El juzgado archiva el 'caso Serrallo' para la exsecretaria y lo continúa para los ediles del PP

La jueza María Ángeles Jiménez, que investiga las supuestas irregularidades urbanísticas que rodearon la construcción de la discoteca del Serrallo, acaba de tachar un nombre en la lista de los nuevos investigados. Ha dejado fuera de la causa a la que fuera secretaria general del Ayuntamiento de Granada, Mercedes López Domech, al acordar el sobreseimiento para ella. Nada baladí por el papel que la secretaria desempeña dentro de la tramitación de los expedientes.

Así consta en un escueto auto, dictado el 6 de junio y al que ha tenido acceso este diario, en el que al mismo tiempo la instructora dispone sin embargo «continuar la causa respecto de los demás investigados». Entre ellos, se encuentran los concejales del PP Francisco Ledesma, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, María Francés y Fernando Egea, así como los exediles Vicente Aguilera, Juan Antonio Mérida e Isabel Nieto. Asimismo, figura el interventor municipal, Francisco de Paula Aguilera.

En su resolución, la instructora explica que la defensa de la exsecretaria municipal aportó el 22 de mayo «documental relevante para determinar su responsabilidad en la presente causa». Así, aclara que «de las diligencias practicadas» y de esos documentos «se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a Mercedes López Domech».

La exsecretaria y el resto de nuevos investigados desfilaron por el órgano que dirige la magistrada, que también investiga el 'caso Nazarí', entre el 12 y el 22 de mayo, por haber formado parte de la Junta de Gobierno Local que el 26 de julio de 2012 aprobó, por unanimidad, los horarios y usos complementarios de la discoteca, que permanece clausurada por orden judicial.

La declaración de López Domech se produjo el 16 de mayo y, según explicó a la prensa su letrado, Antonio Illana, no emitió informe alguno con respecto a ese expediente y que su presencia en aquella junta fue como «un órgano de apoyo técnico».

La jueza acordó interrogarles en un auto fechado el 25 de abril, al entender que los concejales que asisten a una Junta de Gobierno «deben estar debidamente ilustrados sobre el contenido de los expedientes» y no pueden limitarse a votar. Por eso, los citó en principio como investigados por un delito de prevaricación urbanística, si bien, a petición de la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, también se les imputó al inicio de sus comparecencias un posible delito de fraude en la contratación.

En el 'caso Serrallo' se investiga la construcción de una discoteca-sala de fiestas y una pista de patinaje donde supuestamente debía ir un parque de atracciones infantil. Aunque la jueza llegó a dejar la causa a un paso del juicio oral el pasado mes de enero, decidió regresar a la fase de instrucción a petición de la fiscalía para llevar a cabo más diligencias.

Las declaraciones de los miembros de la Junta de Gobierno Local fueron solicitadas por el partido político VOX. En el caso están investigados, aparte del exalcalde Torres Hurtado y la que fuera su concejala de Urbanismo (que ha tenido que declarar dos veces en esta causa), un promotor inmobiliario y cinco ex altos cargos del área de Urbanismo en el Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que el concejal Juan Antonio Fuentes hizo las veces de portavoz de los ediles que se han visto al final salpicados por este asunto y dejó claro que «en ningún momento» habían prevaricado o cometido delito alguno, pues los miembros de la Junta de Gobierno Local actúan movidos por «el principio de confianza» en la veracidad y legalidad de los informes técnicos, en los que basaron su voto a favor.

Exdirectora de Urbanismo

Por otro lado, IDEAL ha tenido acceso al auto dictado por la Audiencia Provincial que ha desestimado el recurso que la exdirectora de Urbanismo María Paz Spínola interpuso contra la decisión de la jueza de continuar el 'caso Serrallo'.

De igual modo, otro auto de la instructora, emitido el día 5, deniega la petición de VOX de incorporar a la causa una serie de expedientes y de que declare como investigado el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Cabe recordar que tampoco prosperó la petición de ampliación de la investigación que realizó el dueño de Sky Club -así se acabó llamando la discoteca, que en un principio se denominó 683 Upper Club-, Abel Pizarro, quien pretendía que se tomara declaración a otras personas como investigadas.

La jueza recuerda a esta parte que esa ampliación propuesta no puede ser aceptada, porque «en la presente causa ya se ha dictado auto de transformación a procedimiento abreviado en fecha de 18 de enero de 2017». Así, aclara que si regresó a la fase de instrucción fue porque se estimó en parte un recurso de la fiscalía para practicar unas diligencias que «quedaron taxativamente concretadas» en su día. Entre ellas, la declaración del propio Torres Hurtado.