Menores granadinos no pueden cumplir su pena en el reformatorio local por falta de plazas

Un adolescente interno en un centro para menores infractores de origen granadino, pero ingresado en otra provincia andaluza acudió al Defensor del Pueblo para expresar su disconformidad por no poder cumplir la medida que le había sido impuesta en una cárcel cercana a su domicilio familiar, en Granada. El chico en cuestión que ha salido hace poco en libertad tras cumplir su condena entró en una institución en las Lagunillas, en Jaén para menores infractores en enero de 2011 para la ejecución de una condena de 28 meses en régimen semiabierto, la misma que finalizó en abril de 2013. Le quedaba aún pendiente de ejecución una nueva pena de nueve meses, también en régimen semiabierto. Los chavales sometidos a esta modalidad residen en el reformatorio, pero pueden realizar fuera del mismo una o varias de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la pena.

Volviendo al caso en cuestión, el servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno en Granada, efectivamente, constató ante el Defensor del Pueblo intermediario entre el infractor y la administración en este tema que el menor había solicitado en varias ocasiones el traslado a un centro el de San Miguel más cercano a su domicilio, aludiendo la mayoría de las veces a su necesidad de encontrarse próximo a su hogar, lo que le facilitaría un mayor contacto con sus familiares, según explica en una resolución el organismo autonómico con sede en Sevilla.

Este último, en el citado informe, da un tirón de orejas a lo que viene ocurriendo con estos chicos en la provincia de Granada y señala que en el artículo 46 de la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, se recoge «sin ambages» el derecho de toda persona que ha de cumplir una medida de internamiento a que el lugar de la pena en cuestión se encuentre en una localidad cercana a su domicilio.

Pero en el caso de este chaval ese precepto no se cumplió, aunque fuentes de la Junta de Andalucía señalan que fue un caso extremo y que generalmente los infractores logran acercarse a sus familias en pocos meses.

No aconteció así en el caso del protagonista, acusado de múltiples robos con violencia según ha podido saber IDEAL. Corría el 28 de agosto de 2012 cuando la dirección del centro donde el chico estaba cumpliendo su castigo en Jaén remitió una nueva petición de traslado por acercamiento familiar al considerarla pertinente. El 28 de enero de 2013 se reiteró la solicitud de mudanza y fue remitida al Juzgado de Menores nº 1 de Granada, que emitió una providencia autorizando el cambio al centro de San Miguel «en tanto existiese plaza disponible».

«Siempre lo hacemos así», apostillas fuentes del Juzgado, quienes insisten en que esa demora no es lo habitual. Según las mismas, recientemente ha habido hasta 10 solicitudes de traslado a Granada, de las que solo quedaban en lista de espera en la primera semana de mayo cuatro menores. «No todos pueden venirse porque algunos no encajan en San Miguel y otros, una vez pasan un tiempo en otro lugar, se dan cuenta de que están bien atendidos allí y prefieren terminar la medida algo más lejos de casa», argumentan fuentes judiciales quienes, no obstante, admiten que la falta de plazas en la provincia es un problema que viene de largo.

La cercanía al domicilio del adolescente figura en muchos casos, según reconoce la propia administración, como un criterio de primer orden favorable a la idoneidad socioeducativa de los programas de intervención con los infractores, no obstante, en la propia norma de referencia queda condicionada a la existencia de vacantes adecuadas a las necesidades de la persona.

Según argumenta el Defensor del Pueblo, el chaval en cuestión podía haberse trasladado a Granada, pero estaba ejecutando la medida en Jaén una vez descartada la existencia de puestos libres en el centro de Granada San Miguel, que cuenta únicamente con 14 plazas cuya ocupación es «casi plena a lo largo de los meses del año».

«La capacidad limitada de esta institución granadina hace frecuentemente inviable atender a las demandas de traslado de los menores locales que cumplen medidas en otros centros, por lo que se priorizan los casos que se consideran especialmente urgentes, circunstancia que no se apreciaba en este caso, ni en opinión del equipo técnico ni en la del propio Juzgado», mantiene el Defensor del Pueblo en una exposición de motivos que concluye con la petición de que se elabore un plan de actuaciones para adecuar la disponibilidad de camas en centros de internamiento en la provincia de Granada a la demanda consolidada de tales recursos.

Cerca de su domicilio

El tema es delicado y no nuevo. IDEAL se puso en contacto con el centro de San Miguel, desde donde dijeron que ellos no podía hacer valoraciones sobre la lista de chavales infractores a la espera de reagruparse con su familia. «Nosotros solo atendemos de la mejor manera a los que nos mandan y no gestionamos traslados. Es cierto que casi siempre estamos llenos y hay un dato: existen 14 plazas para toda Granada. Aunque en provincias como Málaga donde cuentan con 16 tampoco está la cosa mucho mejor», espetó uno de los trabajadores.

Por su parte, desde la fundación murciana Diagrama, entidad que gestiona la cárcel granadina y otras en la geografía andaluza, aseguraron que a ellos, en general, no les consta que haya muchos casos del tipo que evidencia el Defensor del Pueblo en su reciente resolución. «La ley dice que los chavales deben cumplir la pena cerca de su domicilio y eso se intenta siempre. Hay centros en todas las provincias andaluzas», apostilló un portavoz de esa institución.

Sin embargo, otras fuentes de los juzgados de Menores de Granada admitieron que sí existe un problema de falta de plazas por ellos pasan todas las peticiones de reagrupación y que tienen «muchas solicitudes extras para la provincia». «Siempre agilizamos los casos todo lo que podemos si procede que ese niño se venga, pero hay 14 puestos nada más», recalcaron. «Tenemos chavales granadinos internos en toda Andalucía, algunos por su perfil y otros porque no hay hueco aquí», aclararon desde el juzgado.

Por su parte, en la delegación de Justicia recordaron que el caso del menor con más de tres años en lista de espera es el único que ha motivado una queja ante el Defensor del Pueblo. El organismo encabezado por el gaditano Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, no obstante, reconoce que la administración ha asumido el contenido de sus recomendaciones «sin perjuicio de someter su posible cumplimiento a las actuales limitaciones presupuestarias derivadas del contexto de crisis económica».

Además, la Consejería de Justicia matiza la recomendación de la oficina del Defensor relativa al establecimiento de una línea de ayudas monetarias para favorecer las visitas de los familiares con escasos recursos económicos y añade que todos los centros disponen de «vehículos y otras medidas para facilitar tales desplazamientos».