Javier García Martín
Jueves, 16 de julio 2015, 01:11
En un abrir y cerrar de ojos -lo que vino a durar el pleno extraordinario convocado durante la mañana de ayer en la capital-, la Corporación municipal resolvió ayer tres cuestiones urbanísticas de cierta importancia. Sin debate -las cosas venían ya «muy trabajadas» de la comisión que preside el líder de Ciudadanos, Miguel Cazorla, como reconoció el titular de Urbanismo, Ramón Fernández-Pacheco-, el pleno dio su respaldo a la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU, la número 51, que dará una nueva alineación sobre las edificaciones entre las calles Trajano y Dalia. El Consistorio quiere eliminar el 'cajón' burdeos anexo al edificio del antiguo Hospital Virgen del Mar, que en breve albergará oficinas municipales y que será sede también de colectivos sociales.
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La razón, sobre todo, es evitar el mal uso que, según el portavoz municipal, se da de este «recóndito recorrido», muy próximo a las Cuatro Calles, zona de esparcimiento nocturno de los almerienses. En otras palabras, el Ayuntamiento quiere terminar con el urinario público que representa esta vía, dejando sin su protector resguardo a los que la emplean para tal fin. Las obras dejarán, cuando lleguen, una plaza más para el Casco Histórico.
Diez millones de deuda
Además, con el apoyo de C's, el PP consiguió sacar adelante la modificación de un acuerdo plenario de 2007 y de una resolución del alcalde de 2008 que facultará a partir de ahora a la Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios, S.A. (EMISA) para vender las plazas del aparcamiento de la carretera de Ronda, no sólo su alquiler. Según Fernández-Pachecho, es algo que ya se ha hecho en los parkings de la Avenida Vilches y de la plaza Gloria Fuertes.
Este hecho fue criticado por la viceportavoz socialista, Carmen Núñez, que lamentó, tras abstenerse junto a IU, que el PP se esté deshaciendo de patrimonio. «El equipo de gobierno ha caído en la venta generalizada de plazas de aparcamiento a particulares de la empresa municipal EMISA para tapar que la ha llevado a la ruina, como demuestran los más de 10 millones de euros de deuda a largo plazo que mantiene», alertó antes de pedir que se «liquide» la empresa.
Por último, los portavoces resaltaron la admisión a trámite de dos proyectos de actuación, uno en la Juaida y otro en La Cañada, para que compañías de la industria agroalimentaria mejoren sus instalaciones. En concreto, la cooperativa CASI pretende instalar en unos sótanos del segundo de los lugares unas cámaras frigoríficas, mientras que Mediterráneo La Cañada adecuará sus instalaciones como centro de manipulación.
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