Reforma en el hogar

LA convergencia a efectos de contratación y cotización del Régimen Especial de Empleados del Hogar con el general de la Seguridad Social reconocerá los derechos de un colectivo tradicionalmente desasistido. La nueva regulación comportará un sensible beneficio para las arcas públicas, ya que aflorará una importante bolsa de empleo sumergido y se reducirá el cuantioso volumen de las pensiones de jubilación del actual régimen especial. Pero la iniciativa del Gobierno también redundará en un incremento, aún no cuantificable, de los costes para los empleadores, que son en muchos casos familias reacias o con dificultades para reglamentar la situación laboral de quienes realizan las tareas domésticas, en su inmensa mayoría mujeres e inmigrantes.

La irregularidad de ese sector tan precario se ve alimentada por la disparidad de las cifras sobre su composición, que oscilan entre los 764.000 trabajadores registrados por la Encuesta de Población Activa, los casi 280.000 afiliados en la Seguridad Social y los 600.000 de otras estimaciones oficiales. La complejidad de la integración en el régimen general obligará a prolongarla durante un período transitorio de ocho años y a concretarla en futuros decretos. Pero debería erradicar por sí misma abusos que se han perpetuado, provocando, por ejemplo, que la mitad de las empleadas del servicio doméstico jubiladas precise de los llamados 'complementos mínimos' para redondear su exigua pensión, al no haber cotizado el tiempo suficiente. La reforma pretende aligerar una gran bolsa de economía sumergida, que actúa como un indeseado imán para los inmigrantes ilegales, y también regular el creciente nicho de empleo derivado de la atención a domicilio de las personas dependientes. No obstante, la eficacia de la nueva normativa dependerá en gran medida de cómo asimilen las economías familiares la obligatoriedad de establecer unos lazos contractuales que equipararán los derechos de sus empleadas a los del resto de trabajadores. Lo que conllevará, a su vez, una previsible subida de las cotizaciones mensuales, de las que el empleador abona ahora 121,82 euros y el contratado, 24,63. La reforma vendría así a trastocar todo un sector que, pese a su limitada influencia en el PIB, ha resultado fundamental para el progreso económico y social, dado que es indispensable para que millones de mujeres puedan compatibilizar su vida laboral y familiar. Por ello, las instituciones están obligadas a paliar la inseguridad que puede suscitar casi un millón de eventuales contrataciones nuevas y a prevenir posibles fraudes, como los detectados en una parte de las regularizaciones de inmigrantes empleadas de hogar que se dieron de baja una vez obtenidos los papeles. Ambos riesgos aconsejan impulsar la creación de sociedades cooperativas de trabajo doméstico a fin de favorecer la incorporación laboral y el combate contra las prácticas abusivas o fraudulentas.