Ocho millones de trabajadores españoles cobran menos de 1.000 euros al mes

La inestabilidad del empleo y los bajos salarios harán que casi la mitad de la población española viva en situación precaria, en riesgo permanente de caer en la pobreza. Esta es una de las principales conclusiones del tercer 'Informe sobre el Estado Social de la Nación', un estudio paralelo al tradicional Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Según el estudio, basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de uno de cada tres hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, una situación derivada del hecho de que los ingresos medios de las familias españolas se hayan reducido en un 10% en apenas cuatro años, ya que casi la mitad de los trabajadores (Ocho millones de personas) cobran menos de 1.000 euros mensuales. La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que uno de cada tres trabajadores cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (648,60 euros), dato que se une a la evidente fragilidad e incertidumbre del empleo, con uno de cada cuatro contratos de caracter temporal.

A la precariedad laboral se suma un aumento progresivo de la desigualdad, ya que el 10% de la población acumula el 55,6% de la riqueza, mientras que la mitad de los españoles se tienen que repartir el 10% del total. Una brecha social que, según los directores y gerentes de servicios sociales, se debe a la "fiscalidad débil y regresiva" y a un "desmantelamiento" de las políticas de protección social derivados de que España recaude unos ingresos fiscales correspondientes al 33,6% del PIB, siete puntos inferiores a la media europea, y dedique un 17,7% del mismo a la protección social, un porcentaje tres puntos inferior al promedio de los países de nuestro entorno.

El 'Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015' pone de relive asimismo el recorte acumulado de 4.970 millones de euros en materia de servicios sociales en tres años, desde los 18.053 millones de 2010 hasta los 15.243 del año 2013. Una medida que "podría tener un efecto demoledor" sobre los 8,5 millones de usuarios de servicios sociales en España.