Todos los partidos, excepto el PP, piden que se investiguen las deudas del Palacio de Hielo

Los últimos datos desvelados por IDEAL sobre el convenio del fallido Palacio de Hielo que se proyectó en el Cerrillo de Maracena han sorprendido a los grupos municipales. La aceptación de una parcela de terreno por parte del exalcalde José Torres Hurtado (PP) para saldar la deuda de ocho millones que unos promotores mantenían con la ciudad, no benefició precisamente a los granadinos. Al no haberse pagado la operación urbanística con dinero, sino 'en especie', no se llegó a saldar la expropiación de los terrenos, a pesar de que se inscribieron a nombre de la ciudad. Cinco años después de que Torres Hurtado llegara a un acuerdo con los promotores, los propietarios originales del suelo han vuelto a reclamar las cantidades que se les adeudan. Hasta 2,7 millones de euros piden Junta y Universidad de Granada.

Los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos coinciden en sugerir que se investiguen los hechos. El convenio del Palacio de Hielo forma parte de la 'Operación Nazarí', según las informaciones que han trascendido de la causa, que sigue bajo secreto de sumario. Sin embargo, esta deuda que arrastraba la ciudad por las expropiaciones no eran conocidas hasta ahora y no figuraba en la listas de expedientes que buscaba la UDEF.

El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver (PSOE), afirmó ayer que «ya no nos sorprende nada». Para el socialista, «esto viene a añadirse al coste que para la ciudad de Granada tuvo la nefastísima gestión del Plan Parcial T1 -Cerrillo de Maracena- que ya denunciamos con una querella y que ningún juez ha negado que lo que defendíamos en aquel caso fuera mentira». Oliver reiteró que «la ciudad de Granada perdió mucho dinero con la operación de Torres Hurtado». «Con estos nuevos datos no sé si la autoridad judicial entenderá que habría que reabrir o no lo que en su día se denunció», sugirió el edil. Oliver consideró que «aquel tema no terminó de ser agotado en los tribunales».

También apuntó ayer a esta tesis el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Luis Salvador. El diputado y concejal calificó de «chanchullo» y «vergüenza» que 48 horas antes de las elecciones de 2011 José Torres Hurtado e Isabel Nieto liquidasen con los promotores del Palacio de Hielo su deuda a cambio de una parcela «sobrevalorada a fin de cuadrar cuentas». Salvador apuntó que «sorpresivamente», en ese 'ajuste' «se excluyó el pago de las expropiaciones a la Universidad de Granada, a la Junta y a particulares por un importe total de 2,7 millones de euros, que es lo que hoy adeudamos». El concejal lanzó dos preguntas: «¿Se puede deducir de esta información que Torres Hurtado regaló 2,7 millones de euros a los promotores? ¿Esa actuación no tiene visos de posible corrupción urbanística?».

No es delito

El portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular, Antonio Granados, recordó sin embargo que «la Audiencia Provincial ya dictó sentencia y no se puede juzgar una cosa dos veces», en referencia a la denuncia del PSOE, en la que resultó absuelto Torres Hurtado. Granados reiteró que «no es un delito deber dinero de las expropiaciones» y recordó que nunca se materializó ningún proyecto en esos suelos, que siguen sin urbanizar.

Granados propuso que la ciudad llegue a algún tipo de acuerdo con Junta y Ayuntamiento para saldar esas deudas, de forma que se pudieran pagar compensando con deudas pendientes entre administraciones para que el Consistorio no tenga que hacer un desembolso millonario. Esa misma idea de compensar la deuda la defiende Marta Gutiérrez, de 'Vamos, Granada', aunque permutando la deuda por la parcela, o una parte de ella.

Gutiérrez cree que habría que revisar la valoración que se hizo de la citada parcela para «determinar responsabilidades políticas y legales» y el grado de lesividad para la ciudad. «Este caso es un ejemplo más del grave perjuicio que ha causado un modelo urbanístico en que el suelo era materia para la especulación, en el que se han beneficiado unos pocos a costa de la mayoría y del interés público, y cuyas consecuencias aún estamos pagando».

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, recordó que su grupo ya votó en contra de esta operación que consideró «especulativa y que iba contra el interés público». Puentedura extiende la responsabilidad a todo el grupo municipal del PP, porque votaron a favor de la operación. Y se mostró sorprendido por la actuación de la secretaria municipal, «dando naturaleza de legalidad a una operación urbanística que constaba con informes contrarios». Puentedura pidió que se «depuren responsabilidades legales de esta operación».