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ÁNGELES PEÑALVER
Jueves, 4 de junio 2009, 04:19
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La ordenanza que regulará la convivencia en Granada a partir de junio -después de ser aprobada el pasado 29 de mayo en el ayuntamiento- se basa en la norma puesta en marcha en Barcelona hace tres años. Pero en el capítulo más peliagudo, la regulación del sexo remunerado en la vía pública, las 'leyes' de Granada son «mucho más duras con las prostitutas que en la ciudad condal, donde, aún así, se ha montado un guirigay importante», expresó ayer Clarisa Velocci, portavoz de Genera, asociación catalana en defensa de los derechos de las mujeres.
La norma que está por entrar en vigor en Granada dispone que la distancia inferior o superior a los 200 metros de zonas residenciales y colegios marcará la cuantía de la sanción a las trabajadoras del sexo, que puede alcanzar hasta los 3.000 euros. «En Barcelona, por contra, se establece una sanción de 375 euros para las mujeres que lleven a cabo un ofrecimiento sexual y 275 para quienes lo soliciten, los clientes», abundó Velocci en el Centro Creativo Joven de la diputación granadina, donde añadió: «En Barcelona ya hay prostitutas con 40 ó 45 multas. Por lo tanto, se ven obligadas a trabajar más para poder pagarlas».
El impago de las sanciones, no obstante, es otro de los puntos calientes. La situación de insolvencia que pueden demostrar muchas trabajadoras del sexo hará que, al final, «no pase nada para ellas y todo se quede en un apercibimiento inicial y un acoso constante más tarde», reconocieron ayer fuentes municipales consultadas por IDEAL. Clarisa Velocci fue invitada por Izquierda Unida, cuya coordinadora local, Maite Molina, aseveró: «Esta ordenanza tratar de legislar de manera errónea sobre lo no legislado todavía estatalmente».
Francisco Puentedura, concejal de IU en Granada, recordó que su partido siempre ha votado en contra de esta norma, incluso en Barcelona, donde forma parte del tripartito de gobierno que impulsó la misma. «Allí, en 16 meses, se impusieron 1.500 multas a prostitutas y 500 a clientes. Algo incoherente, ya que se aprueba un reglamento para prevenir la exclusión social, y al final se sanciona a mujeres con escasos derechos y ya de por sí muy vulnerables», apostilló Puentedura, quien criticó la norma por no esclarecer cuáles serán los recursos económicos y las medidas que se van a emprender para mejorar las condiciones de vida de las mujeres que deseen abandonar la calle.
En Barcelona, según explicó Velocci, sólo unas 60 mujeres han solicitado en los tres años los 450 euros mensuales y las ayudas y becas que se contemplan para que las prostitutas cambien de trabajo.
No hay agentes
El concejal de IU aseguró que los sindicatos policiales de Granada creen que no hay agentes suficientes para implantar esta medida demasiado prohibitiva, aprobada sin consenso ciudadano, y que, además, otorga a la Policía Local «la capacidad de sancionar por la vía de la interpretación de los hechos, ya que al texto le falta concreción, tanta, que se podría multar por ligar». «Sería más fácil que aclarasen dónde, con qué límite de ruidos y en qué condiciones sanitarias se puede llevar a cabo el negocio del sexo», arguyó Puentedura.
A su juicio, la ordenanza sólo persigue «invisibilizar los problemas de exclusión social que hay en nuestras calles, donde se quiere limpiar todo aquello que estéticamente no interesa: mendigos, prostitutas, grafiteros, panfletistas, titiriteros, mimos, amantes...».
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