El decreto de la discordia

El colectivo de trabajadores de la Junta de Andalucía vive desde hace semanas inmerso en una discordia interna insólita en la historia joven de esta administración. Todo a raíz del decreto ley de reordenación del sector público aprobado el pasado julio como una de las medidas de ajuste económico para contener el gasto y el déficit. ¿Qué es lo que ha hecho que de pronto Internet se llene de foros y los medios periodísticos de titulares sobre el malestar y la rebelión de los funcionarios de la Junta, que han salido a la calle con carteles denunciando enchufismo y privatizaciones de los servicios públicos autonómicos? ¿Cómo un decreto de los muchos que aprueba la Junta puede haber provocado tal polvareda? Cualquiera ajeno a la administración puede pensar lo lógico en estos tiempos de crisis y paro, que las protestas y boicot de los actos del presidente, José Antonio Griñán, y sus consejeros es porque alguien va a ser despedido. Nada de eso, sino todo lo contrario.

La raíz del malestar, aparte otras cuestiones colaterales, parte de los sindicatos de funcionarios porque entienden que con este decreto el Gobierno andaluz quiere meter por la puerta falsa de la administración a los trabajadores de las empresas públicas. De nada han servido las múltiples aclaraciones del Ejecutivo autonómico y tampoco las modificaciones al decreto de julio pactadas con CCOO y UGT e incluidas en el nuevo decreto-ley aprobado el pasado martes y en vigor desde ayer sábado. En este se «establece expresamente que no existirá ningún procedimiento de acceso a dicha condición (funcionario o laboral) distinto al establecido para la ciudadanía en general, para el personal laboral que se integra en las nuevas agencias, procedente de entidades instrumentales que se extinguen o se transforman».

Número de empleados

¿A quién afecta especialmente esta guerra? La Junta de Andalucía cuenta con 266.999 empleados, más del 50% de los trabajadores públicos en Andalucía, según datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La administración central de la Junta cuenta con alrededor de 52.000 empleados públicos, entre funcionarios y laborales, según CSIF. Mientras el sector empresarial ahora en cuestión tenía 26.936 contratados al 31 de diciembre de 2009, según Hacienda.

El origen de la discordia está en las disposiciones generales en las que se explica las razones y el nuevo modelo del sector y en el capítulo dedicado a personal, según ha coincidido la responsable de CSIF Andalucía, Alicia Mar tos, y el representante de CCOO en la negociación, Antonio Lozano. La reordenación responde al cumplimiento del acuerdo marco entre las autonomías y el Estado para la estabilidad presupuestaria y la contención del déficit, como ha reiterado la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Pero la Junta quería aprovechar también el decreto para, además de «reforzar el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas», adaptar la estructura del sector público de la Junta al «nuevo marco legal», como explica Manuel Alcaide, secretario general de Administración Pública. En concreto a la Ley de Contratos estatal y al Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, para que las agencias o empresas que se crearon en su momento «con el fin de que la Administración, con una mayor autonomía de gestión pudiera realizar determinadas actividades y prestar servicios de una manera más eficaz y con mayor proximidad a los ciudadanos», según Alcaide, puedan seguir haciéndolo adaptadas a las nuevas normas. Y sobre todo, como recuerda Lozano, con garantías jurídicas para que los tribunales no tumbaran algunas de sus actuaciones al vadear el derecho administrativo, caso de la sentencia contra Egmasa, sociedad mercantil que se rige por el derecho privado.

Para todo ello, el decreto de julio modifica hasta cuatro leyes, incluida la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA) de 2007. Esta ya preveía la ordenación del sector empresarial y establecía

dos categorías de empresas, las agencias público empresariales, regidas por el derecho privado; y las agencias de régimen especial, por el administrativo. Es decir, sus potestades administrativas tienen que estar ejercidas por funcionarios. La modificación que introduce el decreto de julio, para sujetarse a las leyes estatales mencionadas, establece dos tipos de agencias público empresariales, una como la ya citada, dedicada a la producción de bienes y servicios en régimen de libre mercado en el marco del derecho privado.

