El «deterioro» de las murallas de San Cristóbal llega a los juzgados

Hace una veintena de días, el Ayuntamiento de Almería, la delegación de Educación de la Junta y el Ministerio de Cultura recibieron un escrito firmado por la plataforma 'Ganemos Almería. Sí, se puede, en el que se solicitaba a todas las administraciones su concurrencia para salvar de su «deterioro» la muralla de San Cristóbal perteneciente al emblemático conjunto monumental de la Alcazaba. En ese momento, la plataforma ya anunció lo que hizo ayer: que, de no recibir respuesta, como parece que así ha sido, elevarían su causa al plano judicial.

Así las cosas, media docena de miembros de la plataforma se personaron ayer en la Ciudad de la Justicia para presentar una denuncia contra el primer edil capitalino, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, la delegada de Cultura de la Junta en funciones, Isabel Arévalo y el ministro del ramo, José Ignacio Wert. Y, de rebote, al presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz, a quienes los denunciantes atribuyen la competencia última en esta materia. «Esta muralla es única, no existe otra en el mundo y están dejando que se caiga; por una parte está la inseguridad, por otra el abandono del patrimonio y por último el peloteo que existe entre las administraciones», señaló a IDEAL Marcos González Sedano, presidente del partido.

En el escrito remitido al juez, los firmantes describen una visita al lugar el pasado día 10 durante la que «comprobaron» la «inestabilidad» de la construcción, presentando «desplome, desprendimientos parciales y grietas de ruptura», «daños en torres, almenas y muros» y alertaron sobre su «posible derrumbe».

«Peligro para turistas»

«La muralla está en unas condiciones de verdadero peligro para los turistas que por allí circulan», insistió la también portavoz Carmen Murillo. «Se ven las piedras desprendidas por el suelo, especialmente tras las lluvias», agregó.

La denuncia reclama así «la adopción de medidas inmediatas de apuntalamiento en los lugares de mayor peligro» y alude al concejal de Obras Públicas, Manuel Guzmán, a la hora de insistir en que, por su parte, «no se ha ordenado verbalmente ni de ninguna otra forma la necesidad inaplazable de contratación de los trabajos de restauración».

Para fundamentar esta acusación, el escrito cita dos normativas. La primera es el artículo 159 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que señala que, ante un riesgo inminente de derrumbe, «el alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas». En segundo lugar, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía argumenta según lo citado que los técnicos municipales deberán emitir «un informe sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, proponiendo en su caso la adopción de medidas excepcionales de protección».

La plataforma, que con esta denuncia adquiere un eco que no le perjudica en sus pretensiones electorales de cara a las municipales (mediadas por la batalla interna de distintos miembros de Ganemos) no es original en esta denuncia. El estado de la muralla ha sido previamente cuestionado por otros colectivos como Amigos de la Alcazaba en una situación aderezada por la bronca entre la Junta y el Consistorio. «Esperamos que ahora la Justicia tome nota; los almerienses no nos merecemos que se caiga la muralla y desaparezca», concluyó el portavoz.