Los moroSOS piden ayuda

Imagínese que va a comprar una casa, o un coche, o cualquier artículo para el que necesite un crédito. Tras buscar, comparar y negociar, firma el contrato. Misión cumplida. Solo queda pedir el préstamo, para lo que no debería haber ningún problema. Pero cuando llega a la entidad financiera de turno, todo se viene abajo. Al otro lado de la mesa le informan de que no le dejan el dinero porque no es una persona de fiar: su nombre figura en un fichero de solvencia, más conocido como lista de morosos. ¿Qué ha sucedido? Lo explica David Avellaneda Recio, secretario general de FACUA en Granada. FACUA es la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción, que despliega una importante labor de información, cobertura y denuncia en favor de los consumidores. Para entender cómo un ciudadano puede acabar en un registro de morosos explica que «lo primero es contar cómo funcionan las empresas de cobro a morosos y lo siguiente es explicar cómo se generan esas deudas».

Desde su amplia experiencia de servicio a los granadinos David Avellaneda tira de ejemplos: «Es un clásico. Tú tienes una empresa de teléfonos y yo soy una empresa de cobro. Ocurre que los usuarios acumulan deudas. Unas serán ciertas, verdaderas, legales. Es decir, porque el usuario no quiere pagar. Pero la mayoría son simplemente por desconocimiento del usuario. Nosotros a veces comentamos que pueden dividirse en deudas 'legales' y deudas 'ilegales'».

El secretario general de FACUA prosigue. «La deuda se genera caso a caso, consumidor a consumidor, y llega un momento que la empresa de telefonía acumula, por ejemplo cinco millones de euros. Entonces la empresa de cobro, a su vez, compra a la empresa de telefonía la deuda según un porcentaje negociado». Es decir, la empresa de cobro le paga un porcentaje de la deuda total «y ya es suya. Y gana todo lo que cobre por encima de lo que ha pagado». Además, también suelen ir a medias, en vez de ceder la gestión del cobro de la deuda total por un porcentaje.

Respecto a los tipos de deuda, informa que está «la deuda clásica del impago, porque no quieres o no puedes. Pero luego hay gente a la que se reclama cantidades que no conoce. Son conceptos que no había pactado, o porque le facturan cantidades que no corresponden a su consumo». El ejemplo es de libro «y sucede mucho con los contratos de móviles de empresa, cuando caduca la permanencia y te la renuevan sin consentimiento».

La consecuencia es que a finales del año pasado casi dos millones y medio de personas -excluidas las empresas- engrosaban estas 'listas negras' en España, según Pere Brachfield, profesor de la EAE Business School y vicepresidente de la Asociación Española Profesional de Gestores de Cobro. «A estas alturas ya pueden llegar a los 2,7 millones», aventura, porque quienes entran, «200.000 personas al mes», son más de las que salen. Sobre todo, en tiempo de crisis.

En el caso de Granada, FACUA informa que «la situación es equiparable al resto de España». Por ejemplo, anualmente, en Granada hay más de un millar de consultas sobre este tema, «de las que la mitad son de personas con problemas de morosidad y que reclaman salir de estas listas». David Avellaneda informa que «a la gente no le reclaman por grandes cantidades sino por importes pequeñitos, de menos de cien euros». Y los consumidores, «hartos, prefieren pagar y salir de estos registros de morosos». Por lo demás, FACUA Granada añade que «el sector de las telecomunicaciones es el que más problema está dando, por esta conjunción entre la empresa telefónica y la de cobro, que actúa de forma automática y con un nivel de acoso bastante importante, con cartas amenazadoras, intimidantes y la inclusión en estos registros de morosos». Quizá por esta razón, han decaído en este momento respecto a otros años las deudas de servicios básicos: «Hay muy poquito trabajo con temas de facturas de agua, luz o gas». Respecto al tercer gran grupo, el de los créditos al consumo y las tarjetas de crédito, «de esos ya vemos muy pocos. Casi han desaparecido».

