Asociaciones denuncian la «expulsión encubierta» de los gitanos rumanos de Motril

Dice que no quiere deletrear su nombre porque no ha ido a la escuela mientras barre la chabola que ha levantado para estar con su pareja y su hijo en un descampado de Motril. Alrededor de esta mujer se apilan los escombros que delatan cómo está la situación sobre la que está centrada ahora la atención mediática. Ella es una de las tres personas que decidió no volver a Rumanía y no aceptar por tanto el dinero para el billete de autobús que ofreció a sus compatriotas el Ayuntamiento motrileño. El resto, ya se han marchado.

Ayer esta historia de desarraigo escribió un capítulo más: las máquinas derribaron las chabolas del asentamiento de gitanos rumanos situado junto al barrio de Los Álamos y solo dejaron en pie la de esta familia que no quiere marcharse. Camiones de la empresa de limpieza se encargaron de recoger todos los residuos acumulados en los campamentos. La mujer que queda en el asentamiento, niega con la cabeza que quiera dejar la tierra motrileña y afirma que nadie les ha tratado mal. Dice que sus compañeros se fueron bien, pero no quiere que se le hagan muchas preguntas.

Las reacciones a la polémica que suscitó el que el Ayuntamiento pagase los billetes de vuelta a los gitanos rumanos -se marcharon el lunes por la noche- que habían desahuciado de unos terrenos municipales, no se han hecho esperar. Aunque el gobierno local aseguró que estas personas se habían ido «por voluntad propia» y que el pago del autobús había sido una «cuestión humanitaria», hay quien no comulga con esta versión.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Gitana Anaquerando y Motril Acoge consideran que la marcha de los gitanos rumanos ha sido una «expulsión disfrazada de repatriación voluntaria» y que el desalojo, la repatriación y el derribo del asentamiento «ha estado marcado por una falta de transparencia total».

Además indicaron que en según la Década por la Inclusión de los Gitanos este tipo de actuaciones son inaceptables y fomentan las actitudes racistas y xenófobas. «Estos actos violan los derechos humanos y dan continuidad a las inadmisibles expulsiones de personas (gitanas de Europa del Este) comenzadas por Francia, Gran Bretaña y Alemania», señalaron. «Si hubieran sido otro tipo de extranjeros comunitarios, no los hubieran desahuciado», criticó el director de Motril Acoge, Eugenio Pérez, que ha lamentado que esta actuación se haya producido «sin que los Servicios Sociales del Ayuntamiento hayan intentado realmente insertarlos en la sociedad, sin darles siquiera una oportunidad de integración», siguiendo la política del presidente Francia, Nicolas Sarkozy, pero llevándola a cabo de una manera «más elegante».

Con prisas

«Al pleno municipal en el que se decidió el desalojo ni siquiera se llevaron informes de Servicios Sociales o de la Policía sobre su situación. No entendemos las prisas que se han tomado por desalojarlos de unos terrenos que actualmente no tienen ninguna función más que el hecho de que son rumanos que viven en la marginalidad y no son bien recibidos», ha señalado el director de Motril Acoge.

Por su parte, el grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento motrileño comparó la política social del alcalde Carlos Rojas con la de Nicolas Sarkozy. «No se han interesado en buscar una solución consensuada donde prime la integración, la solidaridad y dignificación de las condiciones de vida, poniendo en marcha una vez más las soluciones fáciles y oportunistas al hilo de lo que está ocurriendo en otros lugares, intentando crear una situación de miedo y magnificando un problema que no existe», apuntó la concejala de IU, Daniela Paqué. La edil ha querido además mostrar sus apoyo a los vecinos residentes en las proximidades de las chabolas «porque entendemos la difícil situación que han atravesado, ya que no es agradable ver frente a tu casa a personas viviendo en la más absoluta marginalidad, pero la solución no pasa por la excavadora y la presión policial, sino por eliminar los asentamientos, pero dándoles una solución a estas personas a través de los servicios sociales».