Los diputados 'empresarios'

Francisco Rodríguez Ríos fue político, después empresario y dos décadas después hizo el camino de vuelta. El que fuera alcalde de Armilla y vicepresidente de la institución provincial con el PSOE entre 1987 y 1995, cambió la actividad pública por la empresa privada. Durante años fue director general de Ucop, hasta que salió de la compañía en 2009. En 2015 regresó a la actividad pública como candidato de Ciudadanos por Armilla y los buenos resultados le sirvieron para volver a la Diputación.

En su declaración de bienes e intereses no especificó que tuviera actividad privada alguna incompatible con su condición de diputado provincial. Ningún porcentaje en sociedades que mantuvieran contratos públicos. Cómo única actividad privada subrayó que era «arquitecto técnico en desempleo». Sin embargo, en el Registro Mercantil queda la huella que dejó en el mundo empresarial. Rodríguez Ríos figura todavía como apoderado en una sociedad cuyo objeto social es el transporte terrestre de todo tipo de mercancías, entre otros. Fue absorbida en febrero de 2017 por otra mercantil del sector de la construcción, de la que también fue apoderado el diputado provincial. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la versión de la empresa.

Francisco Rodríguez Ríos tampoco hizo constar en su declaración en Diputación cuando llegó en 2015 que, en los registro públicos, aún constaba como apoderado de una potente sociedad -en cuyo accionariado se integran a su vez otras vez empresas- que se dedica a la construcción, obras públicas y privadas, según recoge el objeto social. La revocación del poder de Rodríguez Ríos en esta mercantil no se produce hasta el 17 de noviembre de 2016 y se inscribe en el Registro el 28 de diciembre, cuando ya llevaba casi año y medio en la Diputación.

En conversación con este periódico, Rodríguez Ríos restó ayer importancia a esta situación. Insistió en que rompió todos sus vínculos con la empresa privada cuando dejó Ucop el 31 de mayo de 2009. Aportó un documento dirigido al presidente de la sociedad en el que le pide que «inicie los trámites» para abandonar la representación que tenía en otras sociedades y empresas participadas en las que figuraba como director general de Ucop. Según Rodríguez Ríos son estas empresas las que tendrían que haber anulado sus poderes y si aún figura en alguna de ellas «habrá que preguntárselo a estas compañías». No le dio importancia ni creyó relevante expresarlo en su declaración porque -sostiene- no tienen «ninguna relación empresarial». Aportó otros documentos privados fechados el 21 de mayo de 2009 en los que comunica a varios presidentes de consejos de administración la «renuncia» a sus cargos. En una de esas sociedades aún figura como apoderado casi nueve años después.

Por su parte, Luis de Haro es licenciado en Ciencias Policiales y Diplomado en Ciencias Químicas. Funcionario de la Escala Superior del Cuerpo Nacional de Policía, llegó a ser jefe superior del cuerpo en Andalucía Oriental y también ejerció como superintendente de la Policía Local de Granada. Se jubiló tras pasar por las embajadas de España en Francia y México.

De Haro, que entró a formar parte del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación tras las elecciones municipales de 2015, publica sus declaraciones de bienes en ambas instituciones. Sin embargo, desde la segunda declaración se ha omitido algún dato.

En la primera en el Ayuntamiento, De Haro detalló seis bienes inmuebles -compartidos con otras personas-, una hipoteca por importe de 155.000 euros y una empresa, Diciemsol, que describía como «no activa». Esta declaración se presentó en junio de 2015 en la capital. Sin embargo, la empresa no aparece en la que presentó solo un mes después en Diputación, en julio de 2015. En las posteriores se omitió de nuevo la existencia de la sociedad, tanto en 2016 como en 2017.

En el Registro Mercantil, Diciemsol figura inscrita en 2005, año en el que empezaron las operaciones. Su objeto social es «la instalación, compra, venta y explotación de instalaciones solares, así como de la energía generada por estas». La firma tiene en la actualidad dos socios mancomunados, uno de ellos Luis de Haro. Esta empresa tiene la titularidad de una finca de terreno en el municipio de Diezma, con una extensión de tres hectáreas.

El concejal y diputado provincial explicó ayer a este periódico que incluyó la empresa en su primera declaración de bienes en el Ayuntamiento pero luego la omitió porque así se lo dijo su gestor. «La empresa la hemos disuelto. La creamos otra persona y yo con un terreno rústico que nos costó 39.000 euros, para sembrar algo. Pero la hemos disuelto y habrá que poner el suelo en patrimonio el año que viene», justificó. «Hemos sacado el terreno de la sociedad y lo hemos puesto en venta por la mitad de dinero, porque aquello solo nos ha dado pérdidas», apuntó. Sin embargo, en el Registro Mercantil la empresa sigue apareciendo activa, aunque el último depósito contable es del año 2008. Y el terreno de Diezma consta en el Registro de la Propiedad bajo la titularidad (al 100%) de la empresa Diciemsol, según ha podido comprobar este periódico.

De Haro señaló en un primer momento que el terreno lo compraron «para sembrar algo», como un proyecto en el que se iba a volcar tras la jubilación. Posteriormente, al ser preguntado por el objeto social de la empresa -dedicada a la energía solar- admitió que «con el boom de las fotovoltaicas» se plantearon también llevar a cabo «algún proyecto de energía».

El diputado explica que cuando compraron el terreno estaba calificado como rústico. «Después, de pronto, lo calificaron de polígono para poder hacer naves, y ahora ha vuelto otra vez a ser rústico», se refiere el propio concejal a la finca, apuntando que esto les produjo un perjuicio, porque pasaron de pagar apenas 8 euros de IBI a más de mil. De Haro señaló que querían haber disuelto la empresa antes, pero al calificarlo de industrial hubieran tenido que pagar mucho dinero en impuestos. De Haro admite que tendrían que declarar la citada finca como patrimonio: «Aunque ese terreno no produce nada, tiene que cotizar apenas 4 o 5 euros al año».

Luis de Haro sigue cobrando su pensión -no tiene salario público-, más las dietas por asistencia a plenos y comisiones del Ayuntamiento y de la Diputación.