El PP quiere que el Tribunal Constitucional establezca los límites del modelo autonómico

El Partido Popular pretende que su anunciado recurso contra el Estatuto de Cataluña fuerce, cuanto antes, al Tribunal Constitucional (TC) a establecer los límites del modelo autonómico. Los ponentes 'populares' de ese texto, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, han coordinado el amplio equipo de trabajo -integrado por juristas y catedráticos en Derecho Constitucional- que ha elaborado un voluminoso expediente que entra en numerosos capítulos y afecta a todos los títulos del 'Estatut', que fue publicado el jueves en el Boletín Oficial del Estado.

«Queremos que el Tribunal Constitucional se moje y vamos a colocarlo ante su responsabilidad», señaló Trillo, que aseguró que la reclamación es «extensísima». El documento está prácticamente cerrado y fue entregado esta semana a Mariano Rajoy, que ha decidido no demorar su presentación.

Los juristas del PP reconocen que éste y otros recursos pasarán al TC la 'patata caliente' que supone el Estatuto de Cataluña y será ocasión para que el alto tribunal se pronuncie y establezca los límites del modelo autonómico que diseñaron los ponentes constitucionales que, en su opinión, no acabaron de definir en la Constitución.

«Buscamos una sentencia interpretativa», confesó Trillo, para quien el alto tribunal debe decir «qué es y qué no es constitucional» sobre todos y cada uno de los artículos y definiciones que planteará el recurso del PP. El tiempo es un factor que pesa sobre esta iniciativa del partido opositor ya que el Tribunal Constitucional suele demorarse para abordar este tipo de sentencias y, además, debe atender antes otros recursos que han sido presentados por Castilla-La Mancha y Aragón al Estatuto de la Comunidad Valenciana.

«La actual encrucijada exige que el Tribunal se pronuncie cuanto antes», afirmó Trillo, quien pidió diligencia al TC para que se pronuncie sobre los límites constitucionales del modelo autonómico «antes de que vayamos a más» con la aprobación de otras reformas estatutarias pendientes que podrían seguir la senda del texto catalán.

Como asesor jurídico del Grupo Popular en pasadas legislaturas y experto jurista, el ex presidente del Congreso ha sido autor y coordinador de numerosos recursos constitucionales a lo largo de su trayectoria política, así como de otras acciones de su partido ante los tribunales. En esta ocasión, asegura que se encuentra ante el trabajo más amplio y completo de los que ha elaborado y calcula que puede alcanzar los casi trescientos folios de extensión.

El recurso del PP parte del planteamiento inicial de que el Estatuto de Cataluña traspasa la capacidad propia de una norma de su rango y se convierte en un «texto cuasi constitucional» porque «invade todos los resortes» de la carta magna. A partir de ahí, el recurso no sólo discute la definición de nación sino que reclama también un pronunciamiento del TC sobre el capítulo de derechos; el tratamiento, relación y blindaje de competencias; las atribuciones autonómicas sobre el poder judicial y otras instituciones estatales; el mercado financiero y todos los aspectos económicos que toca el 'Estatut'. Los autores sostienen que la práctica totalidad de los aspectos en los que entra la norma rozan la inconstitucionalidad cuando no incurren en ella flagrantemente.

Maquillaje

En su opinión, el PSOE y el equipo del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, que corrigieron con sus enmiendas en las Cortes el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña en septiembre de 2005, hicieron «un maquillaje» sin lograr la finalidad que perseguían para que el texto fuera plenamente constitucional.

Además del PP, se han planteado la posibilidad de presentar un recurso ante el TC contra el 'Estatut' el Defensor del Pueblo, los gobiernos de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón. En un principio, los 'populares' pensaron en recurrir en bloque desde todas las autonomías en las que gobiernan pero, finalmente, ante los distintos matices de los respectivos territorios y la petición que en tal sentido formuló el presidente del PP en Cataluña, Josep Piqué, el partido renunció a la iniciativa.