Colectivos sociales alertan del desalojo "inminente" que pesa sobre un asentamiento de inmigrantes en El Ejido

La Plataforma por los Derechos y la Justicia Social de Almería, que integran una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, ha alertado este miércoles de las órdenes de desalojo que pesan sobre los asentamientos de inmigrantes en el paraje Tierras de Almería, en El Ejido, y han demandado a las administraciones una "alternativa digna" de viviendas para el casi centenar de personas que viven en esta zona.

Un portavoz del colectivo, Francisco Sánchez, ha señalado que se han cursado órdenes de desalojo por parte de la Policía Local con fecha 21 de agosto y que se ha emplazado a los inmigrantes, en su mayoría en situación irregular, a que se marchen antes del próximo día 1 o a que presenten recurso en un periodo de 30 días. En concreto, la medida afecta a un enclave situado junto a la carretera que discurre entre Almerimar y el municipio de La Mojonera en el que habitan unas 75 personas.

Sánchez ha indicado que ya se han ejecutado derribos de "chabolas, con los enseres de sus habitantes dentro" en otras dos zonas del asentamiento de Tierras de Almería "aprovechando" que sus inquilinos han abandonado de forma temporal el municipio para acudir a trabajar en otras campañas agrícolas a la espera de que se reinicie la actividad hortofrutícola en la provincia.

Así, según ha detallado, la maquinaria "habría echado abajo" siete infraviviendas en el área conocida como 'La Balsa' y una decena más de chabolas en un tercer asentamiento junto al Hospital de Poniente. "Todos estamos de acuerdo en que no pueden vivir en una situación de vida y sanitaria tan dura, sin agua, sin luz y sin servicios básicos, pero es necesario que las administraciones proporcionen una alternativa digna", ha reclamado Sánchez.

En esta línea, ha trasladado que la Plataforma, en la que se integran 'Almería Acoge', IULV-CA, Equo, SOC, Ustea y SAT, entre otros, ha solicitado de manera formal sendas reuniones con el Ayuntamiento de El Ejido, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno central, así como a la patronal agraria COAG aunque aún no ha recibido respuesta.