Francia amenazará a 13.000 'piratas' cada día con cortar su acceso a Internet

El Gobierno francés calcula el envío diario de unos 13.000 avisos de sanción, que puede llegar hasta el corte del servicio, a los internautas que descarguen ilegalmente ficheros cuando entre en vigor la ley antipirateo, que hoy comienza a discutir la Asamblea Nacional (Cámara de los Diputados). El dispositivo legal de «respuesta graduada», ya aprobado por el Senado y que estará plenamente operativo en 2010, supondrá un coste de unos 70 millones de euros en tres años a los proveedores de acceso a Internet.

El debate entre los diputados promete ser mucho más animado que en el Senado, una cámara avejentada que el pasado 30 de octubre aprobó casi por unanimidad en menos de 24 horas la reglamentación de una actividad con la que no está muy familiarizada. En la Asamblea Nacional la oposición de izquierdas está dispuesta a librar batalla contra un proyecto represivo, no impuesto por ninguna directiva europea y tremendamente impopular en un país donde el 37% de los internautas admite haber descargado ilegalmente o utilizado documentos pirateados.

Además, en el seno de la UMP gobernante existe un grupo de diputados conservadores para quienes el corte de Internet, además de inaplicable, será percibido como una provocación por los jóvenes. También coinciden con los socialistas en que el legislador siempre llevará una tecnología de retraso pues se combate el 'peer to peer' cuando ya se está en el 'streaming', la escucha gratuita y legal de música en línea sin necesidad de bajársela en sitios como Deezer.

Impulsado por el presidente Nicolas Sarkozy, cuya esposa, Carla Bruni, es cantante profesional, el texto se inspira en unos acuerdos firmados con los sectores artísticos en noviembre de 2007 y en un informe dirigido por Denis Oliviennes, al frente entonces de la FNAC. Su principal medida, referente internacional para los defensores de los derechos de autor, es la posibilidad de suspender la conexión entre dos y doce meses, con prohibición de suscribir otro abono en ese período, en caso de reincidencia tras dos avisos previos en el plazo de un año.

El procedimiento será competencia de una Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de los Derechos en Internet (Hadopi), formada por jueces, que dispondrá de un presupuesto anual de 6,7 millones para el envío diario de unos 10.000 correos electrónicos y 3.000 cartas certificadas de advertencia. Los servidores tendrán que correr con el gasto de la adaptación tecnológica de las redes para poder interrumpir el acceso a Internet sin cortar la televisión ni el teléfono a los abonados a ofertas multiservicios, un daño colateral que resultaría anticonstitucional.

Una enmienda avalada por la ministra de Cultura, Christine Albanel, permitirá la comercialización de filmes en DVD y vídeos en pago por visión sólo tres meses después de su estreno frente a los seis meses y 33 semanas actuales, respectivamente. Pero esta disposición desagrada a los distribuidores y exhibidores.