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José Ramón Villalba
Miércoles, 30 de marzo 2016, 01:04
Un artificiero de la Guardia Civil nacido en Granada y destinado en Almería falleció el pasado mes de julio tras una explosión accidental registrada en el garaje de la Comandancia de Almería. Un trágico accidente, utilizado horas después del óbito por un vecino de Pinos Puente para mofarse por las redes sociales de este siniestro: «Tenían que haber muerto dos o más», señaló. La Guardia Civil procedió a la detención de este individuo de 27 años, quien tenía antecedentes penales previos a este arresto. El juez le imputó un delito de odio contra agente de la autoridad y tras tomarle declaración lo dejó en libertad con cargos. Este fue uno de los delitos de odio de 2015 en esta provincia, aunque no el único.
El Ministerio del Interior contabilizó el pasado año 20 hechos vinculados a delitos de odio en Granada, de ellos, doce han sido esclarecidos. Sobre el tipo de ilícito, siete estuvieron relacionados con el racismo, seis con la ideología, otra media docena fueron ataques contra discapacitados y uno contra prácticas religiosas. En Granada, una provincia situada en la zona templada en cuanto a estas infracciones penales, el Ministerio del Interior contabilizó en 2014 sólo diez casos: cuatro de racismo, cuatro contra discapacitados, uno de tipo antisemita, y otro contra un homosexual. De un año a otro se han duplicado estos hechos delictivos.
En el apartado de 'delitos de odio' se encuadra un amplio abanico de conductas y hechos, cuyo intervalo (bajo un elemento denominador, el odio), va desde un conjunto de infracciones penales tipificadas en nuestro Código Penal, hasta las infracciones contempladas en diferentes normas administrativas, como ocurre, por ejemplo, con la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Los últimos casos de delitos de odio más sonados registrados en Granada, además del citado contra el Tedax fallecido en Almería, están vinculados con el transexual agredido en la avenida de Cervantes en febrero, el indigente apaleado en la barriada de la Chana en julio y las amenazas vertidas en las redes sociales contra la exedil de IU Maite Molina por un asturiano que fue identificado y detenido en 2014. Más allá de estos hechos, «Granada no es una ciudad especialmente conflictiva ni en el plano racista ni en ningún otro vinculado con los delitos de odio», según declaró ayer un mando policial a este periódico, quien prefiere no identificarse y quedar en el anonimato. «Las redes sociales sí han hecho de altavoz a la hora de vejar o lanzar amenazas por escrito contra las víctimas, son las redes sociales las tuberías por donde circulan estos delitos». Sólo en un país desarrollado y democrático como España se registraron el pasado año 1.328 delitos de odio, con una media de cuatro al día. Un total de 505 casos de delitos de odio acontecidos en España el pasado año estaban detrás de acciones de racismo o xenofobia -la mayoría islamofobia- y 308 agresiones se registraron por ideología.
Entre todas estas tipologías de carácter penal y administrativo, que se incluyen dentro de la definición de 'delitos de odio', destacan especialmente las lesiones, el abuso sexual, las amenazas, las vejaciones leves, las agresiones sexuales, injurias, así como actos racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte.
Uno de los detenidos el pasado año en relación a los delitos de odio es el individuo de Pinos Puente que aplaudió la muerte del artificiero fallecido en acto de servicio. Además de este individuo hubo otros tres imputados o arrestados más.
No hay denuncias
Uno de los problemas con el que se encuentran los investigadores para perseguir estos delitos es la falta de denuncias. El ejemplo más cercano en Granada se presentó hace cuatro semanas tras la agresión sufrida por un joven transexual. Al principio denunció, pero finalmente decidió retirar las acusaciones contra el arrestado.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) apunta a que entre el 60% y el 90% de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio no denuncian su caso ante ninguna organización, ya sea ante Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ante el sistema de Justicia o mediante la intermediación de las organizaciones no gubernamentales. En el caso de España, se han cambiado ciertos criterios para que se puedan tipificar mejor los delitos y se ha incidido en la formación de los policías y de los guardias civiles para que detecten mejor los indicios de estos delitos y la atención a las víctimas.
En la actualidad la ley equipara los antecedentes penales correspondientes a las condenas firmes registradas en otros Estados de la UE a las impuestas por los jueces o tribunales españoles. Todo ello, a los efectos de la concurrencia de la agravante de reincidencia.
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