El fiscal pide 8 años de inhabilitación al alcalde de Marmolejo por prevaricación

El fiscal acusa al actual alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano Garrido (PSOE), de un supuesto delito de prevaricación supuestamente cometido en 2005, cuando era concejal de Urbanismo. Los cargos son por la licencia concedida al tanatorio promovido por la empresa PMC Servicios SL, que según el Ministerio Público se otorgó al margen de la legalidad y a pesar de las advertencias al respecto hechas desde la Junta de Andalucía. Junto al actual alcalde está acusado A.L.F., aparejador municipal, por darle el visto bueno como empleado público a una actuación en la que actuó como director de obras de la empresa promotora. Para los dos se pide una condena de ocho años de inhabilitación en un juicio que se celebrará próximamente en un juzgado de lo Penal de Jaén.

De lo instruido desde 2014 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Andújar, el Ministerio Público deduce que la licencia solicitada en octubre de 2005 por una empresa para hacer un tanatorio en Marmolejo no debía haberse concedido al situarse en una parcela que no llegaba a los 5.000 metros cuadrados que exige la ley y que además es suelo no urbanizable.

El día siguiente de presentarse la licencia el aparejador municipal A.L.F. englobó el tanatorio entre edificaciones de utilidad pública y dijo que se le podía dar licencia si aumentaba la parcela hasta los 5.000 metros. El 25 de octubre, se respondió afirmativamente a la solicitud en un documento que firmaba Lozano Garrido, entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, «pese a ser conocedor de que la extensión de la parcela impide la concesión de cualquier licencia».

El 19 de enero de 2006 la Junta de Andalucía avaló el interés social del tanatorio, pero recordó que la parcela no cumplía los requisitos. Le advertía al consistorio que el expediente además estaba incompleto y que debía contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica. «El acusado Manuel Lozano Garrido hizo caso omiso a lo indicado», según el Fiscal.

El 31 de enero de 2006 la licencia fue a pleno y se aprobó por unanimidad. Según el Fiscal, se explicó a los concejales que la Junta había informado favorablemente, «lo cual solo es cierto en lo referente a la utilidad social de la construcción», pero nada se les dijo de los reparos. Así que finalmente el aparejador informó y el concejal firmó la licencia.

«Fue el propio aparejador acusado el que llevó a cabo la ejecución material de las obras por cuenta de la citada mercantil suscribiendo el 24 de octubre de 2006 el certificado final de la dirección de obras», añade el Fiscal. Posteriormente los dos acusados firmaron a favor de la licencia de apertura.

Declara su inocencia

Manuel Lozano Garrido siempre se ha declarado inocente. En fase de instrucción aportó en su comparecencia nueva documentación sobre el caso e insistió ante el juez instructor que todo se hizo con respeto a la legislación vigente. Lozano indicó ante su señoría que el alcalde Cristóbal Relaño (ya fallecido) era quien llevaba las riendas, «pero lo cierto es que había un expediente que se rechazó por la Junta y entonces se hizo un convenio urbanístico para hacerlo todo según la ley (...) No hay nada que ocultar, aquel proyecto se tramitó con normalidad y la gestión del PSOE en el Ayuntamiento fue siempre correcta», dijo.