El alcalde de Granada: «Mi detención fue ilegal»

La ' Operación Nazarí ' ha conseguido enfrentar a la Fiscalía del Estado con la propia Policía; y, de rebote, con la jueza que lleva las riendas de la investigación. También el alcalde se ha rebelado contra la UDEF, a quien atribuye -en su caso particular- una «detención ilegal».

24 horas después de que el despliegue policial en Granada copara la actualidad nacional, la Fiscalía General del Estado emitió desde Madrid un «inusual» -según fuentes de las fuerzas de seguridad- comunicado para informar sobre las «irregularidades» que se investigan en el Ayuntamiento. Según esta nota de prensa, todo parte de dos querellas presentadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Granada en los juzgados de Instrucción número 2 y 6 de la capital y que se han acumulado en el primero de ellos. Las averiguaciones se encargaron al Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Andalucía Provincial y a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, que ya han encontrado posibles «irregularidades» en otros expedientes. Entre ellos está el 'caso Serrallo', que también se instruye en el Juzgado número 2.

Recientemente, la UDEF consideró que había llegado el momento de intervenir y propuso a la magistrada y a la fiscalía una serie de actuaciones. Entre ellas, la decena de registros efectuados este pasado miércoles en domicilios particulares, sedes sociales, empresariales y oficinas públicas. La fiscalía informó favorablemente a todas las diligencias solicitadas por el cuerpo policial excepto a una de ellas: no compartía la oportunidad de detener al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y registrar su domicilio, una pesquisa esta última que, como es obligado, fue autorizada por la jueza que dirige la investigación, la magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada. La precisión de la Fiscalía General del Estado llegó a los medios en forma de nota de prensa: el ministerio público estaba de acuerdo con todo lo hecho en el marco de la 'Operación Nazarí' salvo con la «detención y la entrada y registro en el domicilio particular del alcalde, al considerar que el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales». Y a renglón seguido añadía: «Sin perjuicio de que continúen las investigaciones y cuantas actuaciones judiciales sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos». Sin embargo, según fuentes consultadas por IDEAL, la jueza sí autorizó el registro y la fiscalía no recurrió esta decisión.

En cuanto a los arrestos, el comunicado de la Fiscalía General del Estado dice lo siguiente: «Las detenciones (...) se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma». La Policía sí puede efectuar detenciones -si lo considera oportuno- aunque para entrar en un domicilio necesita autorización judicial o el consentimiento del propietario.

Sea como fuere, las fuentes consultadas reiteraron que el alcalde, al igual que los demás, tiene la condición de investigado -antigua imputación- porque la fiscalía lo incluyó en sus querellas.

José Torres Hurtado celebró el comunicado de la Fiscalía General del Estado en una entrevista concedida al borde de la media noche al programa 'El Cascabel', que conduce Antonio Jiménez en 13 TV. «Mi detención fue ilegal», se quejó reiteradamente. A preguntas de los periodistas, el alcalde achacó la decisión al inspector jefe de la unidad; al director general de la Policía, Ignacio Cosidó; o al propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Torres Hurtado insistió en que todo obedece a una «trama política rara para quitar al PP del Ayuntamiento» y reclamó disculpas para la ciudad de Granada. «Fui detenido sin tener que ser detenido. Se está cometiendo conmigo un atropello político».