Más de 500 personas han muerto a la espera de que se mida su dependencia

El PP parece haber encontrado en los temas sociales una línea de ataque contra el Ejecutivo autonómico fructífera para estos días de verano. En un comunicado remitido desde la oficina provincial, la parlamentaria andaluza Aránzazu Martín -que este miércoles arropó a Rosalía Espinosa en la presentación de una proposición sobre oncología- dio a conocer el contenido de una reveladora respuesta parlamentaria: desde 2013 y hasta el pasado junio, 580 personas que solicitaron acogerse a la Ley de Dependencia fallecieron antes de ser siquiera valoradas. La cifra -de las más bajas de Andalucía en términos absolutos- demuestra, a juicio de la popular, la «dejadez y falta de responsabilidad» en las políticas sociales del Gobierno de Susana Díaz y deja sin sus cien días a Gracia Fernández, la nueva delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

«No sabemos cuántos almerienses más tienen que morir esperando a ser valorados o a recibir su prestación», afeó Martín, en línea con las declaraciones hechas desde Sevilla este miércoles por la vicesecretaria de Política Institucional, Estudios y Programa del PP-A, Patricia del Pozo.

La diputada autonómica criticó de paso el «aumento» de las listas de espera para recibir alguna prestación en la provincia. Según sus cálculos, en Almería hay «más de 4.000 dependientes» que no reciben ninguna ayuda, como ya asegurara hace sólo una semana su compañera de filas Carmen Crespo.

La respuesta por parte del Ejecutivo andaluz no se hizo esperar. Fuentes de la delegación territorial consultadas por IDEAL reprocharon a los populares el fondo económico del asunto sobre un tema con forma de vasos comunicantes: «El Gobierno central ha ido recortando su aportación a la financiación de la dependencia de forma que la Junta ha tenido que incrementar sus aportaciones para continuar prestando los servicios», señalaron.

En 2014, según datos recabados por este periódico, 15.628 almerienses se beneficiaron de 19.960 prestaciones. Estos datos dejaron una tasa de penetración de estas ayudas del 2,2% sobre el conjunto poblacional -lo que significa que uno de cada 50 almerienses obtuvo así algún tipo de prestación como beneficiario de dependencia-.

Dinero compartido

El parlamentario autonómico socialista, José María Martín, sacó ayer a relucir estos números y defendió que «más del 96% de las personas han sido valoradas» en Almería, citando datos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. El diputado hizo lo propio al atribuir a «los recortes del PP» que «más de 8.000 almerienses en situación de dependencia moderada no hayan podido acceder a una prestación» por decisión del Gobierno central desde 2012.

Sin embargo, la parlamentaria del PP culpó al Ejecutivo andaluz de mal pagador al mantener una deuda de «más de 13 millones de euros» con ayuntamientos y Diputación, pese a que, a su juicio, Rajoy ha «estabilizado» el pago de estas deudas y a que «Andalucía es la comunidad que más fondos ha recibido del Estado para la dependencia». En este sentido, desde el PSOE replicaron que «Andalucía invierte en este momento más de 1.131 millones de euros, una cantidad similar a la que el presidente destina a toda España».

La controversia radica en las cuotas de cada administración. Según la normativa, el Estado debe financiar «el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios». Así, la ley ordena el establecimiento de convenios bilaterales entre ambas administraciones y favorece que cada autonomía ofrezca las coberturas adicionales que estime oportuno proporcionar.