Polémica por la custodia compartida: niños de mano en mano

La Ley del Divorcio se aprobó en España en 1981 y fue actualizada en 2005 por el Gobierno de Zapatero con una reforma que reconocía expresamente por primera vez la custodia compartida y contemplaba la posibilidad de que un juez la concediese, sin acuerdo de los progenitores, a petición de uno de ellos y con el informe favorable del fiscal. En 2013 el Ejecutivo del PP, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, aprobó un anteproyecto de ley de custodia compartida, pero en algún momento de su tramitación se quedó en un cajón. Hoy es una patata caliente para el PP; solo Ciudadanos y Vox apoyan decididamente la aprobación de una ley de ámbito estatal, mientras el resto de grupos se alinea con las tesis de los colectivos feministas.

Entretanto, varias comunidades con competencias en derecho de familia tomaron la iniciativa y aprobaron sus propias normas. En Cataluña, Aragón y País Vasco se estableció la custodia alterna como fórmula preferente, mientras que en Navarra el juez tiene la última palabra. El Tribunal Constitucional echó para atrás la norma valenciana.

Además, recuerda José Ortolá, miembro de la directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha asentado el principio de que «la custodia compartida es lo deseable, en interés del menor, por encima de los legítimos derechos y expectativas de los padres», un criterio que deberían aplicar todos los órganos judiciales en sus resoluciones, siempre que no se constate que, en un caso concreto, el reparto del tiempo del menor entre sus padres no es lo más adecuado.

Por último, la extensión de la custodia compartida responde, con retraso, a la realidad social: la mayoría de las mujeres con hijos menores trabaja y ya no tiene sentido que carguen ellas solas con el cuidado de la prole, limitando la atención de los padres a fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. De hecho, la corresponsabilidad parental es una vieja reivindicación feminista. ¿Por qué entonces quienes defienden la igualdad quieren que las madres conserven ese papel tradicional de cuidadoras -y además, al 100%- que tanto perjudica su desarrollo personal, su vida social y sus aspiraciones profesionales?

«La custodia compartida es lo ideal en una sociedad igualitaria, pero todos los datos nos dicen que no estamos en una sociedad igualitaria: hay brecha salarial, las mujeres son las que atienden a los hijos, las que piden los permisos, las que renuncian a su carrera para que el marido ascienda profesionalmente», argumenta Amalia Fernández, presidenta de Themis, convencida de que muchos hombres que jamás se han ocupado de su descendencia piden la custodia compartida «para no tener que pagar pensión de alimentos y para que la mujer y los hijos no se queden en la vivienda». Y los jueces, cada vez más, se la están dando. «Al final, son las abuelas o las nuevas parejas de esos hombres quienes ejercen la custodia», critica.

Juan Ramón Peris, letrado y presidente de la asociación Custodia en Positivo, considera que detrás de muchas peticiones de padres a los que, tras la separación, «les aparece el cariño» por sus vástagos, hay interés económico o violencia de género no denunciada. La culpa, afirma, fue de un gobierno que legisló «a espaldas del sentido común» y permitió a los jueces imponer, en nombre de la igualdad, custodias alternas sin acuerdo.

Fernando Chapado cuenta una historia radicalmente distinta. Hace cinco años decidió separarse de su mujer y, según su versión, ella juró venganza. Para empezar, se marchó a vivir de Madrid a Málaga y, como él la siguió para poder ver a su hija de un año, presentó contra él un rosario de denuncias, dos por violencia de género -la Policía llegó a detenerle- y, cuando ambas se demostraron falsas, otra por abuso sexual a la pequeña. Hasta que no se cerraron, ni siquiera pudo solicitar la custodia compartida, un régimen vetado en la práctica para hombres con procedimientos judiciales abiertos por malos tratos. «Es una argucia legal para conseguir la custodia exclusiva. En mi caso, se pudo demostrar que ella mentía gracias al registro de llamadas, pero no pasó nada. Las denuncias falsas salen gratis. Y luego dicen que son el 0,01%», se queja este psicólogo, quien afirma que los hombres divorciados en España son «institucionalmente maltratados».

