Imputan al dueño de una finca por contratar a un 'sin papeles'

Un empresario de Andújar identificado con las iniciales C.B.M. ha sido imputado por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, después de que la Guardia Civil descubriese que tenía trabajando en su finca a un ciudadano brasileño sin permiso de residencia y trabajo.

Coincidiendo con el inicio de la campaña de recogida de la aceituna, patrullas conjuntas de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo están recorriendo los tajos olivareros para detectar la presencia de 'sin papeles' en las cuadrillas, según informó el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro Téllez. Las fuentes consultadas en el Instituto Armado, indican sin embargo que el brasileño detectado no responde al perfil de temporero contratado de forma ilegal para la aceituna, sino que hacía funciones de cuidado de jardines y guarda de la finca, ubicada en Andújar.

Además de tener que responder ante la Justicia (el empresario ha sido puesto a disposición judicial) el que contrata a inmigrantes sin papeles se juega una sanción administrativa de 6.000 euros por cada trabajador ilegal que tenga en su finca.

Inspecciones

El año pasado, según datos de la Subdelegación del Gobierno de Jaén, se abrieron 123 expedientes por asuntos relacionados con la presencia de trabajadores irregulares, de los que siete acabaron en sanción administrativa. El Estado recaudó de esta forma alrededor de 50.000 euros, indican fuentes oficiales de la Subdelegación antes del inicio de la aceituna este año.

Además de la presencia de trabajadores inmigrantes indocumentados, las inspecciones de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo buscan también trabajadores nacionales que cobran algún tipo de prestación por desempleo que estén echando jornales furtivos. Dada la situación desempleo que se vive en la provincia, se va a tener mano dura con los infractores. El subdelegado Calahorro ya advirtió ante el inicio de la recogida que en lo que va de año la Inspección de Trabajo ha hecho más de 7.000 actuaciones contra la economía sumergida, que han acarreado a los infractores más de un millón de euros en sanciones y que han afectado a más de 2.500 trabajadores.

La llegada de trabajadores inmigrantes en el comienzo de la campaña está siendo mucho menor que en años precedentes. Aunque no hay trabajo para casi nadie.