La Abogacía critica con dureza la restricción de la justicia universal

La Abogacía española ha emitido hoy un duro comunicado contra la decisión del Congreso de aprobar una proposición de ley que limita la extensión de la jurisdicción de España fuera de sus fronteras, la conocida como justicia universal, que aboca al archivo de una decena de causas que se investigan en la Audiencia Nacional.

La tramitación parlamentaria, que ha sacado adelante el Grupo Popular gracias a su mayoría absoluta, entra en contradicción con los fundamentos de la jurisdicción universal y con compromisos internacionales adquiridos por España, según el Consejo General de la Abogacía, que ha mostrado su radical rechazo a la nueva e injusta limitación que vuelve a sufrir este importante principio de derecho internacional.

Con la aprobación de esta tramitación, España reduce drásticamente su compromiso internacional y su protagonismo en la lucha contra los crímenes sancionados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El cambio legal previsto podría dar lugar al archivo de varias causas abiertas, como el caso Couso, el genocidio de Guatemala, los asesinatos cometidos en el Sáhara y la relacionada con los delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma del Tíbet.

Nuevos espacios de impunidad

La primera reforma de esta legislación llevada a cabo en 2009 con el acuerdo de PSOE, entonces en el Gobierno, y el PP ya supuso un recorte exprés al principio de universalidad de la jurisdicción en diversas materias, que tuvo como consecuencia inmediata e identificable la imposibilidad de investigar posibles crímenes cometidos por Israel en la franja de Gaza durante la Operación Plomo Fundido, entre diciembre de 2008 y enero de 2009.

Según la Abogacía, llama la atención la celeridad con la que se producen las reformas de leyes orgánicas que afectan a estas cuestiones y, en el caso actual, la ausencia total de apoyos parlamentarios al Grupo que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara parlamentaria. Asimismo, llama mucho más la atención cuando estos ingredientes se unen para aprobar una claudicación de las responsabilidades internacionales de España en la persecución de los crímenes más atroces que puedan cometerse, tales como genocidio, crímenes de guerra, torturas o desapariciones forzadas.

De igual modo, la Abogacía asegura que se reducirá drásticamente la capacidad de los tribunales españoles para iniciar procedimientos por hechos delictivos de naturaleza transnacional: trata de personas, tráfico de estupefacientes, o delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad. Esto facilitará la existencia de nuevos espacios de impunidad para los presuntos culpables.