La lechuga se baja del camión

Al publicista y columnista Guille Viglione le gusta decir que el supermercado es el colegio electoral de nuestro tiempo: «Votamos al elegir tomates locales u otros que han consumido toneladas de petróleo para llegar a las estanterías. Al decidir entre embutidos envasados en plástico o a granel. Votamos un modelo social al adquirir productos fabricados en condiciones salariales precarias. Cuando compramos a empresas que no pagan aquí sus impuestos». La metáfora es afortunada y retrata el creciente poder del consumidor, algo de lo que se habla cada vez más sin que haya llegado aún a adquirir un perfil preciso. Siguiendo con el símil, se diría que en las estanterías de los supermercados se echa en falta información para que los votantes hagan su elección con plena conciencia de las consecuencias de su gesto.

Hasta el momento las únicas iniciativas que han tomado cuerpo en el terreno de la compra reflexiva tienen que ver con el origen de los productos. Los llamados grupos de consumo no hay un registro oficial pero rondarán los 170 en todo el país ponen en contacto a agricultores y ciudadanos que buscan un alimento fresco, cercano y con garantías de calidad. El intercambio beneficia a ambas partes: los productores logran la estabilidad que les niegan las grandes cadenas, que regatean siempre a la baja, y los consumidores obtienen alimentos cultivados de forma sostenible que son más sabrosos que los que se ofrecen en las estanterías de los supermercados.

El Encinar es una de las asociaciones pioneras en esa nueva realidad que ha surgido al margen de los grandes circuitos comerciales. Nació en Granada hace más de dos décadas y agrupa a una treintena de productores locales que trabajan con pautas ecológicas. «Tenemos 390 consumidores que se abastecen de las huertas locales. Los agricultores deciden lo que plantan guiándose por las preferencias de los socios». Todos los productos frescos que venden, explica Isabel Haro, la encargada del establecimiento de El Encinar, son de origen local.

Al otro lado del país, en Guipúzcoa, Basherri Sarea entrega todas las semanas 1.200 cestas con productos de la huerta entre los integrantes de los 60 grupos de consumo repartidos por el territorio. «Se paga una cuota de 70 euros al mes por las cestas grandes y de 35 por las pequeñas», detalla Aintzira Oñederra, coordinadora de la red. Las cestas llevan siempre productos de temporada. «No se reparten tomates en diciembre por la sencilla razón de que no los hay en las huertas», sonríe. La experiencia ha dado pie al afianzamiento de explotaciones que parecían condenadas a la desaparición. «La seguridad que da saber que hay unos ingresos estables ha ayudado a que algunos jóvenes se hayan lanzado a la aventura del campo y eso es muy importante para mantener con vida el medio rural».

Cambalache fue el primer grupo de consumo que surgió en Oviedo hace una década. Hoy hay ya una docena de asociaciones similares que dan estabilidad a agricultores locales y abastecen a decenas de vecinos. «Nosotros distribuimos unas treinta cestas a la semana entre nuestros socios», apunta Ana Finat, que observa un creciente interés entre los asturianos ante la posibilidad de abastecerse de alimentos frescos y con garantías de cultivo sostenible. Los grupos de consumo ganan terreno incluso en comunidades donde la población tiene fácil acceso al campo por su gran tradición hortícola: en Murcia hay nueve, en Navarra funcionan del orden de una veintena y también hay grupos en Málaga, La Rioja, Valencia, Santander, Valladolid...

Garbanzos trotamundos

La apuesta por los productos locales se reducía hasta ahora a experiencias a pequeña escala que funcionaban fuera de los canales convencionales. Las empresas, no obstante, empiezan a darse cuenta de que el viento sopla a favor del fenómeno. Kaiku, la principal compañía láctea del País Vasco, etiqueta sus cartones de leche con un rótulo que dice: «Kilómetro 0, producto 100% local». La iniciativa, ideada por la compañía del publicista Guille Viglione, persigue la identificación con el consumidor apelando a razones que van más allá del precio o la calidad. Su consigna «compra una manera de hacer las cosas» inaugura una nueva etapa en la promoción de los productos alimentarios.

La conciencia medioambiental empieza a ser un poderoso argumento en la decisión de compra. La publicidad de Kaiku recuerda que el impacto contaminante de sus productos es mínimo gracias a su proximidad. La huella de carbono de la industria alimentaria, la polución causada por el transporte, es un concepto que gana peso en la conciencia del consumidor. La organización ecologista Amigos por la Tierra lleva años denunciando su escalada. España, revela uno de sus informes, importa al año 25.486 millones de toneladas de alimentos, lo que representa 4,2 millones de toneladas de dióxido de carbono (cerca del 2% de las emisiones totales de nuestro país).

El estudio de Amigos de la Tierra ofrece datos curiosos. Cada tonelada de alimentos que importamos recorre de media 3.827 kilómetros. Llama la atención que productos como las manzanas, los garbanzos o la carne de cerdo ocupen un lugar destacado en la tabla a pesar de la larga tradición de cultivo que tienen en nuestro país. Los garbanzos vienen sobre todo de América y recorren unos 7.500 kilómetros hasta llegar a las estanterías de nuestros supermercados. Las manzanas, que se traen de Francia, Italia y Uruguay, viajan menos: 2.500 kilómetros de media. «Es un modelo insostenible no solo por su contribución al cambio climático, sino porque cierra las puertas a muchos pequeños productores que no tienen más remedio que dejar sus explotaciones agudizando de esa forma la despoblación rural», reflexiona Blanca Ruibal, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.

La vuelta al producto local es ya un nuevo paradigma que cuestiona la hegemonía del modelo alimentario industrial. Países como Inglaterra, observa la portavoz de Amigos de la Tierra, ponen a punto planes para aumentar su producción agrícola-ganadera y reducir su dependencia de las importaciones. En Francia empiezan a proliferar multitud de iniciativas parecidas. Una de las más llamativas es la que acaba de adoptar el Ayuntamiento de Albi, una ciudad de unos 50.000 habitantes a dos horas de la frontera española, que se ha propuest alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 4 años.

El concejal de Desarrollo Sostenible y Agricultura Urbana, Jean-Michel Bouat, asegura que en 2020 la mayor parte de los alimentos a la venta en mercados y tiendas de la ciudad tendrán su origen en un radio máximo de 60 kilómetros. Para ello han comprado ocho hectáreas de terreno junto al río Tarn que han sido divididas en parcelas que son alquiladas a los agricultores. También han puesto en marcha intervenciones para aprovechar con fines agrícolas hasta el último rincón verde: «Donde ahora crecen flores veremos dentro de poco frutales y puerros».

Las iniciativas en España se circunscriben a los grupos de consumo. La Administración no va más allá de las campañas de fomento de los productos autóctonos. «Hay un enorme campo a recorrer», indica la portavoz de Amigos de la Tierra. «El sello de calidad para los alimentos locales sería un primer paso, pero tan importante o más sería favorecer su empleo en los menús de comedores escolares y hospitales. Si se diese prioridad a ese criterio en los concursos para la adjudicación del servicio saldríamos ganando todos. Lo que no es de recibo es que en los comedores escolares de Santiago se estén sirviendo platos preparados a mil kilómetros, como salió a la luz el año pasado».