Quitan la multa a la juez que no casa a gays

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en su sesión de ayer -la última que celebran los actuales vocales antes de su inminente renovación- dejar sin efecto la multa de 305 euros impuesta a la juez de Denia (Alicante) Laura Alabau por una falta grave de desconsideración, por las criticas que realizó por escrito contra el Gobierno y la Fiscalía de Alicante, al sentirse «perseguida» tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales. Las reacciones ante esta decisión no se hicieron esperar y algunos colectivos homosexuales denunciaron que el CGPJ «antepone sus prejuicios a la ley y el amiguismo a la justicia». También el Partido Socialista se mostró muy crítico y espera que el nuevo Consejo se «replantee» la decisión.

El caso comenzó a finales del año 2006, cuando la magistrada, por medio de un escrito dirigido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, acusó al Ejecutivo central y a la Fiscalía alicantina «de haber sufrido una persecución» por su postura contraria a las bodas entre personas del mismo sexo. En noviembre de ese mismo año se le abrió un expediente disciplinario que concluyó en mayo de 2007 con una sanción por falta grave y la imposición de una multa de 305 euros.

En la resolución emitida ayer quedó patente la división existente en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Los nueve votos de la mayoría conservadora, que avalaron los argumentos de la juez al considerar que el contenido de sus escritos se ampara en la libertad de expresión, superaron los ocho votos de los progresistas y del vocal independiente. La minoría que salió derrotada ayer anunció la presentación de un voto particular que se suma al voto discrepante del representante designado por CiU, Alfons López Tena.

«Homofobia»

«Los vocales designados por el Partido Popular y el propio presidente Hernando han concluido su mandato protegiendo a sus conmilitones de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como ya hicieron declarando culpable a un magistrado de la APM pero sancionándolo con 1.500 euros en el caso de Mari Luz, la niña violada y asesinada», afirmó López Tena.

Los colectivos homosexuales también manifestaron su frontal rechazo. Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la resolución «muestra claramente cómo la homofobia y los criterios moralistas y prejuiciosos se anteponen a la jurisprudencia», mientras que para la Confederación Española Colegas, «el control a la judicatura falla y se antepone la simple defensa del corporativismo profesional a la misma esencia de la justicia». Por último, el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, calificó ayer de «increíble y corporativista» la decisión.