Calumniando, querellando y archivando,que es gerundio

El circo de la política permite la crítica hasta puntos críticos. Quien las lanza las entiende como juicios de valor en el marco de su actividad política. Personalmente, para quien las recibe son ofensas. Pero, a la luz de los tribunales, son legales por la acción de la libertad de expresión y los foros en los que ocurren, las instituciones. El juego político lleva a los protagonistas a subir el tono, el receptor, ofendido, busca en los tribunales conocer quién lava más blanco (o está más sucio) y, a la vuelta del camino, las querellas por injurias y calumnias se archivan prácticamente del tirón, con más o menos follón mediático.

En la última década los principales protagonistas políticos de Granada y su provincia se han visto envueltos en dos decenas de querellas y denuncias por presuntos delitos de injurias y calumnias. Suelen acabar archivadas, pero entre medias quedan frases que constituyen un escandaloso glosario de lo que se dicen los unos a los otros. Ajústense los cinturones de seguridad, que empezamos.

«Mamporrera oficial del Poniente granadino». Otro caso:«Ha mentido descaradamente y sus infundios tendrá que desmentirlos ahora ante un juez». Uno más:«Acusaciones falsas y con las que solo pretendía manchar la honradez y el honor de los representantes». Perlas varias que además demuestran un carácter ofensivo y machista de cuidado. «Putitas», que se leyó en Otura, y «zorra», que se escuchó en Almuñécar. Aquel día Juan Carlos Benavides se fue de la lengua, metió la pata y fue condenado. Los hechos se remontan al pleno municipal de enero de 2006, cuando la entonces portavoz socialista, Rocío Palacios, dijo durante el debate de un punto sobre el nombramiento de nuevos representantes municipales en una empresa pública que poner al frente de ella al portavoz del PA era «como poner al zorro a vigilar las gallinas», término que Benavides modificó por el de «zorra».

Palacios solicitó la retirada de esa alusión y Benavides le contestó que era un comentario que no se refería a ella. Al término de la sesión, el alcalde indicó que «determinadas carreras políticas de personas provenientes del transfuguismo solo se entendían con las relaciones íntimas» entre el entonces secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, y la afectada. Rocío Palacios y De la Chica interpusieron entonces una querella al entender que esta afirmación atentaba contra su derecho al honor. Según el exalcalde no se refería «en absoluto» a Palacios y Álvarez de la Chica, de hecho no se refería «a ninguna persona en concreto, ni partido» y todo, a su juicio, se trató de una mala interpretación.

De hecho mostró su indignación por la «manipulación» que cree que Palacios hizo del incidente. Pero, no coló y aunque fue absuelto por un delito de injurias, sí fue condenado a pagar una multa de 500 euros a Rocío Palacios, entonces concejala del citado Ayuntamiento, por los perjuicios morales.

El punto de vista jurídico

El juez Del Arco pone pie en pared. En unas declaraciones recogidas por este periódico en abril de 2012 para reflejar un escrito en el que rechazaba la querella de José Luis Hernández (PSOE) contra Luis García Chamorro (PP), aseguraba que tales afirmaciones pueden ser «coloquiales en exceso y convertirse en una dialéctica poco positiva hasta descalificar al contrario y a quien las profiere (...), no faltando en ocasiones un coro premeditado de aplaudidores».

No obstante, el magistrado no considera que sean delictivas y habla del hartazgo social que han generado esas estrategias. «No puede obviarse una realidad (...) que alcanza en ocasiones ribetes de confusión, pero que el ciudadano, por su sabiduría popular o (...) inteligencia pasa, está acostumbrado y casi no las toma en cuenta».

Este caso aún no se ha cerrado del todo. Lo reabrió la Audiencia.

