Los empleados de la residencia de Siles ganan la batalla judicial contra el alcalde

Hace ya más de medio siglo que a una vecina de Siles, con uno de los patrimonios más significativos del pueblo y, sin herederos, se le ocurrió la idea de que lo mejor que podía hacer con su patrimonio era ayudar a sus vecinos, y que mejor manera que con un recurso para acoger a los ancianos que no tuvieran recursos. Dicen los vecinos de Siles que, por lo que han escuchado a lo largo de todos estos años se trataba de una mujer muy religiosa y lo cierto es que la solidaridad le venía de familia. Su hermano fue quien puso el patrimonio para construir el instituto del pueblo.

Esta mujer entregó su patrimonio y cambio, claro, pidió una serie de requisitos, en previsión de que la residencia no se gestionase todo lo bien que debiera. El requisito principal era que para la gestión de la residencia se crearía una fundación, compuesta por un presidente, que sería siempre el alcalde del pueblo y dos patronos, que podían ser médicos, párrocos y otra serie de profesiones.

Esta residencia que comenzó siendo muy pequeña y que atendía a apenas una decena de ancianos, fue rehabilitada, ampliada y concertada con la Junta de Andalucía hace unos años. A día de hoy es la empresa más potente de Siles. Tiene empleadas a aproximadamente cincuenta personas y atiende a 60 ancianos, por lo que se ha convertido en la residencia de referencia de toda la comarca.

Conflictos

El problema es que desde hace más de un año, buena parte de los empleados y el Ayuntamiento se encuentran en pie de guerra casi constante. El primer encierro que protagonizaron una parte de los empleados fue en diciembre de 2007. En aquel entonces su queja era por «contrataciones arbitrarias» y esa es la misma queja que se ha mantenido hasta el día de hoy. En agosto de 2007 hubo otro nuevo encierro y aquello derivó en la decisión del presidente de la Fundación, el alcalde, Francisco Javier Bermúdez (PP) de suspender de empleo y sueldo a 13 de los trabajadores que protagonizaron ese encierro. La secretaria del PSOE local, Regina Fernández, trabajadora también del centro y delegada sindical en el mismo, asegura que los problemas surgieron con la llegada del actual alcalde.

El caso es que esta decisión de suspender a los trabajadores de empleo y sueldo acabó en los tribunales. Los empleados denunciaron al presidente. Recientemente se celebró el juicio «y el propio juez aconsejó que los abogados de las dos partes llegaran a un acuerdo y en ese acuerdo el alcalde ha tenido que rectificar, ha retirado la suspensión y ha dejado la falta muy grave en una falta leve que finalmente prescribirá en dos meses.