). Se amplía a 18 meses (frente a los 2 meses de hoy) el tiempo máximo de reclusión en un centro de permanencia temporal ('centro di pemanenza temporanea'), nombre que el proyecto 'dulcifica' y cambia por el de 'centro de identificación y expulsión'. También se aprueba que los transgresores de una orden de expulsión o de alejamiento pronunciada por un juez sean castigados con una pena de cárcel de 1 a 4 años. Estas órdenes de expulsión pueden venir bien motivadas por estar condenado a una pena restrictiva de libertad, pero también por imposibilidad de identificar al supuesto inmigrante ilegal. La Italia de Berlusconi: una Italia, sin inmigrantes.

A veces no nos damos cuenta de cómo comienzan las grandes tragedias históricas. Los campos de concentración del régimen hitleriano no comenzaron como centros para gasear judíos, sino como campos de custodia y de rehabilitación de mendigos y 'asociales'. Las medidas legales previstas por el gobierno italiano, como en parte otras similares adoptadas por otros países de la Unión Europea, conducen casi necesariamente a tener encerrados, 'concentrados', en esos campos o campamentos de estancia transitoria o temporal a decenas de miles de seres humanos. Es lógico imaginar que las condiciones de vida de tales campos o centros son, por llamarlas de alguna manera, bastante deficitarias en cuanto a salud y derechos fundamentales de la persona humana se refiere. Igual comentario podría hacerse de las cárceles, cuyos habitantes se incrementarían en proporciones dramáticas. Por otro lado, los ilegales que no vayan a los campamentos o a las cárceles les espera una 'sobreexplotación' superior a la que ya sufren en las condiciones actuales, pues más les valdrá un salario de miseria que verse recluidos en un centro de 'acogida' o en una cárcel. ¿Qué se hace con decenas de miles de ilegales o de condenados por ilegales? ¿Cómo se mantiene un razonable nivel de vida, de salud y de convivencia en concentraciones masivas de seres humanos desesperados? ¿Adónde se le expulsa, si no se sabe quiénes son? ¿Cómo se les expulsa si ningún país, del que pueden ser originarios, se niega a aceptarlos?

La política de inmigración de Berlusconi es enormemente preocupante por indiciaria y desde luego no sorprende conociendo al personaje. Europa se puede convertir en un enorme campo de concentración, pues los miles de inmigrantes ilegales seguirán llegando a nuestras costas y los campos de pemanencia temporal e incluso las cárceles tendrán que multiplicarse o ampliarse.

No sé si los responsables de las grandes políticas de Estado son conscientes del avispero en el que paso a paso se están, o nos están, metiendo. Lo que me parece relativamente claro, dentro de lo que cabe en estas cosas y tampoco esto significa solucionar nada, es que se necesitan políticas globales, promovidas por entes supraestatales como la Unión Europea o Naciones Unidas para hacer frente a las causas de la emigración. ¿No estamos en la globalización? Pues la globalización significa, entre otras cosas, que hay problemas globales (como la inmigración clandestina-ilegal-desesperada) que sólo pueden tener soluciones globales. Las políticas de cooperación al desarrollo han de tomarse y hacerse en serio. Lo demás son parches. No se puede hacer una política de inmigración (seria y justa) a partir de un solo valor social y jurídico que, por supuesto, no se puede discutir, como es la seguridad. La seguridad no se obtiene a golpe de martillo. La seguridad tiene como condición necesaria el derecho penal, pero el derecho penal no es condición suficiente. La seguridad debe ser ante todo una consecuencia de la justicia. Si se quiere que no haya inmigrantes ilegales por el bien de todos (de los países ricos y de los países pobres), es necesario cambiar las políticas sociales y promover una justicia global que remedie los males de los países exportadores de emigrantes. Lo que no es una política social razonable es decir «quedaos en vuestros países y moríos de hambre, o venid en pequeño número según nuestras necesidades económicas y si venís sin papeles (es decir, cuando no os necesitemos), os encerraremos o os expulsaremos a ninguna parte hasta que os muráis de desesperación y de pena». Si el único norte de las políticas de inmigración son los intereses económicos y la seguridad de los países receptores, el problema no tendrá solución e incluso puede llegar conducir a nuevos holocaustos.