Privado y administrativo

El nuevo modelo es para aquellas que ejercen «competencias propias o programas propios de la consejería matriz a través de actividades de promoción pública, prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación», según expone el decreto. El marco jurídico de estas puede ser tanto el derecho administrativo como el privado. El mismo decreto subraya su nueva importancia, al constituirse como administración pública, «con ejercicio de prerrogativas en la ejecución y extinción de los contratos públicos». Es decir, estas agencias público empresariales deben contar, como las especiales, con funcionarios. Según el decreto tras sus modificaciones, estos funcionarios estarán adscritos a las consejerías, y funcionalmente actuarán en las agencias.

A partir de aquí es donde se cocinan las diferencias entre los sindicatos y el Gobierno andaluz. La reordenación aprobada contempla la supresión de 111 de los más de 250 entes instrumentales, sociedades, empresas o fundaciones del sector público andaluz con el propósito de ahorrar cien millones de euros en tres años, sobre todo por la reducción de sueldos de directivos y de sedes. En una primera fase, el decreto contempla la organización de nueve grandes contenedores o agencias que incorporan a las extinguidas. ¿De qué tipo son estas agencias? La mayoría son agencias público empresariales del segundo modelo, sujetas tanto al derecho administrativo como al privado, para gestionar obra pública y ferrocarriles, servicios sociales como dependencia, investigación, obras de medio ambiente y extinción de incendios, hospitales y actividades culturales. Sin embargo, la Agencia Andaluza de Empleo y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, serán de régimen especial.

Es decir, todas ellas deberán contar con personal funcionario para que puedan ejercer potestades de carácter administrativo. En el caso de las agencias empresariales este personal funcionario será voluntario, estará adscrito a las consejerías y funcionalmente a las nuevas empresas. En el de las agencias de régimen especial, no existe esa voluntariedad. Al menos dos mil funcionarios pueden verse afectados.

¿Por qué la polémica? Principalmente por la situación en que quedarán los diferentes tipos de empleados públicos que se encontrarán trabajando juntos en una misma agencia: funcionarios, laborales y contratados de las agencias. Pero los sindicatos de funcionarios también expresan su temor a que esta reordenación no sea más que una puerta para ir desmantelando la administración tradicional y creer una paralela con mayor control desde el Gobierno, pero menos transparencia en la selección de personal, lo que llaman privatización de servicios. El Gobierno de la Junta niega taxativamente que el decreto dé pie a esta posibilidad, argumento que apoya UGT y CCOO. Cada parte interpreta el decreto y sus modificaciones. He aquí tres versiones:

Alicia Martos CSIF

«A los contratados les negamos la cualidad de empleados públicos»

Para Alicia Martos, responsable de la Central Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, el Gobierno «si no miente, no dice toda la verdad». Su sindicato, lo mismo que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), reivindica la derogación del decreto y son convocantes de las protestas contra el Gobierno. CSIF se levantó de la Mesa de la Función Pública que sancionó las modificaciones de UGT y CCOO al decreto, al entender que ya estaban pactadas. Alicia Martos argumenta que con el decreto se establece un «nuevo modelo de gestión pública» con el que no están de acuerdo. Martos afirma que las agencias empresariales y las especiales ejercerán potestades administrativas reservadas a los funcionarios según la Constitución, pero estarán sometidas en su modo de gestión al derecho privado. Para CSIF, es la fórmula para la «privatización de los servicios públicos».

Respecto a la voluntariedad de los funcionarios, advierte que no es del todo cierta. «Los de las agencias especiales tienen que integrarse sí o sí», indica. En cuanto a los que pasen a las agencias público empresariales, advierte de que la «voluntariedad es una mera entelequia». En su opinión, los que se marchen con contratos laborales, «su derecho de retorno no va a poder ser, porque se va a suprimir su plaza para reducir gasto». También pregunta por el «limbo administrativo» en el que pueden quedar otros, como por ejemplo un trabajador social que no quiera pasar a la agencia de servicios sociales. También opina que el decreto crea una nueva figura administrativa, como es la «excedencia por prestación de servicios en el sector público», no regulada, como la de un funcionario que pasa como laboral a la agencia. Todo ello le hace afirmar que para el Gobierno «el funcionario es una especie en extinción».

