El empobrecimiento y la exclusión social se ceba con los inmigrantes 'sin papeles'

Cáritas define la exclusión social como el proceso generado al interactuar tres factores, que son la carencia de recursos para satisfacer la seguridad y subsistencia, además de la imposibilidad de disponer de las capacidades para saber afrontar la vida con dignidad y autonomía. En tercer lugar, se encontraría la imposibilidad de cubrir sus necesidades de relación y participación social, de forma que el resto de la sociedad acaba ejerciendo un rechazo que le impide participar en la construcción de esa misma sociedad.

En la provincia de Jaén existen 7.040 hogares excluidos (el 3,8 por ciento del total), según denuncia en un informe la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Ello significa que 25.091 personas se encuentran empobrecidas y marginadas socialmente. En la ciudad de Jaén se estima que hay unas 3.100 personas excluidas (2,66 por ciento).

Pero los casos no sólo están en la capital, sino que hay 7 municipios concentran más de 100 hogares en exclusión. Son Andújar con 468 (4,59%), Jódar con 423 (13,36%), Linares con 639 (3,91%), Úbeda con 204 (2,32%), Martos con 171 (2,70%), Alcalá la Real con 191 (3%) y Jaén con 779 (2,66%). En esta última ciudad, el informe también apunta que los barrios que sufren en mayor medida la situación de exclusión se localizan en la Magdalena, San Juan, San Vicente de Paúl (todos en el casco histórico) y en el Valle (noroeste).

Cultura diferente

La exclusión no afecta a todos los grupos por igual, sino que se forman clases marginadas social y económicamente atendiendo a varios aspectos. Uno de ellos es el de la inmigración, en muchos de los casos 'sin papeles' que «se ven rechazados por una cultura rica y culturalmente diferente, que diseña leyes para favorecer a la ciudadanía del Primer Mundo y que le asigna casi siempre los trabajos despreciados por la propia población, cuando no les cierra el acceso al trabajo legal, lo que les obliga a actividades no regularizadas con un alto índice de precariedad y explotación», critica el informe de APDHA.

Para la asociación «los inmigrantes indocumentados forman parte ya del nuevo rostro de la marginación social, de los sin techo, del chabolismo, de la infravivienda, de la carencia de derechos y de la imposibilidad de acceso al estado del bienestar». En Jaén, según estimaciones de 2006, hay 10.547 no comunitarios con tarjeta de residencia, 11.239 no comunitarios según el padrón municipal y 690 extranjeros no comunitarios indocumentados.

Para ellos, su situación se determina por la ilegalidad administrativa y las relaciones sociales, punto éste que pueden ayudarlos a ir regularizando poco a poco su situación. Por su parte, los indicadores de la exclusión social en los inmigrantes son la falta de cobertura por desempleo, los problemas en la sanidad, la educación (con hándicaps como el idioma, el rechazo o el desconocimiento de normas), así como el complicado acceso a un hogar.

Otros discriminados

Pero esta marginación también la padecen otros grupos desde el punto de vista étnico, como los negros y los gitanos, así como las personas mayores sin recursos con prestaciones sociales o pensiones insuficientes. Tampoco escapan los jóvenes sin empleo, las mujeres que sufren la violencia doméstica, que ejercen la prostitución o que son las únicas responsables de familias monoparentales con pocos ingresos o nulos. A ellos se añaden los niños víctimas, junto a sus familias, de esta exclusión social.

De esta forma, ven muchos de sus derechos vulnerados. No pueden, por ejemplo, acceder a un techo, debido a «la fatal de vivienda social o de protección oficial, por lo que la infravivienda y el chabolismo son los principales problemas», continua el informe. También les acecha el desempleo. Las personas que pierden su trabajo a causa del paro o la enfermedad se ven sumidas en una situación de precariedad.

Igualmente, encuentran trabas para obtener una asistencia sanitaria adecuada en el caso de los enfermos mentales o toxicómanos, lo que provoca que muchas veces estas personas terminen en la calle o en el cárcel. De la misma manera, acusan la falta de educación, formación y cualificación profesional o laboral.

La asociación acusa también a la Administración de dar poco apoyo a las familias, «desarrollando una política de protección de menores encaminada a la retirada de estos en vez de evitar las situaciones sociales de riesgo». Por último, critica el no reconocimiento de la ancianidad al afirmar que «vivimos en una sociedad que mira al anciano como una carga y no como una persona que posee necesidades afectivas y de protección debido a la vulnerabilidad que supone su edad», dictamina.