La fiscal del caso Serrallo pide que se investigue al interventor municipal

La decisión de la jueza del caso Serrallo de dar por concluida la investigación de la construcción de una discoteca donde supuestamente debía ir un parque infantil se ha producido, a juicio de la fiscalía, antes de tiempo. Para la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, aún quedan pruebas por practicar para apuntalar sus tesis acusatorias, por lo que ha interpuesto un recurso en el que además pide que se tome declaración como investigado al interventor del Ayuntamiento de Granada, al que hasta ahora no había salpicado este asunto .

IDEAL ha tenido acceso al recurso de la fiscalía, que está fechado el día 24 y que ya ha aterrizado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, cuya titular es María Ángeles Jiménez, quien también investiga el caso Nazarí. En él, el ministerio público solicita que se revoque el auto que transformó la causa en un procedimiento abreviado y que dejó a la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), y los otros seis investigados a un paso del banquillo.

La fiscalía considera que «en el presente caso no se ha ultimado la instrucción de la causa, al no haberse practicado las diligencias esenciales y pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos, delitos y personas presuntamente responsables penal y civilmente». Así, recuerda que el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Granada emitió un informe en el que se daba cuenta de la investigación realizada sobre las «cuentas» del sistema de actuación por compensación del sector donde se hizo la discoteca-sala de fiestas y la pista de patinaje, así como sobre los aspectos patrimoniales y económicos derivados de la operación urbanística. En ese informe «se puso de manifiesto la vulneración del procedimiento o procedimientos legalmente establecidos, la ausencia de justificación del cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del promotor, los actos realizados en grave perjuicio del Ayuntamiento y ciudad de Granada y la absoluta falta de fiscalización de las cuentas». Por eso, a los delitos indiciariamente apreciados en un principio (prevaricación común, prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio y malversación de caudales públicos), cree que habría que sumar «indicios racionales» de otro posible ilícito: fraude en la contratación.

Son varias las supuestas vulneraciones que se habrían producido, a juicio de la fiscal, con el dictado 'prematuro' del auto que dio por finalizada la instrucción. Aparte de la falta de diligencias por practicar, alega una presunta vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva y una posible vulneración del derecho fundamental de los investigados a ser informados de los hechos que se les imputan y ser oídos por todos los delitos. Por eso, solicita que se reciba declaración a los implicados sobre «los nuevos hechos y delitos que resultan del atestado policial».

Informe sin aportar

En este punto, recuerda que, a raíz del informe policial, se encargó un informe pericial a la Intervención General del Estado, que aún no ha sido realizado, con el fin de que fuesen expertos contables quienes determinaran las supuestas irregularidades de las cuentas de la operación. Esa pericial es, para la fiscalía, muy importante de cara a confirmar o desvirtuar las anomalías detectadas por la Policía y determinaría los delitos a incluir en su escrito de acusación. De este modo, el recurso reclama que se dicte un nuevo auto que acuerde que continúe la tramitación de la causa hasta el total esclarecimiento de los hechos y sus responsables. «La agilización en la tramitación de una causa no puede traducirse en la merma de las garantías de las partes, tanto acusadoras como defensoras ni en la impunidad de conductas indiciariamente delictivas y de sus autores», advierte.

Por todo ello, en aras de la averiguación de «la verdad material», exige más pruebas. Así, no sólo pide que se interrogue al interventor como investigado por supuesto fraude en la contratación, malversación o como posible cooperador necesario en un delito de prevaricación, sino que solicita que declaren nuevamente el exdirector de Obras Manuel Lorente y el promotor Roberto García Arrabal. El motivo: aprecia indicios de un posible cohecho por el trabajo del hijo de Lorente en la discoteca de la polémica, la antigua Upper Club S.L. y Multiaventuras. Por eso, reclama que sea aportado a la causa «fe de vida laboral y el contrato en virtud del cual trabajaba en la empresa». La jueza decidirá ahora si estima o no el recurso, que es subsidiario de apelación, lo que significa que en caso de que rechace las nuevas diligencias propuestas, la Audiencia tendrá la última palabra.