En la era de Internet

Ya no hay duelos con padrinos al amanecer. Con espadas a la primera sangre o con pistolones a muerte. Las cuitas se dirimen en los tribunales y ocurren más allá de los papeles o los plenos en el vasto espacio creado en Internet. Las presuntas injurias y las calumnias recorren Twitter, Facebook, YouTube, los blogs, y los foros o llegan directamente al buzón de entrada del correo electrónico. No solo ocurre entre los propios partidos políticos. La facilidad de publicar afecta directamente a los ciudadanos. Hemos seleccionado cinco casos para comprobar que la maledicencia, penada o no, ha encontrado su hueco en la web dos punto cero con cierta facilidad.

Por correo electrónico. Ocurrió en Pedro Martínez en marzo de 2010, cuando el marido de la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la localidad fue condenado por utilizar un correo electrónico para injuriar a tres ediles del PSOE. Envió un mensaje en el que se leía:«Somos varios los que llevamos años observándolos y calculando la cantidad que van robando. Tirando muy por debajo el robo, en millones de pesetas, oscila entre los 35 y los 60 millones de pesetas anuales». La indemnización que tuvo que pagar, en euros, fue de 2.500 euros, más una multa de 3.240 euros.

El escenario se traslada a Otura en mayo de 2010, cuando la Fiscalía archivó la denuncia interpuesta por el entonces primer edil, Ignacio Fernández, ex del Partido Popular, contra el PSOE por un montaje audiovisual que se colgó en YouTube tras inaugurar un aplaza. En la pieza equiparaba al alcalde de Otura con Franco, pero el juez consideró que no hubo injurias. Eljuez explicaba que en casos de confrontaciones políticas «pueden tolerarse excesos en expresiones o frases, aunque sean formalmente injuriosas o estén imbuidas de una innecesaria carga despectiva o difamatoria».

Y por segunda vez

Otura no salía del foco noticioso. Un año después, en agosto de 2011, y también en el ciberespacio, el todavía alcalde de la localidad, Ignacio Fernández, denunciaba la existencia de insultos a sus concejales en una web del PSOE. En este caso se trataba de unos comentarios anónimos y el PSOE también condenó los hechos y advirtió que tomarían medidas de control sin descartar que se hubiera tratado «de una maniobra para empañar el nombre de los socialistas de Otura utilizando métodos rastreros». El comentario llama a las concejalas populares «putitas».

No siempre son colegas. «Maite Molina IU puedes irte a morirte también, o si no te irás a la fosa dentro de un tiempo, estarás pudriéndote entre cal viva». El autor de esta frase es un presunto neonazi asturiano, con antecedentes policiales por, supuestamente, haber participado en agresiones a grupos de izquierdas en el Principado, y la lanzó en la red social Twitter en 2012. Desde entonces permanece abierta una investigación judicial en Granada, la aludida es concejala de IU en la capital, para determinar si la expresión es delictiva o no.

El Juzgado 8 de Instrucción de Granada dijo a principios del presente año, por segunda vez, que no ve delito en la conducta del joven en cuestión. En todo caso, argumenta el instructor, podría tratarse de una mera falta que debería dilucidarse en el Juzgado de Paz de Nívar, que es la localidad en la que reside Maite Molina. De los tres cargos que se plantearon en un primer momento solo restaría el de injurias graves, que no es perseguible de oficio.

Queda Facebook. Una juez de Baza condenó este mes de marzo a un vecino de Cúllar como responsable de una falta de injurias, a la pena de 90 euros de multa. El juzgado declara probado que publicó en Facebook comentarios que aludían al primer edil, Pedro Garijo Robles, en los que se podía leer: «Si tienes un montón de pasta en negro, el Ayuntamiento te cede el terreno durante diez años para que tú inviertas ese capital en lo que a ti te gusta... Por ejemplo. Te montas un pádel, tu inversión será una mierda porque no vas a ganar nada en un municipio de menos de tres mil personas, pero al menos tu hobby lo disfrutarás con tu dinero negro en donde lo blanquearás en la compra de la construcción y facturando a nombre del Ayuntamiento d Cúllar, para que tus amiguetes o familiares del Ayuntamiento desgraven en Hacienda».

