Los pozos del Maguillo, al juez y a Bruselas

La guerra del agua de Beas de Segura se disputa ya en dos frentes: los tribunales de Justicia y el Parlamento Europeo. En juego, lo que los ecologistas de la Plataforma Valles Verdes consideran un ataque al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, o la rentabilidad de más de 650 hectáreas de olivar fuera del parque con muchos agricultores pendientes de los riegos. En el centro de la polémica, tres pozos en el paraje El Maguillo. Sondeos ilegales que saquean las reservas del Parque, construidos con la connivencia de las administraciones, dicen los ecologistas. Concesión de agua con todas las bendiciones legales y permisos en regla, según los regantes.

La denuncia ante la Unión Europea se presentó el pasado 24 de marzo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El trámite, dicen los ecologistas, es que se pidan explicaciones a las autoridades españolas. «En concreto por el supuesto no respeto de la legislación comunitaria de este proyecto de iniciativa privada en un espacio protegido por dos directivas y una Decisión de la Comisión europea». Aunque también se denuncia al Ayuntamiento de Beas, a la Agencia Andaluza del Agua y a Medio Ambiente. Lo que esperan los ecologistas es la paralización de las obras en el interior del Parque Natural. «La Plataforma cuenta ya de momento con el interés demostrado por el diputado europeo Sosa Wagner (de UPyD, el partido de Rosa Díez) quien ha igualmente dirigido a la Junta pidiendo información» asegura la plataforma.

Desde agosto de 2009 la Fiscalía también está al tanto. Hay diligencias abiertas en un juzgado. Se llegó a pedir a Medio Ambiente documentación sobre el tema. Como no se obtuvo respuesta en el plazo legal de seis meses, se remitió todo al juzgado que lleva el caso, para que se siga desde allí la investigación, según confirman fuentes del Ministerio Público. En el Seprona de la Guardia Civil indican que se hicieron pesquisas que los resultados se llevaron al juez.

Paralizado

«Tenemos informaciones no oficiales que en la actualidad, este proyecto está paralizado, ya que la Consejería de Medio Ambiente está a la espera del informe de No Afección del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Por otra parte, la Consejería no ha autorizado que la captación funcione con el generador que la Comunidad ha instalado 'in situ', que implica un alto riesgo de incendio en pleno monte», dicen los ecologistas. La Junta de Andalucía se ha limitado a manifestar que tiene conocimiento de que «la Junta Rectora del Parque ha pedido nuevos informes al Instituto Geológico y Minero», además de los ya incluidos en primera declaración de impacto ambiental.

Esa declaración, dicen en Valles Verdes, es de 23 de marzo de 2007, y no fue publicada en el BOP hasta el 15 de octubre de 2008, «un año y medio después de su firma, cuando las obras dentro del Parque Natural ya habían sido terminadas. A lo largo del año 2007 se ejecutaron las obras en el paraje del Maguillo, dentro del Parque Natural, y todas las solicitudes de información de Valles Verdes al Ayuntamiento de Beas y a Medio Ambiente, fueron desatendidas», dicen los ecologistas.

Además del impacto sobre el terreno de las obras, Valles Verdes asegura que «el mayor riesgo es la sobre explotación del acuífero por la extracción de 45 litros por segundo (el equivalente a dos piscinas olímpicas al día o las necesidades de una población de 20.000 habitantes), lo que supondrá el agotamiento de los manantiales en esa zona y el fin de los cultivos de decenas de habitantes locales, en beneficio a 20km y fuera del Parque de unos pocos particulares de una asociación con fines lucrativos».

«Nos jugamos el futuro»

Sebastián Molina, alcalde de Beas, conoce bien el problema porque durante muchos años fue miembro de la directiva de la asociación de regantes, y es tajante sobre las bondades de los sondeos: «Nos jugamos el futuro del pueblo, que la gente se tenga que ir por ahí a buscarse la vida. Somos un municipio con 11.000 hectáreas de término y casi todo de secano. Con las nuevas plantaciones de superintensivo y la situación actual de precios del olivar, el riego es fundamental». Y destaca que la protección al medio ambiente ha estado garantizada. «Nunca se ha dado un solo paso sin tener la autorización del organismo correspondiente. No se ha hecho nada hasta la concesión del riego en 2007».

Molina explica que se hizo la tramitación durante muchos años sin que nadie pusiera objeciones. «Ni los ecologistas se opusieron en 2005 y 2006, antes de la concesión. Una vez que se obtuvo aparecieron otros intereses. Lo único cierto es que hay una concesión con todo en regla y quien se oponga debe usar los mecanismos legales y administrativos. Que no viertan mentiras. El riego no fastidia a nadie y los regantes tienen derecho al principio de seguridad jurídica de los actos ya aprobados. El parque natural no nos impide crear riqueza. Eso es un disparate. Estamos hablando de agricultores con parcelas de 100 ó 150 olivos, no de grandes terratenientes», dice el regidor, que admite que tal vez usar un grupo electrógeno para regar no fuera acertado, y que hay un proyecto de línea eléctrica.