Una familia ocupa un piso durante un año y venden las pertenencias de la propietaria

Una casa destrozada, sin ninguna pertenencia de valor y facturas impagadas de los suministros de más de 1.300 euros. Eso es lo que le queda a una linarense, Silvia Justicia García, tras más de un año de trámites judiciales para poder entrar a su casa, ocupada por una familia de etnia gitana de manera irregular.

Con la rabia de enfrentarse al pago de una hipoteca de un piso que poco tiene que ver con el hogar que Silvia construyó años atrás, esta linarense, actualmente residente en Madrid, se muestra impotente ante la impunidad de quienes ocuparon su piso en la barriada de Arrayanes durante más de un año. «Nadie me va a reponer el daño que me han hecho pero al menos deberían de existir una ley que evite que estas personas salgan impunes de todo al declararse insolventes», reconoce Justicia, quien vuelve a sufrir la misma pesadilla, en esta ocasión, en la casa de su abuela, ocupada por la misma familia que ha destrozado su piso.

Hace más de un año, cuando Silvia se encontraba fuera de Linares por motivos de trabajo y tras dejar a sus tres hijos al cuidado de su madre, decidió alquilar su piso a una mujer. Lo que en principio iba a ser una medida temporal hasta su regreso a la ciudad, se ha convertido en una lucha judicial durante más de 12 meses para acceder de nuevo a su vivienda. «La persona a la que yo alquilé el piso, en el que estuvo dos meses y nunca llegó a pagar el alquiler, le entregó las llaves a esta familia sin mi consentimiento. A pesar de que me puse en contacto con ellos para reivindicar mi vivienda, fueron claros: no se marchaban si no era con una orden judicial», explica Justicia García.

Durante algo más de un año disfrutaron, impunemente, de la vivienda de Silvia y, cuando estaba a punto de ejecutarse la orden de desahucio, los electrodomésticos y bienes del inmueble fueron vendidos a varios vecinos del barrio de Silvia. «Lo poco que han dejado está destrozado y, además, facturas de luz y gas de más de 1.000 euros, y otros 300 de agua, porque por ley no pude cancelar los suministros. Ahora no tengo ninguna ayuda para hacer frente a estos gastos y, encima, estoy amenazada por esta familia», reconoce esta linarense que, a pesar de solicitar ayuda al Patronato de Bienestar Municipal, no ha contado de momento con una respuesta favorable.

No era la primera vez que esta familia ocupaba una vivienda en Linares, según descubrió esta linarense, pues habían realizado un intento en una casa en la calle Hernán Cortés y en el domicilio de la abuela de Silvia, que vuelven a ocupar en la actualidad, y, sin embargo, no es posible tomar ningún tipo de medida contra ellos. «La Policía reconoce que no puede hacer nada, al igual que los jueces, pero en el caso de la casa de mi abuela se han falsificado el contrato del alquiler para poder contratar la luz. A pesar de todo, lamentablemente, la historia se repite», sostiene Justicia García.

Gracias a la solidaridad de sus conocidos, y la ayuda que recibe de su madre por estar al cuidado de los tres hijos de Silvia, esta linarense estudia cualquier vía que le permita hacer frente a los gastos ocasionados por este episodio pues, reconoce, que con un sueldo de mileurista que en su mayoría se va para hacer frente al pago de la hipoteca y el coche, difícilmente podrá rehabilitar su vivienda.