Los padres de un chaval que le partió la cara a otro deben pagar 8.000 euros

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 3 de enero 2018, 00:19

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Que un adolescente que ha cometido un delito disponga de fondos para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de su 'crimen' es una rareza. Lo normal es que no tengan ingresos o que sean demasiado exiguos. Así que, en la gran mayoría de los casos, son los padres (o los tutores legales) del menor infractor quienes deben hacer el desembolso para satisfacer la responsabilidad civil. Y es habitual que no lo sepan, por lo que, cuando se enteran, les produce una notable irritación.

Es lo que les ha ocurrido a los progenitores de un chaval que, literalmente, le partió la cara a otro en las inmediaciones de una discoteca ubicada en una zona céntrica de la capital.

En total, la sentencia establece que los padres tienen que abonar 6.124 euros a la víctima, ya que le quedaron secuelas estéticas tras recibir un puñetazo en el rostro, y más de 1.700 al Servicio Andaluz de Salud, que fue lo que 'costó' la asistencia médica que el sistema público prestó al damnificado. Casi 8.000 euros por una noche de furia y descontrol de su hijo.

El perjudicado, que, entre otras lesiones, sufrió la fractura de los huesos de la nariz, estuvo treinta días sin poder desenvolverse con normalidad.

El suceso ocurrió en diciembre del año pasado a las puertas de un establecimiento de ocio situado en los alrededores de la calle Pedro Antonio de Alarcón, que, tras el cierre del llamado botellódromo, ha ido recuperando paulatinamente el ambiente de antaño y el favor del público más joven.

Según las pesquisas policiales y los testimonios de los implicados, el enfrentamiento se originó en el interior de la discoteca a altas horas de la madrugada. En este sentido, el agresor declaró -poco después de ser detenido e identificado- que la víctima le había «mirado mal» y que luego le golpeó sin mediar palabra. Inmediatamente después, ambos salieron a la calle y fue allí donde la discusión se convirtió en un delito de lesiones.

A pesar de ese primer relato exculpatorio, lo cierto es que el acusado acabó conformándose con la pena que solicitaba para él la Fiscalía de Menores de Granada -no fue necesario celebrar la vista oral del juicio-: el pago de una indemnización cercana a los 8.000 euros y una medida de doce meses de libertad vigilada, un tiempo durante el cual permanecerá bajo el control de educadores y tendrá que alcanzar una serie de objetivos formativos. Los monitores dependen del juzgado de Menores y están obligados a informar a dicha institución de los posibles incumplimientos. Cuando eso sucede, lo normal es que el adolescente sea investigado por la presunta comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

En otras palabras, que su situación se vería agravada y tendría problemas aún más serios con la justicia.