Más de cien municipios plantean recurso contra la Ley de Aguas

Un total de 119 municipios andaluces ya han iniciado los trámites pertinentes para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas para Andalucía, ya que sus respectivos plenos han aprobado esta iniciativa y se encuentran a la espera del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que es «preceptivo y no vinculante», según expuso ayer el secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz.

Sanz explicó en rueda de prensa que entre estos municipios, no sólo se encuentran los gobernados por el PP, sino también de otras formaciones políticas como el Partido Andalucista, independientes o, incluso, el PSOE, apuntando a los municipios de Posadas (Córdoba) y Al margen (Málaga).

«La Ley de Aguas es contraria a la autonomía local y pretende que la incompetencia de la Junta se convierta en el afán recaudatorio de los ayuntamientos», señala Sanz, que recuerda que el Tribunal Constitucional exige para la presentación del recurso que los Ayuntamientos adheridos a la iniciativa sumen una séptima parte de los existentes en la Comunidad (111 de los 771 consistorios) y acumulen el 16,7 por ciento de la población andaluza, «algo que se cumple de sobra».

La tramitación se inicia con la aprobación en el pleno de los Ayuntamientos de esta iniciativa, algo que ya se ha hecho en 119 consistorios, y su registro en las Delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía, tras lo que se remite al Consejo Consultivo de Andalucía para que dé su dictamen al respecto, algo que el PP-A prevé ocurra la próxima semana. A continuación, se podría iniciar formalmente la presentación del recurso, por lo que «daría tiempo a que esta normativa quedara paralizada antes de que se pusiera en vigor el día 1 de enero de 2011».

Explicó que la ley «lesiona» el principio de autonomía local al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios en las Bases de Régimen y Autonomía Local, debido a la aplicación de «un canon a que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de competencia autonómica». Así, entiende que la Ley es «puramente recaudatoria, no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y además, por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz».

Sanz indicó que el crecimiento de las facturas ronde entre el 40% y el 200%, «dependiendo de la actividad y la familia», algo que califica «doblemente injusto», al afectar a «todos los andaluces y gravar especialmente a las clases más desfavorecidas».