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Carlos Morán
Lunes, 19 de octubre 2015, 12:28
No es un secreto para nadie que los niños y adolescentes son unos consumados expertos en el manejo de los teléfonos móviles con conexión a Internet y que se mueven en las redes sociales con notable soltura. Lo que no parece que tengan tan claro es dónde acaba el juego o la broma y empieza el territorio de la transgresión. Probablemente fue lo que les ocurrió a las seis chicas menores de edad que acaban de ser condenadas por la comisión de un delito contra la integridad moral, que consiste en someter a otra persona a un trato degradante y humillante. En este caso, las muchachas se citaron con la víctima, otra niña como ellas, y tras propinarle una paliza, difundieron la agresión a través de Whatsapp.
En este caso no fue necesario celebrar la vista oral del juicio, ya que las jóvenes reconocieron ser las autoras de los hechos y asumieron el castigo que solicitaba para ellas la Fiscalía de Menores de Granada, una conducta que habla en favor de las acusadas -cuando existe conformidad entre las partes, la sentencia es firme, esto es, que no se puede recurrir, desde el mismo momento en que se firma el acuerdo-.
Control de las amistades
En este sentido, tres de ellas deberán realizar una prestación en beneficio de la comunidad que consistirá en dedicar 55 horas de sus vidas a colaborar en la atención a niños discapacitados. Las otras tres menores infractoras tendrán que permanecer durante un año bajo la estrecha vigilancia del tribunal sentenciador, un periodo de tiempo durante el cual deberán cumplir una serie de objetivos educativos y sociales. Por ejemplo, tendrán que rendir cuentas de sus avances en la escuela y la justicia controlará sus amistades. En el supuesto de que se salten alguna de estas imposiciones legales correrían el riesgo de ser juzgadas por desobediencia.
El suceso ocurrió el año pasado en una localidad del Área Metropolitana de Granada y la víctima -como suele ser desgraciadamente habitual- fue otra adolescente a la que las acusadas habían convertido en diana de sus burlas e insultos. En ese contexto de crispación, una de las niñas procesadas envió un Whatsapp a la chica que estaba siendo objeto de la persecución. En su mensaje decía que quería verla para poner remedio a la disputa. Sin embargo, y así lo consideró probado la Fiscalía de Menores -con la anuencia de las propias niñas enjuiciadas-, el motivo de la cita no era otro que el de propinar una paliza a la víctima, una agresión que, además, iba a ser grabada para difundirla y mortificar aún más a la afectada. Y eso fue exactamente lo que pasó: el vídeo del ataque acabó en Whatsapp, o lo que es lo mismo, expuesto a la curiosidad general.
No saben que es delito
Como consecuencia de los golpes, la joven perjudicada sufrió varias heridas leves. De hecho, dos de las acusadas también asumieron la comisión de una falta de lesiones.
En los últimos tiempos, este tipo de agresiones, en las que van de la mano los menores y las nuevas tecnologías, están proliferando de una forma inquietante. Tan es así que la propia Policía Nacional dijo recientemente que los menores de 14 años no deberían tener móvil. Sin embargo, los responsables de dicho cuerpo reconocieron que, en la mayoría de casos, los niños consiguen estos dispositivos mucho antes de cumplir los catorce y las charlas que la Policía organiza en escuelas e institutos están dirigidas a mayores de 10 años. En esos encuentros, los alumnos suelen enterarse por primera vez de que algunos de sus actos pueden ser delito.
Aunque no hay datos oficiales publicados al respecto, la comunidad educativa comparte la sensación de que en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería móvil como Whatsapp se dan toda clase de situaciones de acoso. Entre otras, participar de insultos, amenazas, humillaciones, intercambio o difusión sin consentimiento de fotografías personales de contenido erótico.
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