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J. A. GARCÍA-MÁRQUEZ
Jueves, 27 de febrero 2014, 02:11
La entrada en vigor del nuevo decreto de ayudas a las energías renovables en el que trabaja el Gobierno central «afectaría a más de 20 granjas porcinas en torno al municipio de Vilches», que no contarían con un lugar adecuado para los purines que se generan en sus explotaciones ganaderas, ya que haría «inviable» la actual planta en la que se tratan.
Así lo indicó el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, tras mantener una reunión con representantes del sector para abordar la problemática a la que se enfrenta y después de que la pasada semana se celebrara una numerosa concentración en la localidad por este motivo. En concreto, en el encuentro participaron el gerente y veterinario de la Asociación de Ganaderos del Porcino de Vilches, Pedro Serrano; el gerente de la fábrica de pienso Porbilsat ubicada en esta localidad, Vicente Antonaya, y el presidente de la Asociación de Ganado Porcino de este municipio, Juan Adolfo Antonaya.
Esta normativa «pone al sector en una situación tremendamente delicada porque hasta este momento se resolvía desde el punto de vista medioambiental la producción de energía eléctrica a través de los residuos de los purines y ahora haría inviable este tipo de plantas», destacó en referencia al posible cierre de la planta de tratamiento de purines debido a este decreto.
En concreto, la entrada en vigor del mismo afectaría a más de 20 granjas en torno al municipio de Vilches (que no contarían con un lugar adecuado para el tratamiento de los purines que se generan en sus explotaciones ganaderas), 20 puestos de trabajo directos en la misma planta de tratamiento y más de 100 empleos directos en las distintas granjas, «a los que se suman un importante número de puestos indirectos», explicó Reyes.
«Creemos que es una medida que puede poner en situación de riesgo a estas explotaciones ganaderas, que han permitido diversificar la economía en esta zona del Condado y que ahora tendrían verdaderas dificultades para sobrevivir», denunció el presidente de la Diputación, quien instó al Ejecutivo central a «dar respuesta a las alegaciones que está poniendo el sector encima de la mesa, porque peligra la continuidad de esta actividad económica en este territorio».
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