Chapado, profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga, promovió desde la plataforma Tod@s Iguales una Iniciativa Legislativa Popular para promover la ley de corresponsabilidad parental, pero no lograron las 500.000 firmas necesarias. Pese a todo, sigue luchando. «Me están robando a mi hija y mi dinero», concluye. A su juicio, la custodia compartida responde perfectamente a la realidad social actual. «La custodia exclusiva condena a las mujeres a no poder rehacer su vida ni desarrollarse profesionalmente. Al final o no viven o terminan dejando a los hijos con cualquiera con tal de no dárselos al padre -lamenta-. Si durante la relación los hombres estamos capacitados para ser padres y nos hacemos cargo de nuestros hijos, ¿por qué cuando nos divorciamos nos convertimos en el malo de la película?». Y se responde a sí mismo: por dinero. «En nuestro sistema judicial los niños son la gallina de los huevos de oro para ellas: van acompañados del coche, la casa, la pensión de alimentos y, a veces, la compensatoria, o sea, el 'sueldo nescafé'», desgrana. En el otro lado, hombres que tienen que seguir pagando la hipoteca y los gastos de la casa de su ex, la pensión y, además, hacer frente a su propio alquiler y su manutención, en una época de «sueldos basura». «Es inviable», concluye.

Por eso no entiende la actual parálisis legislativa que sostiene este sistema injusto. «La custodia compartida es una idea progresista y no tiene sentido que la esté defendiendo el PP», argumenta Chapado, quien recuerda que cada vez más mujeres se apuntan a este movimiento: «Hay muchos buenos padres que no pueden ver a sus hijos y que tienen madres, amigas, hermanas, parejas...».

Entre estas dos posturas irreconciliables, ¿quién tiene razón? «Esas posiciones son ideológicas -zanja Ortolá-. La casuística es enorme. Claro que hay padres que solicitan la custodia compartida y madres que solicitan la custodia exclusiva con intenciones perversas, pero no podemos generalizar. Nuestra experiencia como abogados de familia es que no son la generalidad. Es fácilmente comprobable: cada vez hay más padres que quieren pasar más tiempo con sus hijos, y más madres que quieren que lo hagan».

La asociación de abogados de familia admite que legislar sobre este asunto con dos bloques tan enfrentados no es tarea fácil, pero aún así se lo planteó el viernes de nuevo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien le demandó también la creación de una jurisdicción especializada en Familia, de modo que los jueces tengan todas las herramientas necesarias para resolver sobre la vida de un menor cuando sus padres se separan sin acuerdo.

¿Y qué pasa con los niños? La jurista Amalia Fernández considera que en España ya hay suficientes menores bajo custodia compartida como para evaluar qué efectos ha tenido ese régimen sobre ellos, aunque ya predice que los resultados no serían «halagüeños». «Se está haciendo un experimento -lamenta-. Son niños y adolescentes que se van a vivir cada semana a una casa, con normas distintas e incluso contradictorias, a una edad en la que es muy importante marcarles pautas».

Para Juan Ramón Peris, de Custodia en Positivo, cuando los progenitores llegan a acuerdos sobre normas y costumbres, horarios o hábitos de estudio, no hay problema en que los menores vivan en dos casas distintas por turnos. El problema es cuando se trata de una situación impuesta que provoca un fuerte conflicto entre los padres. «Nos llegan casos de menores con ideas suicidas», asegura. A su juicio, muchos chavales quieren ver a su padre, tener un régimen de vistas amplio, pero no vivir con él. Otras veces, afirma, uno de los progenitores los manipula, se los gana con regalos o con normas más permisivas.

Una forma de evitar conflictos es pactar el mayor número posible de aspectos a la hora de la separación. Por ejemplo, el Plan de Parentalidad que exige la ley catalana regula hasta el detalle cómo debe ejercer sus responsabilidades cada progenitor, el reparto de las vacaciones, las normas de convivencia en cada hogar e incluso las decisiones sobre la educación y las actividades extraescolares. «Su éxito radica en que padres y madres deben realizar un esfuerzo por incluir todos aquellos aspectos de la vida de los hijos que son susceptibles de generar un conflicto», explica la abogada Carmen Calderón, especialista en Derecho Matrimonial y de Familia.

El representante de Aeafa coincide con ella: «Que los hijos sean felices no depende del modelo de custodia, sino de la forma de relacionarse de los padres y de su capacidad para llegar a acuerdos. Cuando uno empieza bien su crisis matrimonial, las cosas suelen funcionar mejor». Casi nada.