Y siguen, y siguen, y siguen

Paco Cuenca, Juan García Montero y José Torrente protagonizan el siguiente caso. El primero, concejal socialista, presentó una querella por calumnias contra los dos políticos populares por unas declaraciones realizadas «siempre con el ánimo de dañar la dignidad del socialista y propiciando su descrédito ante su ámbito personal y de actividad profesional».

Se referían los políticos del PP a la presunta responsabilidad de Cuenca en el caso Mercamed, donde la pareja del socialista se encuentra imputada. Los dos políticos del PPprestaron declaración y la jueza entendió que sus manifestaciones se enmarcan «dentro de la actuación política del deber de información». Es decir, una vez más, nada de nada.

De ida y vuelta

Las ganas de pelea judicial volvían en los últimos como el Guadiana a Otura, donde en octubre de 2012 se archivó la denuncia por calumnias del ahora exalcalde contra un empresario;o llegan a Churriana de la Vega en febrero de 2013, donde se informaba que el portavoz socialista iba a ser juzgado por una denuncia falsa contra el alcalde. Muy sonadas fueron «las 300.000 razones» de Armilla. Esta vez corría mayo del año 2013 y se archivaba la querella contra el popular Antonio Ayllón. Gabriel Cañavate se sintió calumniado cuando Ayllón aseguró en rueda de prensa que había mediado con un edil de IDEA al que le habría ofrecido «300.000 razones» para que avalara la ruptura del pacto que permitía gobernar al PP. En este caso la novedad es que la condición de aforado de Antonio Ayllón por ser senador hizo que el juez inadmitiera la demanda, ya que había que haberla dirigido al Tribunal Supremo.

Casi eternos

Ciertamente se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba. Hay dos casos en estos momentos en los tribunales en Granada que afectan de forma determinante a altos próceres del Partido Popular y del Partido Socialista.

El primero de ellos enfrenta al socialista José Luis Hernández con Luis García Chamorro y en el segundo caso Sebastián Pérez mantiene denunciado a José Entrena. Dos casos cruzados en los que en el primero el PSOE ha denunciado al PPy en el segundo es exactamente al revés. Los dos están en los tribunales todavía, es decir, sin haber sido cerrados y los dos son por delitos de injurias y calumnias.

En el primer caso en marzo de este año la Audiencia ordenó investigar si la actual alcaldesa de Motril (PP) injurió a un ex alto cargo del PSOE. Era la segunda vez que la Audiencia revoca el archivo decretado por el magistrado encargado de instruir el caso. Esta vez, la resolución de la Audiencia desmenuza las declaraciones de la política del PPy determina que se pasó cuando acusó a José Luis Hernández que ocupó el cargo de gerente de Visogsa, la empresa pública de vivienda de la Diputación, de disfrutar de un contrato blindado cuando no parece ser así. La audiencia también cree que «no viajó en avión a Berlín o Dublín a costa de Visogsa»; que tampoco «volara en primera clase» y que tampoco «llenó el depósito de gasolina a cargo de Visogsa». Si se tiene en cuenta que el 29 de noviembre de 2011 se publicó la primera noticia sobre las denuncias entre Hernández y García Chamorro, esta causa lleva ya en los tribunales cinco años, que se dice muy pronto.

Tampoco se sabe cómo va a terminar la querella que en enero de este mismo año presentó el equipo de gobierno de la Diputación (PP) contra el portavoz del PSOE en esta institución, José Entrena. Fue José Torrente (PP)quien presentó la querella criminal por calumnias e injurias graves.

Declaró que «Entrena no puede alegremente tirar la piedra y esconder la mano», en referencia a unas declaraciones en las que el político socialista comentó que «no puede ser que miembros de su gobierno estén vacilando en sus pueblos de sobres de billetes de 500 euros diciendo que son los favores que les deben las empresas». Hubo un primer carpetazo pero el enfrentamiento ha acabado en otro juzgado.