Pero por lo que el CSIF tiene recurrido al TSJA el decreto, es por la integración de los contratados de las empresas en las agencias, a los que en las pancartas llama «enchufados». Para Martos, la Junta quiere considerarlos empleados públicos, y según el Estatuto de Empleado Público, no lo son «porque no han acreditado su ingreso por los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad», es decir, por oposiciones publicadas en el BOJA.No le vale que el decreto especifique que no cambiarán su condición laboral. «No le vamos a dar la cualidad de empleado público», enfatiza.

Antonio Lozano CC OO

«Hablar de enchufismo no es bueno ni lo correcto»

Antonio Lozano ha sido el responsable de CCOOen la negociación de este sindicato con la Junta de Andalucía. Lozano critica que la polémica haya creado malestar entre unos trabajadores y otros de la Junta. «Hablar de enchufismo no es bueno ni lo correcto», apunta. Explica que los trabajadores de las empresas públicas que ahora pasan a las agencias también hacen pruebas de acceso. Su sindicato y UGT, no obstante, han logrado en su acuerdo con la Junta aclarar varios conceptos que quedaban confusos en el primer decreto sobre la salvaguarda del empleado público. Así, Lozano recuerda que la implicación de los funcionarios en las agencias empresariales será de dos tipos, el que se adscriba funcionalmente y el que desee formar parte de la agencia. En este caso, será como pedir una excedencia y entrar como empleado laboral, pero siempre conservará su puesto de funcionario al que podrá volver cuando quiera y, además, con incentivos por haber trabajado en la agencia. En el caso del funcionario adscrito funcionalmente, los sindicatos han logrado modificar que las condiciones de horario, jornadas y régimen disciplinario sean potestad de la consejería, no de la agencia. También es novedad la integración voluntaria del empleado laboral de la Junta, cuando en el primer decreto se le adscribía sin más.

Respecto a los empleados de las agencias, Antonio Lozano reitera que no modificarán su condición, es decir «se quedan exactamente igual que estaban». Ninguno pasará a funcionario o laboral de la Junta sin pasar por unas pruebas de acceso libres. «El personal de la Junta siempre va a ser de la Junta y el de la agencia, de la agencia». Respecto al temor de la privatización, asegura que «con este documento no hay privatización, sólo reestructuración del sector».

Manuel Alcaide Junta de Andalucía

«El decreto fortalece la figura del funcionario»

Para el secretario general para la Administración Pública de la Junta, Manuel Alcaide, no es cierto que los empleados de las empresas accedan sin pruebas a sus trabajos. «En los convenios colectivos de las empresas están recogidos los distintos procedimientos de acceso y promoción interna. En todo caso, están garantizados los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad». Estos convenios están publicados en el BOJA y responden a los acuerdos alcanzados con los sindicatos, añade.

Para Alcaide, el paso a las agencias de todos los empleados, se hará «con plena garantía para los trabajadores». En el caso del personal funcionario, fortaleciendo su figura, respetando su voluntad de adscripción y sus derechos adquiridos y habilitando fórmulas para que las funciones de autoridad que ejerzan las agencias públicas sean desarrolladas en todo caso por funcionarios. Para Manuel Alcaide, la garantía de que el decreto es un antídoto contra la privatización la da la incorporación de funcionarios a las agencias, porque «permitirá mejorar las funciones y servicios que actualmente gestionan». Con dicha incorporación, añade, «se asegura el mantenimiento en el ámbito público de servicios que este Gobierno apuesta por que se sigan prestando por las administraciones públicas, sin recurrir a modelos liberalizadores y privatizadores, como ocurre en otras comunidades autónomas».