Fiscalía pide tres años de cárcel para una maltratada que impide a su exmarido ver a los hijos de ambos

Hace aproximadamente un año que A., un vecino de Granada, no ve a los dos hijos -de siete y cuatro años- que tuvo con R. porque esta, su exmujer, no los lleva al punto de encuentro familiar para que los menores pasen fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares con su progenitor, tal y como sentenció un juzgado de Violencia de Género de Granada en noviembre del 2011, medidas posteriormente ratificadas por la Audiencia Provincial. Entonces, ambos jóvenes se divorciaron después de que él fuera condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, algo que él mismo reconoció y que generó órdenes de protección a favor de ella.

La mujer, desde un principio, pidió que los menores no se fueran con el padre y así consta en su sentencia de divorcio, a la que ha tenido acceso IDEAL. Pero hace tres años ya se desestimó -por primera vez- la solicitud de suspensión de régimen de visitas que pretendía la madre por no encontrar las instancias judiciales motivo para ello. Según la magistrada que firmó la resolución, A. tenía derecho a que sus hijos pernoctasen con él y no quedaba acreditado -tal y como señalaba la madre- que éste hubiera llamado «gilipollas» a sus hijos, los hubiese castigado encerrándolos en un cuarto o los hubiese dejados solos marchándose en el coche.

Se cumplió dos años

Así, el padre estuvo recogiendo a los críos durante dos años en el punto de encuentro familiar -supervisado por psicólogas, trabajadoras sociales...- hasta que en octubre de 2013 la madre dejó de llevarlos a esas dependencias donde los recogía su exmarido. Ella tomó la drástica decisión aduciendo que su hijo mayor había vuelto de un fin de semana con un gran moratón en la frente. Según A., sin embargo, el menor se lo hizo al tropezar en un Burger King. Para la madre aquello fue la gota que colmó el vaso porque, según aseguraba entonces y ahora, sus pequeños tenían pesadillas, se orinaban y se hacían caca del miedo cada vez que pensaban en marcharse con su familia paterna. Frente a eso, el hombre -con quien también ha hablado IDEAL- asegura que nunca le haría daño a sus hijos y que tiene una buena relación con ellos.

La madre presentó un parte de lesiones por aquel moratón de su hijo, pero la denuncia fue archivada por el juzgado de Instrucción 6, que consideró innecesario establecer medidas preventivas. Ese mismo juzgado archivó hace siete meses otra denuncia puesta por ella, al no encontrar que hubiera un delito contra los parientes. No obstante, en el sobreseimiento se informaba a R. que podía formular sus pretensiones de modificar el régimen de visitas con los niños en el juzgado de Familia, algo que la protagonista hizo y aún está pendiente de juicio.

El padre, por su parte, pidió hace cinco meses que se establecieran medidas urgentes -incluso con ayuda de las fuerzas públicas- para que se garantizasen los encuentros con sus hijos, lo que está pendiente de ser resuelto por un juzgado de familia. A ese mismo hombre que pide amparo, la madre de los niños le reprocha, además, que no paga la pensión de alimentos (300 euros al mes por los dos menores) que decretó en su día la jueza de Violencia de Género. Por los impagos, el padre fue condenado a varios meses de cárcel, aunque A. tiene recurrida esa sentencia penal.

R., quien en todo momento recalca que no es su intención incumplir la sentencia sino proteger a sus hijos, explica que hay vigente una orden de alejamiento de su exmarido hacia ella después de que él se le acercara la pasada Semana Santa y le amenazara «con matarlos». Sin embargo, el 6 de mayo de 2014, el juzgado de lo Penal 4 absolvió al exmarido de esas presuntas agresiones verbales después de que ella lo denunciase por las mismas, tal y como ha podido comprobar IDEAL.

Las denuncias entre ambos son constantes. Pero al final hay un hecho paradójico: tantas veces ha incumplido R. el régimen de visitas estipulado por la jueza (una vez cada 15 días durante el último año) que, finalmente, la víctima de violencia de género resultó condenada -en febrero de 2014- a pagar 150 euros por cada día que privara a sus hijos de la compañía de su padre. «Algunas multas las he pagado, otras las he recurrido y otras las he conmutado por trabajos a la comunidad», apostilla ella al otro lado del teléfono. Y desde donde está -ya que se marchó hace unos meses fuera de Granada- asegura que cree que en los juzgados hay una «mano negra» que impide que se proteja a sus hijos debidamente, por lo que habla de «maltrato institucional». «Los niños tienen miedo de irse», asegura la madre.

En esa sentencia de hace siete meses que ya condenaba a la madre, también se recogía que el informe del equipo psicosocial recomendaba mantener el régimen de visitas de los niños con el padre, sin limitar la pernocta, «en base a fortalecer el vínculo paterno-filial y la inexistencia de factores de riesgo».

Nueva demanda

Según fuentes solventes del juzgado, la protagonista tiene interpuesta una demanda en Familia para modificar el régimen de visitas, pero «hasta diciembre» no se tendrá la sentencia. «Yo sé que estoy vulnerando la ley y que como un juez se levante un día con el pie cruzado me puede hasta quitar la custodia de mis niños, pero ¿cómo voy a permitir que se vayan con el padre si ellos no quieren y los trata mal? Mis niños me cuentan que les tira del pelo y les pega en la cara. No quiero ser una cifra más de las estadísticas», explicaba la madre desde algún punto de España, donde se marchó a vivir y a trabajar con sus pequeños hace poco, previa puesta en conocimiento en el juzgado.

Mientras la justicia vuelve a tomar la palabra, los dos excónyuges, cada uno por su lado, acuden -incluso- a los medios de comunicación: ella clamando protección para sus hijos y él pidiendo que se acelere el cumplimiento de la ley que, a día de hoy, le otorga el derecho a ver a sus descendientes, a quienes asegura querer como un hombre de bien.

Y mientras esperan a que se celebre el juicio por las denuncias que él le ha presentado a ella por privarle de la posibilidad de ver a sus hijos, el fiscal, en las diligencias previas, ha pedido tres años de prisión para la madre y seis años de pérdida de la custodia de los niños, según consta en un escrito al que ha tenido acceso IDEAL. «Llevo dos meses sin saber dónde están mis hijos», se despide él.