Aplazan el desahucio de un vecino del barrio de Arrayanes de Linares

La cara más descarnada de la crisis se hace cada día más patente en la provincia de Jaén. Con cerca de 70 casos de desahucio que han pedido auxilio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torredelcampo (PAH) o las distintas delegaciones locales del 15-M, la populosa barriada de Arrayanes se volcaba ayer con su vecino, José Vitoria Tomás Barrero, quien recogía ayer sus últimos enseres antes de que se hiciera efectiva la orden de desahucio.

Era el tercer intento por parte de Bankia para que este vecino, de 40 años y soltero, abandonara la vivienda de la calle Emilia Pardo Bazán, tras adquirir una deuda de 69.000 euros. Una ejecución que, gracias a la presencia de la PAH y miembros del 15-M Linares junto con la presión vecinal, ha conseguido una nueva prórroga.

Como siempre el origen de la pesadilla de José Vitoriano se esconde en la crisis y la destrucción de empleo que ha provocado, especialmente en sectores como la industria metalmecánica, a la que pertenecía y en la que trabajaba, hasta 2009, como soldador. Fue entonces, ante la imposibilidad de hacer frente a una hipoteca de 300 euros cuando las cuentas comenzaron a ahogar cada día un poco más a Tomás Barrero. «Estoy machacado y cabreado después de estar desde las siete de la mana sacando cosas del piso. Me han pedido que pague 69.000 euros en efectivo o que lo ingrese en la cuenta. ¿De dónde saco yo el dinero? Cuando te quedas en paro terminas por comerte todo lo ahorrado y si me echan tendré que dormir en el coche o en casa de algún amigo», señalaba Tomás Barrero a la espera de que se efectuara el desahucio que, finalmente, no se produjo pues, ante las protestas de la ciudadanía, no llegó a personarse ningún responsable del juzgado ni de la entidad bancaria.

Según explica José Vitoriano, el de ayer fue el tercer intento de desahucio en los últimos meses, durante los cuales ha intentado negociar un alquiler social «y de esta forma yo no estoy en la calle ni ellos tienen el piso vacío». «He estado trabajando como soldador y, con una nómina de 1.200 euros, Bankia me abrió las puertas. Allí tenía todos mis ahorros. Me piden que pague la totalidad del piso, con todos los gastos e impuestos, es decir, 69.000 euros cuando el piso lo compré por 40.000 euros. En 2004 adquirió el piso, que durante un año estuvo en régimen de alquiler con derecho a compra. Tras tres años pagando hipoteca, hasta 2009, que dejé de pagar porque los ingresos eran mínimos, ahora trabajo los fines de semana como guarda de seguridad de una fábrica y gano 320 euros», explica.

Sin para alquilar una vivienda con lo que cobra, lamenta que el Gobierno rescate a Bankia, la entidad que ahora le desahucia, y él se vea como muchas otras familias en la calle. «No es lógico que a ellos los rescaten con el dinero de todos los españoles y yo, que estoy pagando mis impuestos nos quedamos en la calle y endeudados para toda la vida», comenta.

Unos 70 casos

El caso de José Vitoriano es «uno más» de los que se prevén que estén ocurriendo casi diariamente en la provincia pues, como explica Salvador González, portavoz de PAH de Torredelcampo, «son muchos los casos que no se conocen por la vergüenza que sienten los afectados».

De momento, el colectivo jienense contabiliza cerca de 70 casos en toda la provincia. «Existen pocos argumentos ante este tipo de situaciones, cuando es el tercer intento de desahucio. No es que no quiera pagar, es que está en paro y no puede, y aunque se ha intentado reducir la cuota, no ha sido posible y encima por una entidad que ha recibido fondos públicos, por lo que debería ser un poco más condescendientes», apunta González, quien asegura que hasta la fecha se han conseguido algunos acuerdos en otros casos similares.

Por ello, desde PAH pretende sensibilizar a la sociedad de que «es un problema que han provocado los bancos y no los afectados», y conseguir más presión en las negociaciones. «En algunos casos hemos conseguido un periodo de carencia, pero en el 70 de casos se está en un proceso de ejecución, más los que no nos hemos enterado. Lo que solicitamos es que se paralicen los desahucios como se ha conseguido en Canarias, donde hay una moratoria de cinco años, por eso queremos que Ayuntamientos y Diputación negocien esto y evitar este drama social», explica el portavoz del PAH, que mantiene su campaña de recogida de firmas para presentar ante el Congreso de los Diputados a favor de una modificación de la Ley Hipotecaria.

Por su parte, desde la agrupación local del 15-M, que ha querido apoyar «este caso de total indefensión» ha insistido en la necesidad de crear alternativas «contra el acoso bancario». «Los Ayuntamientos deberían tener un fondo de vivienda, no necesariamente en propiedad, y que la gente pueda usarla por una cantidad módica hasta mejorar su situación», argumentan desde el 15-M, desde donde se insiste que pese a que la situación de las arcas municipales no limita esta medida porque «todo depende de las prioridades». Así, el colectivo apuesta por negociar con las entidades bancarias una opción favorable a todas las partes, «y que permitirá a las entidades bancarias recuperar el prestigio que están perdiendo».