Hemofílicos contagiados por hepatitis C piden a la Junta ayudas como en el resto del país

El mundo entero celebró ayer el día de la hepatitis. En su tipo C, esta enfermedad afecta a unos 481.000 personas, según datos de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH). De ellos, unos 17.000 son almerienses, aunque las plataforma que agrupa a los afectados estima que podría haber hasta 20.000 sin controlar.

Entre todos, existe un grupo minúsculo del que la Junta de Andalucía confiesa que ni siquiera tiene un registro. Se trata de los enfermos de hemofilia que, por sus propias circunstancias -están obligados a realizarse tratamientos con concentrados de la coagulación de forma periódica por vía sanguínea- han terminado contrayendo este virus de manera desafortunada. Para ellos, a modo de compensación, el Estado aprobó en el año 2002 la Ley 14/2002, una normativa que les garantiza unas ayudas sociales por un valor total de 18.030,36 euros.

Aunque no es obligatorio, muchas comunidades autónomas, que poseen las competencias en materia sanitaria, decidieron aportar una cuantía adicional a este montante, algo que ha ido ocurriendo escalonadamente en los últimos años. Sin embargo, esto no ha pasado en Andalucía

«Estas personas llevan más de trece años esperando a recibir unas ayudas que por ley les pertenecen», señala el presidente de Andalucía Inclusiva, Valentín Sola, una confederación de asociaciones entre las que se cuenta la almeriense FAAM que ha centrado su última preocupación en este tema defendido por la asociación de hemofilia Asanhemo.

Sin presupuesto

Precisamente, el último escrito presentado a la Junta por esa entidad -que cifra en cerca de la quincena los casos que podrían contarse en Almería, aunque confiesa que no hay certeza sobre ello- en abril de este año sigue sin tener respuesta. La federación quiere que el gobierno de la comunidad tome conciencia de la «difícil situación» que atraviesan no sólo los afectados, sino también sus familias, «tras más de una década esperando» que el Ejecutivo tome la iniciativa como recientemente ha hecho el de Madrid, sumándose a Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Murcia, País Vasco, Valencia, Cataluña, Asturias y Cantabria.

Fuentes de la delegación de Salud consultadas por IDEAL reconocen que, además de carecer de datos, no hay ninguna partida presupuestaria consignada ni ninguna regulación pendiente para este motivo.

«Al margen de la norma estatal, algunas comunidades han aprobado otras ayudas similares por iniciativa propia, pero no se trata de que la norma estatal obligue a las autonomías a completarlas», argumentan desde la Junta.

Así las cosas, y pese a que que no hay visos de que la comunidad vaya a responder, Salud agrega que «no cabe hablar de ningún retraso ni de que Andalucía esté incumpliendo ninguna normativa». Desde la organización sostienen que mantendrán las exigencias para conseguir sus peticiones, una reivindicación que ha dado buenos resultados en otras zonas, consiguiendo mejoras de hasta 12.000 euros. Y eso, aunque sean pocos.