El problema es que muchos de quienes sufren este estigma cargan con él de manera injusta. El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez, alertó la pasada semana de que se está disparando el número de ciudadanos incluidos de forma indebida en los temidos archivos de morosos, sobre todo en los sectores de las telecomunicaciones y en la banca, que concentran la mayoría de las denuncias.

Todo esto le pasa a personas con nombre y apellidos. Como Pilar Domingo, a quien le salió muy caro darse de baja en un canal de televisión de pago. Tras llamar varias veces a la empresa para devolver el descodificador, lo llevó a reciclar y al año siguiente la llamaron para reclamárselo. Eso, después de haberle cobrado tres mensualidades tras haberse dado de baja en el servicio. Se negó a pagar el aparato y entonces una empresa de recobro empezó a acosarla. «Me llamaban a todas horas y siempre con coacciones», explica. Al cabo de un tiempo, recibió una carta comunicándole que estaba en el archivo de morosos Asnef-Equifax.

«Una bolsa oculta»

A Pilar no le queda otro remedio que pleitear. Y puede llegar a tener suerte. Un vecino de Zaragoza logró que Orange le indemnizara con 6.000 euros porque le había metido en una lista de morosos de manera irregular, tras pedirle 60 euros por liquidar dos líneas de teléfono que había dado de baja dos años antes. Y un madrileño consiguió una indemnización de 800 porque la inclusión ilegal en los archivos de solvencia por parte de otra operadora le había impedido contratar una hipoteca. Las grandes empresas se exponen a sustanciosas multas en caso de cometer estos atropellos: la AEPD impuso a Movistar una de 400.000 euros por reclamar una deuda inexistente a un abonado.

Se trata de una de las sanciones más fuertes que ha fijado. Pueden oscilar entre los 900 y los 600.000 euros, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, en función de si la infracción es leve, grave o muy grave. A la hora de valorar ese factor se tienen en cuenta varios aspectos como la reincidencia y el volumen de los perjuicios causados.

¿Cuántas personas de esos 2,5 millones están irregularmente inscritas en las 'listas negras'? No hay datos. «Es imposible saberlo», apunta Iñaki Velasco, abogado de la Organización Vasca de Consumidores (EKA-OCUV). «Hay muchísima gente que no sabe que está en el registro» pese a que debe comunicarse al interesado en un plazo máximo de treinta días desde su inclusión. Así que «hay una bolsa oculta muy importante de personas que no se enteran hasta que van a pedir un crédito y que, de otro modo, nunca llegarían a saberlo».

Procesos eternos

También es cierto que ante el temor a un proceso caro y la insistencia de las empresas de recobro, muchos ciudadanos se pliegan y optan por pagar esos 30, 40 ó 60 euros que les piden a sabiendas de que se trata de una situación injusta. Y también hay que recordar que los procedimientos pueden llegar a ser desesperantemente largos. Por ejemplo, en EKA-OCUV recuerdan que «hemos estado hasta el año pasado con gente que seguía en los registros de solvencia por el caso Opening». Esa academia de idiomas cerró en 2002 y desde entonces multitud de sentencias reconocen que la deuda contraída no es exigible porque no recibieron el servicio contratado.

La única aproximación a esta realidad desde un punto de vista cuantitativo son los datos de la AEPD. Ni mucho menos dan idea de la dimensión del problema, pero sí revelan la evolución al alza de la que hablaba su director: en 2010 recibieron 900 denuncias en el ámbito de la morosidad, «principalmente relacionadas con la inclusión en ficheros de solvencia», mientras que en 2009 habían sido 700. En la gran mayoría de los casos, las empresas infractoras eran de telecomunicaciones y financieras. De hecho, estos dos sectores son los que acumulan más sanciones de la AEPD por todos los conceptos: las primeras, 9,2 millones de euros en 2010 (el 52,5% del total) y las segundas 3,8 millones (el 21,5%). No hay nada que los ciudadanos puedan hacer para asegurarse de que no serán víctimas de una de estas situaciones, pero sí pueden tomar medidas para dificultar que les ocurra. «Lo mejor es, cuando no se está de acuerdo con un pago, presentar la reclamación correspondiente».