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ROCÍO MENDOZA
Jueves, 28 de diciembre 2006, 03:12
El personal contratado para atender y gestionar las llamadas que realizan los ciudadanos a los servicios de emergencias del 112 y del 061 de la Junta de Andalucía han comenzado una campaña de denuncia de su situación laboral para dar a conocer la situación de «precariedad laboral» que soportan al no ser un colectivo empleado por la administración autonómica, sino personal subcontratado por empresas de 'telemarketing'.
Por el momento, la movilización de estos trabajadores ha comenzado con dar a conocer a las distintas administraciones sus quejas y reivindicaciones haciéndoles llegar un documento que las explica. Según versa este documento facilitado a IDEAL por un representante sindical de CC OO de Granada, las denuncias de los trabajadores subcontratados se centran en la privatización de un servicio público que califican de «esencial», la discriminación en condiciones de trabajo (horarios y sueldos) con respecto a otros empleados de la Junta con los que comparten tareas y el incumplimiento del compromiso firmado por la Junta en 2003 para la eliminación de la subcontratación, entre otros.
Sobre la privatización, entre otros aspectos, el documento destaca que la empresa que los contrata pertenece al sector del 'telemarketing' «que nada tiene que ver con las distintas funciones que se realizan en un centro de coordinación de emergencias», en contacto directo con el ciudadano en apuros. Sobre las condiciones laborales, trabajan más horas semanales que los empleados públicos de la Junta, los turnos de trabajo (ya que hay que cubrir el trabajo las 24 horas del día 365 días al año) no tienen cadencia y no cuenta con vacaciones pagadas, además de tener un sueldo sensiblemente inferior al que corresponde a un teleoperador de Protección Civil o a los administrativos de Epes (la empresa pública de Emergencias Sanitarias).
Formación
En otro terreno, también incluyen reivindicaciones relativas a la formación. «Los trabajadores venimos demandando una formación continua cualificada y homologada por la Junta de Andalucía, ya que la impartida por las empresas subcontratadas es insuficiente en horas».
Con estas y otras condiciones, los empleados subcontratados concluyen que «el servicio al ciudadano queda en un segundo plano porque la máxima es la rentabilidad». Eso sí, a pesar de la campaña de información y denuncia que han comenzado, advierten que el servicio funciona bien gracias al empeño de los trabajadores y el apoyo de sus jefes.
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