La denunciante de los vertidos de la cárcel insta a la CHG a restituir el Arroyo Juncal

La denunciante de los vertidos de aguas residuales al Arroyo Juncal procedentes de la depuradora del Centro Penitenciario de Albolote, Elena G.G., ha abierto un nuevo frente en su lucha por frenar los daños que las aguas están provocando a su finca, el Cortijo las Torres, aledaña al penal. Mientras la causa judicial por las emisiones presuntamente contaminantes sigue su curso y la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados, la afectada ha instado al organismo gestor de la cuenca a que restituya el cauce del arroyo afectado a su estado original.

En un escrito, presentado a finales de diciembre ante la CHG, Elena G.G., que ejerce la acusación popular en la causa penal, ha solicitado exactamente la «declaración de nulidad de pleno derecho» de la resolución del procedimiento administrativo que hace 13 años autorizó el desvío del Arroyo Juncal. Dicho desvío, según esta parte, conllevó la modificación del trazado originario del cauce del barranco Juncal, provocando con ello la desviación de las aguas de escorrentías naturales en su totalidad hacia la zona de este arroyo y el río Colomera.

El expediente en cuestión data de 1996 y la resolución está fechada el 31 de marzo de 2004. Conseguirlo no ha sido fácil para Elena G.G., que reclamó tener acceso a él en abril de 2012, sin que, según afirma, la CHG atendiera su solicitud «en ningún momento». Finalmente, ha podido hacerse con el expediente gracias a que ha sido incorporado a la causa penal, que se ha seguido en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada. La documentación aterrizó en los juzgados de la Caleta tras «reiteradas peticiones» por parte del juez instructor, que ahora es Francisco Javier Zurita, quien relevó en el puesto al juez Miguel Ángel del Arco tras su jubilación.

Además de pedir la nulidad de aquella resolución administrativa de la CHG, fechada el 31 de marzo de 2004, Elena G.G., que está representada por el despacho Ruiz Rico Abogados, también reclama que se anule la propuesta previa que se hizo el mes antes, el 9 de febrero. En su escrito, sostiene que «la ilegalidad manifiesta de las resoluciones adoptadas proviene, en primer lugar, del hecho de que el Centro Penitenciario de Albolote se construyó en los años 1995-1997 en un terreno que, según la legislación de aguas vigente por entonces, tenía consideración de Dominio Público Hidráulico». La supuesta ilegalidad que alega provendría de que «nunca se ha producido el correspondiente expediente administrativo de desafección de esos terrenos como de dominio público hidráulico» para destinarlos a otra finalidad, como es levantar un centro penitenciario.

Así, la afectada considera que la actuación de los responsables de la CHG, en el momento de construirse la prisión, y con posterioridad al derivar las aguas hacia el Oeste (arroyo y barranco Juncal), fue presuntamente ilegal, «con grave daño a los propietarios colindantes con el actual arroyo Juncal y considerable riesgo de daños medioambientales por erosión y destrucción de terrenos cultivos y arbolado».

En este punto, enfatiza que los terrenos situados dentro de su finca (Cortijo Las Torres), donde actualmente se dirigen en su totalidad tanto las aguas de lluvia como los vertidos de aguas residuales procedentes del Centro Penitenciario, y que han sufrido en los últimos años una «fortísima» erosión, «carecen de la consideración de dominio público hidráulico», a excepción del barranco Juncal.

En lo que respecta a la causa penal, que comenzó a investigarse en 2010 a raíz de una denuncia de esta afectada, se encuentra a las puertas de juicio, después de que el juez decretara la apertura de juicio oral el pasado 29 de septiembre. En el banquillo, salvo que el caso dé un giro inesperado de última hora, se sentarán el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel; el presidente de la CHG, Manuel Romero; y el comisario de Aguas y el jefe del Área de Calidad de las Aguas del organismo, Rafael A.J. y Cándido B.R., todos ellos como presuntos autores de un delito de prevaricación ambiental y otro contra el medio ambiente. Por el primer ilícito se enfrentan a dos años de prisión y dos de inhabilitación para cargo público. Por el segundo, a cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación. Esa es la petición que realizó en sus conclusiones provisionales Elena G.G., como acusadora popular. Por contra, la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, solicitó la libre absolución de estos cuatro altos cargos, al no apreciar delito alguno en sus conductas.

Antecedentes

En abril del año pasado, una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) confirmó que la Junta tenía que indemnizar con cerca de 900.000 euros a Elena G.G. por no haber adoptado medidas para evitar los hundimientos de terreno que provocaron en su finca las inundaciones de los años 2009 y 2010.

Ahora, lo que la afectada reclama exactamente es que se ordene la restitución de la zona a su estado originario, «de modo que se efectúen, a costa de la CHG, las obras necesarias para que las escorrentías y aguas de lluvia procedentes de la Sierra del Pozuelo, sean debidamente encauzadas y dirigidas en su totalidad hacia el Sur, a través de la laguna de Arenales (hoy, Laguna Larga) y los llamados Llanos de Silva, hacia el río Cubillas y el Pantano de Cubillas, incluyendo las aguas residuales procedentes de la EDAR del Centro Penitenciario, cerrando y sellando cualquier derivación de las mismas hacia la zona Oeste del Barranco Juncal y el río Colomera».